EscucharLos alquileres de edificios, locales y terrenos implicarían gastos por ¢58.000 millones en 2023, según el proyecto de Presupuesto Nacional presentado por el Gobierno para el próximo año.
Ese monto crece en un 3,35% en comparación con el plan de gastos del año en curso, una cifra más bien baja en tiempos de alta inflación y de aumentos en el tipo de cambio que, usualmente, se trasladan a los contratos de este tipo.
La partida incluso se reduce en el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Solo sube, aunque de manera muy sustancial, en el plan de gastos del Poder Judicial.
La situación se explica por múltiples motivos.
En el Poder Ejecutivo ya se venían realizando ajustes para reducir gastos desde la administración anterior, y el presidente Rodrigo Chaves ha comenzado su mandato con la promesa de profundizar los cambios. La Asamblea Legislativa continúa ahorrando espacio con su nuevo edificio. El Poder Judicial, en cambio, empieza a pagar el arrendamiento de nuevas construcciones que realizó por la vía de fideicomisos.
El rubro de alquileres siempre genera intensos debates, discusiones públicas y controles políticos, a pesar de que tiene un impacto más bien pequeño en términos generales. Su pago apenas representa un 0,12% del Producto Interno Bruto (PIB), al que se le pueden hacer algunos pellizcos ante falta de infraestructura propia; y su impacto en el presupuesto general es menor a un 0,5%, al menos en el plan de gastos para 2023.
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¿Qué baja y qué sube?
El presupuesto para alquileres de edificios, locales y terrenos sube en su conjunto, pero por una alta influencia de un aumento extraordinario en el Poder Judicial.
El Poder Judicial incluye en su parte del presupuesto una previsión por ¢17.121 millones para 2023; es decir, ¢5.131 millones más que en el plan de gastos actual.
De ese total, la entidad indicó en sus comentarios sobre el presupuesto que hasta ¢4.694,8 millones responden al pago del fideicomiso operativo que permitió la construcción de los Tribunales en Puntarenas y al alquiler de las oficinas para la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada; mientras que el resto al incremento podría explicarse por cuestiones como el tipo de cambio del dólar.
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Este aumento opaca las reducciones en el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa y el TSE, que son de ¢2.281 millones (8%), ¢627 millones (4,6%) y ¢342 millones (18,7%), respectivamente.
En el Poder Ejecutivo, la principal rebaja se presenta en los ministerios de Educación Pública (MEP), Obras Públicas y Transportes (MOPT), Hacienda y Economía (MEIC).
El MEP es la cartera con una reducción mayor para 2023, de ¢940 millones; es decir, de un 15% en la comparación interanual.
La entidad no realiza menciones a ese hecho en sus comentarios sobre el presupuesto para 2023; sin embargo, el Gobierno anunció recientemente que la institución dejaría de alquiler sus principales edificios para trasladar sus operaciones a un edificio del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).
Asimismo, el presidente Rodrigo Chaves afirmó el 16 de agosto pasado que su administración había actuado rápidamente para reducir el costo de alquileres de centros educativos, los cuales también alquilan algunas de sus sedes.
En el caso de la Asamblea Legislativa, es de conocimiento público que la institución han desocupado espacios ante la construcción de su nuevo edificio, en Cuesta de Moras.
Este Poder experimenta una rebaja de ¢627 millones, este 2023, en los pagos.
El presupuesto del MEIC para alquileres cae en ¢267 millones, pero la entidad redactó en sus comentarios sobre el presupuesto que la partida “no se cubrió en su totalidad”. Consultada al respecto, la entidad señaló que la reducción correspondió a ajustes hechos por la Dirección General de Presupuesto Nacional (DGPN) de Hacienda, por cuenta de esta, de modo que “será necesario ajustar el presupuesto en el trascurso del año o buscar una disminución del gasto en ese rubro mediante un ajuste del espacio y otras condiciones del arrendamiento”.
El TSE, por su cuenta, explicó que el cambio se debe a la no continuidad de un contrato de alquiler de un edificio anexo a la sede central, el cual implicaba erogaciones por unos ¢400 millones anuales, aproximadamente.
Promesas para reducir costo
A pesar de su impacto relativamente bajo en el presupuesto nacional, el gobierno entrante ha manifestado su total intención de reducir los montos que se pagan por alquileres en diversas intervenciones públicas.
De hecho, el presidente Chaves realizó un par de alusiones sobre el tema en su discurso dado el pasado 22 de junio, en conmemoración de los 100 primeros días de su mandato, como parte de sus promesas y compromisos.
El mandatario dijo que la reducción de contratos de alquileres camina poco a poco y que además “ya está en marcha” el proyecto popularmente conocido como ‘Ciudad Gobierno’, para reunir a 16 entidades en ocho edificios en el oeste de Plaza González Víquez, en San José.
“La inversión en infraestructura, en el reordenamiento de instituciones que por años han estado separadas y que ahora por medio de una ventanilla única agilizarán los 16 procesos, será una huella perdurable, base para una sociedad más justa, que camine sin vacilaciones por el sendero del verdadero desarrollo”, afirmó Chaves sobre la iniciativa.
El proyecto se menciona desde 2014 y lo dejó encaminado la administración anterior, la cual presentó estudios de factibilidad en mayo pasado.
Según el plan presentado hace apenas cuatro meses, la inversión se podría realizar con el apoyo de un concesionario que invierta unos $318,6 millones (¢209.000 millones), sin contrapartida estatal; lo cual representaría una inversión por parte del Estado en el mediano plazo y evitaría pagos por alquileres de hasta unos $2.841 millones (¢1,9 billones) en los próximos 30 años.
Además de la construcción de este proyecto, que el gobierno se ha comprometido a impulsar, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, ha manifestado que el Gobierno trabaja para evitar contratos en dólares, los cuales implican mayores pérdidas en momentos de devaluación del colón.
En términos de proporciones, las instituciones del Poder Ejecutivo apenas suman una mitad de las erogaciones del Presupuesto Nacional en alquileres. Las del Poder Judicial representan un 29,5%, las del Poder Legislativo un 4,6% y las del Tribunal un 2,6%.
