¿Qué significa un Estado laico?

La idea del Estado laico tiene su origen en el liberalismo cuyo principio es que todo ser humano es libre. Esto quiere decir que todo ser humano tiene el derecho a disponer de su vida, de sus bienes y de su ingreso de la manera que más le guste. Del reconocimiento de este principio se deduce que todo ser humano puede seguir el credo que le plazca y en la manera que quiera. El único límite a la libertad individual debe ser el respeto por el ejercicio de la libertad del otro.

Si las personas fuéramos ángeles, no habría necesidad de gobierno alguno. Dado que los seres humanos no somos ángeles, el liberalismo cree que se debe instaurar un gobierno para que resguarde la libertad, la vida y la propiedad de terceros que pretendan violentarla. Siendo cierto que los gobernantes tampoco son ángeles, las funciones del gobierno deben ser mínimas y limitarse exclusivamente a la protección de la libertad individual. Como bien decía John Locke, "El fin de la ley no es ni abolir ni restringir, sino el preservar y engrandecer la libertad [individual]".

Del principio del liberalismo se deducen tres cosas con relación al Estado laico. La primera es que cada ser humano, por ser libre, puede ejercer y practicar el credo que más llene sus aspiraciones siempre y cuando no violente la libertad de terceros. La segunda es que el respeto por la libertad implica que el gobierno no puede favorecer a ningún credo, religión o iglesia; es decir, no podrá haber religión oficial. Tercero: el respeto a la libertad individual también significa que el gobierno tampoco puede promover el ateísmo.

Desde el punto de vista de las finanzas públicas, un Estado laico significa que los gobiernos no deben dar apoyo económico a ningún grupo religioso o iglesia, ya sea con la creación de impuestos específicos, con la transferencia directa de recursos públicos hacia las organizaciones religiosas, con exoneraciones de impuestos o con privilegios legales. Sin embargo, así como del principio de libertad individual se deduce que el gobierno debe mantenerse al margen de apoyar económicamente a grupos religiosos, de la misma manera se debe concluir también que la aplicación de este principio no debe limitarse a los distintos credos. Es decir, el gobierno tampoco debe apoyar a ningún sector económico sea empresarial, sindical o gubernamental.

Desde el punto de vista de la Economía, la iglesia es un grupo de presión como lo son los sindicatos, los empleados públicos, y los empresarios. Así como el gobierno profana la libertad individual cuando apoya a grupos religiosos, de la misma manera el gobierno violenta la libertad individual cuando da su apoyo a cualquier grupo de presión o da su respaldo a la política de género.

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En el caso particular de Costa Rica, vemos la acción de los grupos de presión en los monopolios creados por ley, como son los casos de Recope y la Fábrica Nacional de Licores (Fanal). En el caso del sector privado, vemos cómo el gobierno ha creado privilegios en algunos sectores, por medio de la ley, con la existencia de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (Laica), los colegios profesionales, el sistema de transporte público, la política cambiaria del Banco Central, los aranceles y las barreras no arancelarias al libre comercio.

La acción de grupos de presión también lo vemos en el monopsonio en la generación de electricidad que tiene el ICE y el privilegio que tiene la banca estatal sobre la privada y los privilegios de esta última sobre el resto de entidades financieras. La burocracia también es un grupo de presión que se manifiesta en un exceso de ministerios, instituciones y programas que no cumplen función social alguna. La existencia de las universidades estatales es otro ejemplo, al igual que la restricción de la libre oferta privada de educación superior que impone Conesup.

Una de las consecuencias de la libertad individual, o del liberalismo, es la libertad de expresión y la libertad de asociación. La libertad es una sola y si nos coartan una, nos coartan todas. Por tanto, un estado laico debe respetar la libre asociación y la libertad de expresión de cualquier grupo o persona, sea religioso o no. Cualquier ser humano tiene el derecho de criticar a quien quiera, incluyendo al gobierno, sin importar si es un sacerdote, un pastor, un ateo, un vegano, etc.

Del principio del liberalismo se desprende que la legislación no puede discriminar el nombramiento a cargos públicos de religiosos argumentando que este tratará de impulsar sus creencias. ¿Acaso los partidos políticos no pretenden impulsar sus convicciones también? El problema no está en que las distintas organizaciones promuevan sus posturas. El mal se encuentra cuando los grupos depresión, sean religiosos o no, imponen su agenda usando la coerción de la Ley para crear privilegios y beneficios con las obligaciones tributarias.

¿Alguna vez se ha puesto a pensar que solo hay una manera justa y correcta de lograr que otra persona haga lo que Ud. quiere? Solo cuando alguien hace algo por nosotros por voluntad propia es que se considera moral. Por supuesto que Ud. puede lograr que otros hagan lo que desea si Ud. recurre a la fuerza, pero se consideraría un acto delictivo. Otra manifestación del uso de la fuerza que el ciudadano común se pasa por alto: La ley. Quien no cumple la Ley en cuanto al pago de impuestos, por ejemplo, es encerrado en la cárcel u obligado a pagar cuantiosas sumas de dinero en multas. No es incorrecto que alguien desee que todos asistamos a misa o al culto. Lo que es inmoral es que se nos obligue por la fuerza de la ley a que vayamos. No es incorrecto que un político nos quiera vender sus productos por medio de empresas públicas. Lo que es inmoral es que nos obligue a comprarle porque usa la figura de un monopolio o de un privilegio creado por Ley. No es inmoral que las feministas promuevan por medio de la persuasión el desarrollo del potencial de las mujeres. Lo inmoral es usar la coerción de la ley para ocupar cargos públicos.

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Por tanto, el problema no es si un religioso llegase a ocupar un cargo público, lo importante es que no tenga derecho a imponer sus convicciones por medio de la ley, de la misma manera que tampoco ningún grupo de presión debe tener derecho a hacerlo.

Prohibir, discriminar o molestarse porque un religioso ocupe un cargo público es como prohibir a una feminista, a un profesional o a un conservacionista ocupar dicho cargo o molestarse por ello. Un Estado laico significa que no puede haber religión oficial, que tampoco puede ser ateo, y que tampoco puede ponerse a perseguir a grupos de personas, sean religiosos o no. El gobierno solo debe perseguir y castigar a quienes violen el principio de libertad individual.Por último, así como no debe haber religión oficial impuesta por el Estado, tampoco debe haber educación oficial, ni moneda oficial, etc.

El artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica dice: “La Religión Católica, Apostólica, Romana, es la del Estado, el cual contribuye a su mantenimiento, sin impedir el libre ejercicio en la República de otros cultos que no se opongan a la moral universal ni a las buenas costumbres”. Muchos proponen modificar dicho artículo. Sin embargo, dado lo expuesto, lo correcto sería eliminar, no reformar, dicho artículo.