El 28 de febrero Fitch Ratings hizo una recalificación de la deuda del gobierno de Costa Rica. La deuda pasó de una calificación BB- a una BB. Es un error ver en esto algún motivo de celebración. Por un lado, una calificación BB no es buena. Por otro lado, aunque la calificación llegase a AAA, esto no beneficia en nada a la señora de Purral. Veamos el detalle.
La deuda soberana de Costa Rica aún no alcanza la calificación de “grado de inversión” (inversión segura) y sigue siendo “inversión especulativa” o “inversión basura”. Esto quiere decir que, para la calificadora de riesgo, la situación fiscal de Costa Rica sigue siendo frágil.
Además, la mejora que otorgó Fitch se debió en parte a la mejora en la relación deuda/PIB. Sin embargo, esta “mejora” se debió a maquillaje financiero. El porcentaje cayó, no porque haya disminuido la deuda, sino porque la deuda en moneda extranjera se valora en colones y, dado la caída del tipo de cambio, el valor de la deuda en colones cayó abruptamente, a pesar de que la deuda en moneda extranjera subió de manera alarmante.
Por otra parte, una calificadora de riesgo solo mide la capacidad de pago de la deuda soberana. La calificadora de riesgo no mide si la situación fiscal del país contribuye al desarrollo económico y social. Es decir, a las calificadoras de riesgo les es indiferente si, por ejemplo, la estructura tributaria del país ahoga al sector productivo. A la calificadora de riesgo tampoco le importa si el gobierno recorta el gasto social para seguir financiando privilegios como pensiones de lujo. Las calificadoras de riesgo solo miden la capacidad del gobierno para honrar la deuda externa.
Para el costarricense “de a pie” o para la señora de Purral, la mejora en la calificación no significa ningún beneficio. Esta mejora en la calificación no reduce el desempleo, ni reduce las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), ni acelera el crecimiento económico, ni reduce la pobreza, ni reduce los créditos gota a gota, ni reduce los homicidios, ni incentiva la inversión, ni mejora la educación, ni mejora el estado de nuestras calles, ni promueve la innovación, ni baja la informalidad, ni nada.
El único beneficio de una mejora en la calificación es que le permitiría al gobierno colocar más deuda a una ligera menor tasa de interés. Sin embargo, la tasa siempre sería relativamente alta porque comprar títulos valores con una calificación BB sigue siendo riesgosa. Es decir, la mejora en la calificación solo beneficiaría a un gobierno glotón, insaciable con el gasto público y con aspiraciones a seguir la ruta del endeudamiento público.