Un grupo de 4.118 pensionados de lujo quienes perciben más de ¢2,29 millones cada mes, empezará a pagar la nueva contribución especial solidaria a partir de julio del 2020.
La Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda aplicará las retenciones para los jubilados de los regímenes de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP), la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), y Expresidentes de la República.
Este aporte fue aprobado por la Asamblea Legislativa en noviembre del 2019 por medio de la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial solidaria (9.796). La normativa entró en vigor el pasado 21 de junio.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, explicó en un comunicado que la deducción se aplicará de manera automática a 3.815 personas cuyo pago se realiza con cargo al presupuesto nacional, lo que generará un ahorro de ¢900 millones al mes.
“Es decir, una suma superior a los ¢10.000 millones al año que estarán ahorrando todos los contribuyentes en las finanzas públicas”, agregó el jerarca.
La nueva legislación modificó lo topes máximos y exentos de las pensiones de los regímenes especiales sobre los cuales se debía hacer la contribución solidaria.
Antes de la nueva ley, la deducción se aplicaba únicamente a las jubilaciones que superaran los ¢2,7 millones al mes en el caso de la DNP y los ¢4 millones para las del Magisterio Nacional.
La normativa que recién entró en vigencia crea un tope de ¢2.296.000. Esto permite aumentar de 3.198 aportantes a 4.118 pensionados de lujo a quienes se les aplicará la contribución. La cifra aumenta en 920 personas.
Así se cobrará
De acuerdo con los nuevos tramos y porcentajes, a una pensión de, por ejemplo, ¢3 millones se le rebajarían ¢189.000 por concepto de contribución solidaria.
Otro caso para ejemplificar la deducción es cuando una persona percibe una pensión de ¢5 millones al mes por los cuales tendrá que aportar ¢1,08 millones.
La retención de esta ley no incluye los rebajos por el impuesto sobre la renta ni tampoco el pago del seguro de salud ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Con este dinero extra, el Gobierno pretende financiar unas 10.000 pensiones del Régimen No Contributivo de la CCSS, que se dirigen a adultos mayores en condición de pobreza.
Sin embargo, un recurso de amparo presentado por 32 pensionados de lujo ante la Sala Constitucional detuvo la posibilidad de inyectar ese dinero a las jubilaciones del Régimen No Contributivo.