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La transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) suma ya año y medio desde que se aprobó el proyecto de ley sin dar los frutos esperados.
Una transformación que prometía darle un nuevo aire a la emblemática entidad del Caribe, por medio de reducción del personal y mejoras internas.
No obstante, a pesar de las buenas intenciones, en mayo del 2020 se confirmó un embargo a las cuentas de la institución, proveniente de un viejo conflicto entre el Sindicato de Trabajadores de Japdeva (Sintrajap) y la propia administración.
Luego vino la pandemia que golpeó aún más a la institución, cuyas finanzas penden de un hilo. EF conversó con Andrea Centeno, presidenta ejecutiva de Japdeva, para abordar la situación de la institución a dos años de asumir el cargo.
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¿Cómo valora estos dos primeros años de su gestión?
—Retadores por tener que adaptar una operación a un cambio de modelo de negocios donde hay una caída de ingresos de alrededor del 70% manteniendo una estructura de costos igual.
Uno de sus encargos al asumir fue hacerle frente a la transformación de Japdeva, ¿qué avances hay en este proceso después de casi año y medio de aprobado el proyecto de ley?
—La ley de transformación se publicó el 17 de octubre del 2019, durante todo ese año prácticamente nos abocamos a sostener la institución a flote en cuanto tuviésemos una norma habilitante. Uno de esos rubros de la transformación fue la disminución de gastos, cuyo mayor rubro es remuneraciones. Eso logramos hacerlo solo por cinco meses de noviembre a abril, porque recordará que el 11 de mayo el sindicato embargó las cuentas de la institución, incluyendo la cuenta donde estaban los fondos aportados por la ley para hacer la transformación. Eso nos puso un freno de mano y generó la nueva crisis que está enfrentando la organización al tener que mantener una planilla que es el doble de lo que necesita. No hemos podido avanzar hacia la estabilidad financiera y yo responsabilizo al embargo.
La transformación no era solo cesar gente. Se trataba de bajar de ocho niveles de toma de decisión a cuatro, quitar duplicidad de operaciones, un nuevo sistema de control interno… todo eso lo hemos logrado.
Este embargo realizado por el sindicato se mantiene, ¿qué expectativas tiene y qué pasa si no se resuelve en el corto plazo?
—Aunque recuperemos el dinero del embargo, el daño ya está hecho. Cuando se pregunta por qué el embargo vino a aumentar la crisis en Japdeva, bueno, porque le detuvo el recorte de gasto. Tenemos un año con un gasto que es el doble de lo que tenía que ser. ¿Cuáles son las expectativas? Una situación igual de crítica que cuando comenzamos en el 2019, vamos a necesitar un apoyo de una u otra forma.
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Con la reducción de planilla y la larga crisis financiera, hemos escuchado voces desde hace años que plantean el cierre definitivo de Japdeva, ¿por qué mantenerla en funciones?
—La disyuntiva es la siguiente: cómo se mantiene una empresa del Estado que no genera lo que necesita para mantenerse en un país que enfrenta una crisis fiscal. Yo entiendo esa posición de la gente, yo no estoy cerrada a discutir todos los escenarios. Lo que sí creo es que esa discusión tiene que ser con mucho pragmatismo porque se brinda un servicio público y supervisamos la TCM (Terminal de Contenedores de Moín) que es la concesión más grande que tiene el país ahorita, está el canon… cómo hacés una transición es una buena pregunta. Esta es una empresa que bajo la estructura actual no produce lo que necesita para sostenerse.
¿Cuánto se ha erosionado la relación con el sindicato?
—Se ha manejado en formalidad. Ellos son electos y ese es el rol que yo respeto como tal, pero eso no me inhibe de pensar lo responsables que son de la crisis financiera de Japdeva y ellos no han asumido esa responsabilidad. Reconozco esa representatividad de los empleados pero me parece que es una representación totalmente irresponsable de los intereses de esta organización.
Usted decía que el plan de transformación contempla llegar a 300 empleados aproximadamente , ¿la meta es que se concrete este año?
—Primero tenemos que resolver la situación en la que estamos. Depende de cómo resolvamos esta crisis, que podamos retomar el proceso bajo el plano original o que haya que tomar una ruta más crítica, lo que es cierto es que el tiempo se nos acaba.
Ante este panorama, en el mediano o corto plazo, ¿cuáles son las alternativas viables y realistas para mantener a flote a la institución?
—No podemos hacer ninguna otra inversión, más que salarios y garantizar los insumos para la operación del puerto. Cuando empezamos la discusión del proyecto en mayo del 2019, Japdeva tenía un gasto promedio de ¢3.400 millones al mes y estaba generando muchísimo menos de eso. En este punto, estamos generando ¢730 millones en promedio mensuales pero estamos gastando alrededor de ¢1.200 millones. El hueco se mantiene ahí. De eso más del 85% se nos consume en remuneraciones.
Trabajamos en un plan de continuidad para que no se vean afectados los puertos y no podemos dejar de pagar salarios. Pero esto es insostenible a vuelta de dos o tres meses.
