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La grave crisis financiera que podría llevar a la quiebra a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), no es un impedimento para que esta institución pública ofrezca un complaciente programa de movilidad laboral a sus trabajadores.
El objetivo de este plan es recortar la planilla en un 80%. Así, la entidad portuaria pasaría de 1.186 a 240 empleados y atacaría su principal rubro de gasto: las remuneraciones, que para 2019 representan el 69,2% del presupuesto anual.
Para cubrir la planilla este año se presupuestaron más de ¢34.000 millones, de los cuales ¢13.000 millones se destinan a sufragar incentivos otorgados por la Convención Colectiva. La entidad necesita ¢2.500 millones mensuales para pagar a sus trabajadores.
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Todo esto ocurre al mismo tiempo que los ingresos cayeron un 79% luego de una serie de estimaciones erróneas en el plan financiero de la institución.
Bono complaciente
Para animar a sus trabajadores a que se vayan, la entidad portuaria creó un programa de movilidad laboral que debe pasar por la Asamblea Legislativa para convertirse en ley.
La propuesta crea tres modalidades para liquidar a los empleados: el traslado horizontal hacia otras instituciones públicas, un sistema de prejubilación y el pago de un estímulo adicional a las prestaciones normales.
El artículo 4 del proyecto de ley que el Gobierno presentó el 28 de mayo, llama a esta bonificación “incentivo adicional por transformación institucional” y explica que los interesados en recibirla podrán presentar su solicitud tres meses después de que entre en vigor la normativa.
Quienes se acojan a la prejubilación no podrán pedir el pago de este bono.
El incentivo entregará ocho meses de salario promedio de los últimos seis meses laborados a quienes ganan menos de ¢1 millón bruto al mes. Por ejemplo, un trabajador que gana ¢850.000 cada mes, podría recibir ¢6,8 millones con este bono adicional.
Mientras que para quienes ganan más de ¢1 millón al mes, el incentivo será de cuatro mensualidades de salario promedio con base en los últimos seis meses de trabajo.
Si se toma el salario promedio de los trabajadores de Japdeva, que es de ¢2,1 millones mensuales, quiere decir que un empleado se retiraría con su liquidación legal más un bono de ¢8,4 millones.
Los funcionarios que opten por esta modalidad no podrán ocupar nuevos puestos en el sector público durante los siguientes 246 días naturales que equivalen a ocho meses y dos semanas.
EF comparó este sistema de incentivos con otros similares que ofrecieron el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco de Costa Rica (BCR) y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) en recientes planes de movilidad laboral.
La CCSS otorgó un bono extra equivalente a cuatro salarios promedio de los últimos seis meses laborados a los trabajadores que se acogieron al programa para reducir la planilla en 2012.
Mientras que el BCR ofreció un mes de salario por año laborado o fracción de seis meses sin límites de años en las movilidades laborales del 2015 y 2017.
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El ICE reconoció de cuatro a diez salarios según el grupo etario en el que se encontraba cada trabajador que decidió salir de la empresa estatal en 2015 y 2016.
En las estrategias de estas tres instituciones públicas el objetivo era reducir la planilla para obtener ahorros estimados en corto plazo, pero no estaban en crisis financiera. El BCR se ahorra ¢865 millones mensuales con la salida de personal del 2017 y con la última movilidad laboral el ICE se economizó ¢4.744 millones acumulados a mayo del 2016.
En contraste, Japdeva tiene un desquilibrio de recursos y carece de liquidez para enfrentar el pago de estos incentivos, por este motivo pedirá una inyección de ¢30.000 millones mediante un presupuesto extraordinario.
¿Prejubilación?
El proyecto de ley presentado por Japdeva y adversado por el Sindicato de Trabajadores de esta institución (Sintrajap), propone crear un sistema prejubilatorio que se incluirá en el régimen de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, un modelo que ya estaba cerrado.
El pasado lunes 27 de mayo, el Gobierno anunció que se endeudará por ¢225.380 millones ($380 millones) para cubrir el 21% de las pensiones con cargo al presupuesto que debe pagar este año a 61.360 personas.
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En el sistema de pensiones con cargo al presupuesto existen tres regímenes prejubilatorios creados para funcionarios del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) y el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop). A estos se sumaría el de Japdeva.
Esta modalidad se podrá aplicar para los empleados que tengan 55 años o que cuenten con 25 años de cuotas reportadas ante la CCSS.
No podrán beneficiarse de este sistema quienes se reinserten al mercado laboral o quienes recibieron el pago del bono adicional para salir de la institución.
De acuerdo con Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, 276 funcionarios cumplen con los requisitos para la prejubilación. Bajo este modelo les pagará mes a mes un monto de dinero hasta que cumplan la edad para ingresar al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
Esto quiere decir que, si un empleado hombre se prejubila con 55 años, se le pagará una pensión cada mes durante siete años con el dinero de los impuestos, hasta que cumpla 61 años y 11 meses para ingresar al régimen de la CCSS, siempre y cuándo cumpla con las cuotas.
Japdeva desconoce el gasto que implicará el sistema prejubilatorio. EF consultó el dato a la Dirección Nacional de Pensiones (DNP) del Ministerio de Trabajo, pero al cierre de esta nota no se recibió respuesta.
