En medio de esta solidaridad instrumentada, “no se vale” que el sector público mas rico no contribuya con su propio sacrificio, que creo que es el siguiente paso razonable.

Recientemente el gobierno ha propuesto un proyecto de ley para reorganizar el sector social del Estado costarricense que es afín a lo acordado por los partidos políticos con representación legislativa 2014-2018 en el Acuerdo Nacional.

Al oír las explicaciones de don Rodolfo Méndez de por qué la ley para regular Uber se estructuró de esa manera, queda claro que vamos a proteger las estructuras remanentes de tiempos de la segunda revolución industrial antes de acoger la cuarta revolución.

No hay tiempo para seguir modificando el sistema educativo en base a pequeños cambios. Este reto gigante no morirá a pellizcos, sino por medio de algunos certeros golpes que desestabilicen su estructura actual y le permita, con el concurso de muchos, reinventarse una y otra vez para irse adaptando a una realidad volátil y exigente.

El próximo gobierno debe utilizar el instrumento de las concesiones para cerrar las brechas entre nuestra productividad y progreso social.

El Acuerdo Nacional firmado por los partidos políticos en junio pasado propone “Eliminar la inmunidad de miembros de los Supremos Poderes en el caso de delitos tipificados en la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito”.