El Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) es un subsidio que paga la señora de Purral para beneficiar a una mayoría de estudiantes ricos que asisten a las universidades estatales.
Durante el 2024, el FEES le costará al pueblo de Costa Rica ₡576.000 millones. En estos días se está negociando el monto del FEES para el 2025. La propuesta del Gobierno es aumentarlo a ₡582.000 millones (1,0%), mientras que la representación del Consejo Nacional de Rectores (Conare) solicita un aumento del 4,06% que llevaría el monto a ₡599.000 millones.
Para darnos una idea de la magnitud del FEES, la Ley de Presupuesto Nacional 2024 proyecta una recaudación ₡587.000 millones por concepto de impuesto a los combustibles.
Si un producto o servicio es de calidad, no necesita subsidio. Si es de mala calidad, tampoco. Por tanto, si las universidades estatales son centros de enseñanza de calidad, no tendrán ningún problema en financiarse 100% con el cobro de matrícula.
Es demagógico afirmar que con el recorte del FEES se van a reducir las becas. ¿Acaso las universidades privadas del mundo requieren de un subsidio del Estado para becar a los estudiantes que se lo merecen? Las becas que ofrecen las universidades privadas provienen del pago de la matrícula que realizan los estudiantes sin beca. De igual manera deben hacer las universidades estatales y no depender del FEES.
Según un estudio de la Academia de Centroamérica del 2017, más del 57% de los estudiantes de las universidades estatales provienen del 40% de la población más rica del país. Menos del 8% de los estudiantes de las universidades estatales pertenecen al quintil de menores ingresos. Es decir, el FEES es una injusticia social porque se trata de impuestos que paga el pueblo costarricense con el fin de subsidiar la educación superior de estudiantes ricos. En otras palabras, el FEES contribuye al deterioro de la distribución del ingreso.
Según el mismo estudio de la Academia de Centroamérica, más del 80% del FEES se destina a pagar astronómicos salarios de las universidades estatales entre sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, otros incentivos salariales. No es posible que el FEES se destine a pagar salarios fuera de toda proporción con el resto de los salarios en el país mientras que cientos de centros educativos de escuelas y colegios tienen orden sanitaria de cerrar por las condiciones insalubres en que operan.
El FEES se ha traducido en el bienestar del burócrata y no en el bienestar del estudiante. La única manera para incentivar el uso eficiente de los recursos en las universidades estatales es someterlas a la competencia y para ello es indispensable eliminar el FEES y que ajusten el costo de la matrícula. Solo la libre competencia promueve la calidad y la educación no es excepción.
El artículo 78 de la Constitución Política establece que el gasto en educación, incluida la superior, no puede ser inferior al 8% del PIB. Urge modificar dicho artículo para eliminar donde dice: “incluida la superior”. El artículo 85 habla del FEES pero no establece ningún monto específico ni lo que las universidades pidan. También establece que le monto puede bajarse si se plantean sustitutos. ¿Aplicaría como sustituto un aumento del costo de la matrícula?
Para honrar la justicia social, el FEES debe eliminarse y sustituirse con aumento en precio de la matrícula.