Una medida cautelar le dio un leve respiro a los vecinos de Paraíso de Cartago que se encontraban a un día de que se suspendiera en todo el cantón el suministro de agua.
Los abonados son los afectados directos de un conflicto que no originaron. La advertencia de corte del servicio se da por un monto histórico que adeuda el gobierno local de ¢3.400 millones al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA).
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Sin embargo, el Instituto solamente está cobrando ¢46 millones correspondientes a la última factura, la cual aún no ha sido cancelada por el municipio.
Si bien la administración de Paraíso se encarga de proveer el recurso hídrico al cantón, es el AyA la entidad que suministra el agua al gobierno local para que se brinde el servicio a los abonados.
Mientras tanto, los vecinos esperan la resolución del recurso de amparo que frenó la decisión de suspender el servicio. A la vez, los diputados aceleraron el trámite del proyecto de ley para condonar las deudas de las municipalidades de Paraíso y del cantón central de Cartago con el AyA (24.918).
EF le explica los cinco puntos clave de la disputa que pone en riesgo el suministro del agua en Paraíso de Cartago.

¿Por qué adeudan tantos millones?
El AyA le suministra el recurso hídrico al gobierno local de Paraíso desde 1987. En 2017 la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) estableció una nueva tarifa que debía cobrar la municipalidad a sus abonados por concepto de captación y conducción del servicio; el monto recolectado se redirige al AyA.
No obstante, en Paraíso no se realizó ningún ajuste al cobro y continuaron con la misma tarifa: ¢25 por metro cúbico (m3). Los demás cantones del país, por el contrario, sí efectúan el cobro actual de ¢305 por m3.
“La municipalidad nunca ha pagado esa deuda histórica que ya supera los ¢3.400 millones”, informó el AyA.
Una parte de la deuda
El Tribunal Contencioso Administrativo suspendió de manera provisional el cobro por ¢3.418 millones hasta que se resuelva su legalidad. El monto corresponde al periodo comprendido entre el 2017 y abril del 2025.
Mientras tanto, el AyA solicita el cumplimiento de la factura del mes de mayo que corresponde a ¢46 millones.
Respiro para los usuarios
Ante la falta de pago del gobierno local, el AyA tomó la decisión de poner una fecha de suspensión del servicio. Las fechas se empezaron a postergar en espera de la cancelación de la deuda.
La fecha definitiva del corte se programó para el miércoles 4 de junio. No obstante, la Sala Constitucional dictó una medida cautelar contra la suspensión hasta que se resuelva un recurso de amparo presentado por una vecina de Paraíso.
“Uno de los principios rectores de los servicios públicos es la continuidad, por lo que el prestador del servicio, en este caso la Municipalidad, violaría ese principio si por las razones que sea, interrumpe la continuidad en la prestación del servicio público para la cual los usuarios tienen derecho”, explicó Mariela Hernández, socia de Impuestos, Energía y Recursos Naturales en la firma Ecija Legal.
Posición del alcalde
Michael Álvarez, alcalde de Paraíso, manifestó en sus redes sociales que la municipalidad tendría que aplicar un aumento de 250% en la factura de los usuarios para cumplir con el pago mensual al AyA.
“No existe convenio vigente entre ambas entidades que respalde dicho cobro, como exige la normativa. Además, la factura carece de detalle y claridad, violando principios del debido proceso. La Municipalidad solicita la nulidad del acto, el archivo del cobro y la suspensión de cualquier amenaza de corte del servicio”, publicó Álvarez en Facebook.
Proyecto de ley
Los diputados le solicitaron al Poder Ejecutivo la convocatoria del proyecto de ley 24.918 durante las sesiones extraordinarias. El expediente busca la condonación de la deuda principal e intereses de las municipalidades de Paraíso y Cartago.
Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, presentó la iniciativa y por medio del voto a favor de 40 legisladores logró que se acelerara el trámite legislativo. De esta manera, el proyecto se discutirá y votará en el Plenario sin necesidad de analizarlo con anterioridad en comisión.