Durante su primera conferencia de prensa como presidente electo, Rodrigo Chaves le pide a los diputados no aprobar la rebaja de un 40% del impuesto a los combustibles. Según él, esto crearía un hueco fiscal de ¢250.000 millones. Con esta declaración, Chaves da una clara señal de que no tiene en la mira la reducción del gasto público, ni eliminar los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, ni en acabar con la corrupción, ni poner fin a los privilegios en el sector público, ni a las gollerías, ni nada.
Comparando las leyes de presupuesto del año 2022 con la del 2021, observamos que el ministerio de Hacienda proyecta un crecimiento en la recaudación tributaria de más de ¢900.000 millones. Esto es más que suficiente para cubrir la reducción en la recaudación del impuesto a los combustibles que se plantea en el proyecto de ley. Cuando la producción crece, también aumenta la recaudación tributaria. Si tenemos problemas fiscales es simplemente porque el Poder Ejecutivo incrementa el gasto público más de lo que crece la recaudación.
Si observamos los números, bien podrían eliminarse totalmente tanto el impuesto a los combustibles como el impuesto a la propiedad de vehículos (marchamo) sin causar deterioro en las finanzas públicas. Según la Ley de Presupuesto 2022, la recaudación proyectada para estos dos impuestos suma ¢706.000 millones. Por otra parte, el aumento de la recaudación proyectada de tres impuestos (iva, renta y selectivo de consumo) suma ¢725.000 millones.
Obviamente cualquier proyección sufre modificaciones con el paso del tiempo. También estoy consciente de que estoy dejando de lado el servicio de la deuda que puede reducir el margen de maniobra para compensar la reducción de impuestos con incrementos en la recaudación.
Pero también es cierto que no menciono opciones de reducción de impuestos y compensarlo con la reducción del gasto público.
Por ejemplo, el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), es una transferencia anual que se hace a las universidades públicas donde suma ¢523.000 millones para el 2022. El FEES podría eliminarse y bien podría sustituirse con el aumento en el cobro de la matrícula. O bien, se podría eliminar el salario escolar que para el 2022 sumó más de ¢150.000 millones.
También podría reducirse el gasto público simplemente congelando y no reemplazando las plazas que queden vacantes. La reducción de impuestos también podría compensarse con venta de empresas públicas.
Por su parte, todos los regímenes de pensiones con cargo al presupuesto, incluyendo el de la CCSS, suma más de ¢1 billón. Urge eliminar todos los regímenes de pensiones de reparto (o sea, todos) y sustituirlos por uno de capitalización individual. Todas estas opciones las trato en artículos separados. Es decir, hay mucho margen para eliminar el impuesto a los combustibles y compensarlo con reducciones del gasto público.
Mi punto en este artículo es que es factible reducir impuestos sin causar un deterioro en las finanzas públicas. Baste con que la reducción de los impuestos se compense con el incremento de la recaudación tributaria y que se nombre a un ministro de Hacienda responsable que no permita que el gasto público crezca más que la inflación. Tarea sumamente sencilla que solo lo puede hacer alguien que piense en Costa Rica.
Reducir impuestos es una labor fácil de realizar para quien tiene buena voluntad y actúa pensando en el bien común de nuestro país. Para el corrupto, el socialista y el vividor, la reducción de impuestos siempre será misión imposible.
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