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Costa Rica es una economía pequeña donde los competidores pueden llegar a tomar la batuta y dictar los precios del mercado. No obstante, un incentivo contemplado en la Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica (9.736), pretende derribar oligopolios mediante una amnistía.
El mecanismo de clemencia es semejante al programa del testigo de la corona y pretende brindar incentivos –en este caso eliminar la multa– al primer integrante de un cártel que denuncie prácticas monopolísticas absolutas ante las autoridades.
La amnistía a criterio de los diputados consultados por este semanario, es necesaria para acabar con los oligopolios.
Experiencias internacionales han demostrado la solidez del instrumento para combatir eficazmente los monopolios, tal es el caso de Estados Unidos (EE.UU) o España, según comentó Alden Abbott, consejero general de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos a EF.
Dotar de mayores competencias a la Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) y a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) es uno de los objetivos de la ley, misma que se aprobó en segundo debate el 29 de agosto con 45 votos a favor.
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La nueva legislación es requisito para obtener la aprobación del Comité de Competencia de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
“El impacto de esta ley contribuirá al bienestar de los ciudadanos, ya que mejorará su poder adquisitivo al tener más opciones de bienes y servicios, de mejor calidad y a precios más bajos. Además, incentivará la competitividad y la innovación de las empresas”, manifestó Dyalá Jiménez, ministra de Comercio Exterior, tras la aprobación de la ley.
La amnistía
La Coprocom es una entidad con poco músculo que debe enfrentarse al Goliat de los monopolios, y además, debe promover la competencia.
Ante esta problemática la OCDE brindó varias recomendaciones al país y una de ellas fue “tipificar conductas y sanciones eficaces para disuadir conductas ilegales e incentivar la cooperación de los agentes económicos”.
Por eso se incorporó en la legislación el mecanismo de clemencia que consiste en una exoneración total de la multa, eso sí, solo para el primer integrante de un cártel que se atreva a denunciar las prácticas.
En otras palabras, si un agente económico o una persona incurre en una práctica monopolística absoluta, podrá acogerse a la exoneración del pago de la multa si lo reconoce. De ser así, el Órgano Superior de la autoridad de competencia lo eximirá del pago.
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La exoneración de la sanción administrativa para el primer agente económico que dé noticias del cartel no implica, en ningún caso, que se exonere a los agentes económicos de la responsabilidad por los daños causados –es decir, de la responsabilidad civil–, según explicó Silvia Hernández, diputada liberacionista e integrante de la comisión especial que estudió el texto semanas atrás.
Además, la ley contempla reducciones en el pago de la multa para los otros agentes económicos que deseen unirse al proceso. Esto significa que el primero que denuncie queda completamente exonerado y los que se unan después, tendrán reducciones.
Estas serán del 50% para el segundo agente económico que denuncie, 30% para el tercero y 20% para el cuarto. Los beneficios se darán siempre y cuando los denunciantes acudan a las autoridades y aporten pruebas adicionales.
Pero así como se establecen incentivos también existen multas elevadas que tienen como objetivo evitar la conformación de monopolios en el país.
La ley clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, las cuales tienen penas de hasta 3%, 5% y 10% (respectivamente) del volumen de negocios total del ente económico, del periodo fiscal anterior a la sanción.
En países como Estados Unidos las prácticas monopólicas se consideran un delito penal que es multado hasta con tres veces el daño. Por ejemplo, si se considera que el perjuicio fue de $10 millones, la multa podría llegar hasta $30 millones, de acuerdo a Alden Abbott, consejero general de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.
La importancia de las sanciones disuasorias radica en el combate de la colusión –término que significa acuerdo entre dos o más partes para limitar la libre competencia–.
¿Un mal necesario?
A pesar de que el mecanismo de clemencia se concibe como una de las armas para combatir los monopolios, algunos de los diputados que estudiaron la iniciativa en comisión, están de acuerdo con el mecanismo aunque la exoneración les resulta incómoda.
Tal es el caso de Erick Rodríguez Steller, congresista independiente, quien considera que todas las personas que participen en cárteles deberían ser sancionadas, sin embargo, cree que la amnistía ayudaría a atacar las prácticas anticompetitivas.
“Yo estoy de acuerdo, al igual que estoy de acuerdo con el testigo de la corona, pero no me gusta el hecho de que alguien por ser un soplón, por decirlo de alguna manera, quede mejor parado que los otros que han cometido ese tipo de faltas. Pero es una forma en que la justicia pueda llegar a controlar, a regular”, agregó el legislador.
Moralmente la amnistía “no es muy agradable” aunque desde el punto de vista jurídico “puede ser una herramienta muy bien aprovechada”, considera el socialcristiano Erwen Masís.
Mientras que Jonathan Prendas, presidente de la Comisión Especial de Adhesión de Costa Rica a la OCDE –que analizó el proyecto semanas atrás–, no indicó si estaba a favor o en contra. Solamente manifestó que esta “es una herramienta que da seguridad jurídica y es un estándar OCDE, es parte de las mejores prácticas a las cuáles el país debe acceder”.
Según la experiencia internacional los mecanismos de clemencia son efectivos para acabar con los monopolios.
El origen del instrumento se remonta al año 1993 cuando Estados Unidos implementó la US Corporate Leniency Program, que daba la oportunidad a cualquier empresa de acogerse a los beneficios antes de cerrar el caso y sin haber probado la colusión, según indicó el consejero general de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos.
España también implementó este instrumento en la Ley 15/2007 después de ver los casos de éxito en Estados Unidos y otros países de la Unión Europea.
En el caso español el mecanismo ha sido la figura más importante para controlar los cárteles y ha demostrado la eficacia para cumplir el objetivo para el que fue creado, según comentó Abbott a EF.
