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El objetivo del Gobierno es buscar, como ocurre con el manejo de la pandemia, el “difícil balance” para conseguir una liberalización del precio del arroz sin quedarle mal a los consumidores y a los productores, sobre todo a los más pequeños.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, reveló, la tarde de este miércoles en conferencia de prensa, su posición sobre el plan para liberar el precio del grano, una iniciativa que se postergó por 90 días, en medio de contradicciones, con la firma de un acuerdo en cual el Ejecutivo cedió ante presiones de los arroceros.
Alvarado enfatizó en que no se trata de favorecer únicamente a productores o consumidores, sino que se requieren ajustes para no afectar a ninguno de los dos grupos.
El gobernante apuesta por una negociación en la que se valoren cambios en el modelo de precio del alimento de consumo básico, pero que acompañen a los productores −representados por la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz)− para que no queden desprotegidos.
“Hay una posición de liberalizar el precio del arroz, sin más, porque lo mismo se trató de hacer en frijol y no ha bajado el precio al consumidor, pero en teoría usted liberaliza el precio, baja y se traslada al consumidor final. Hacer eso va a destruir el empleo de los productores, sobre todo de los más pobres y pequeños del país, y estaríamos, una parte del país, sufriendo y entonces si yo soy presidente para todas las personas no puedo tener solo una solución”, aseveró Alvarado.
Sin puntualizar en las alternativas concretas que se valoran en el seno del Consejo Económico, el presidente también se refirió al impacto que tendría el cambio de modelo para los consumidores del grano.
De acuerdo con el mandatario, la orden para el equipo económico del Gobierno es modernizar al sector arrocero para que sea más productivo, genera mejores rendimientos por hectárea, utilice tecnología y sea más competitivo.
Para los agricultores más pequeños, quienes no pueden competir con las empresas grandes que manejan el mercado en el país, el presidente apuesta por alternativas para que se muevan a otras actividades económicas que no genere desempleo, migraciones rurales y pobreza.
“Esto es un problema que nosotros no hemos construido, pero que estamos en proceso de resolver, porque hay otro agravante, en el año 2024, cuando entran las disposiciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica (Cafta), ya por definición va a haber una afectación, entonces hay que hacer algo, tenemos el TLC hace 13 años y no se transformó”, dijo Alvarado.
La idea del Gobierno no es aplicar medidas como las que se implementaron en el pasado con la entrega de subsidios y dinero para que los productores mantuvieran la actividad, ya que esas acciones no se tradujeron en mejoras de producción, competitividad, acceso a mercados, calidad de grano, entre otras.
Alerta de la Coprocom
La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) pidió al Gobierno, este miércoles, liberalizar el precio del arroz y que “analice qué o a quién protege con la regulación” de costes de este producto.
“Esta política ha demostrado que no resuelve, ni resolverá los problemas de productividad del sector arrocero como no lo ha hecho en todos estos años que han disfrutado de ese beneficio”, indicó la entidad en un comunicado.
La Coprocom está integrada por comisionados independientes que se encargan de regular la competencia en el mercado. La institución considera que la actual política no satisface el objetivo de incrementar la producción del grano, ni mejora las condiciones para los pequeños productores.
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“El modelo actual ha generado importantes ganancias para los importadores y las industrias arroceras que se han visto beneficiadas por la diferencia entre los bajos precios del arroz a nivel internacional y los elevados precios nacionales”, agregó la entidad.
La fijación de costes del arroz impacta a los 335.895 hogares de menores ingresos del país, grupo que destina el mayor porcentaje de su gasto mensual a la compra de ese cereal.
Contradicciones del Gobierno
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó en julio su estudio sobre Costa Rica 2020. En ese documento alertó que el mercado del arroz en el país tiene una débil competencia que permite que un grupo pequeño de empresas lo dominen.
La organización internacional, a la cual el país ya obtuvo la invitación para unirse, evidenció que las tarifas del grano son más altas, por ejemplo, que en España, Chile, Francia y México.
Como suele ocurrir en mercados con débil competencia donde la producción de un bien se concentra en pocas manos o compañías, los costos para los consumidores son altos.
El arroz es un artículo de consumo masivo que forma parte de la canasta básica alimentaria de los más pobres y a la vez es el producto con mayor protección en el país.
El 70% de la población nacional consume el grano todos los días. La OCDE concluyó que las políticas de fijación llevaron las tarifas muy por encima de las internacionales lo que crea rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores.
“Las políticas actuales contribuyeron poco a mejorar la productividad entre arroceros o el bienestar económico de los pequeños productores. Todo esto sugiere que el entorno regulatorio actual es regresivo y favorece una mayor pobreza y desigualdad de ingresos”, indica el informe.
El 27 de agosto, Pilar Garrido, ministra de Planificación y coordinadora del equipo económico del Gobierno, anunció durante un foro en LEAD University, que iniciarían un proceso de ajustes para liberalizar” los precios del arroz, el café y el azúcar con el objetivo de aliviar la carga económica a los hogares.
Desde mayo el Ejecutivo había activado una mesa de diálogo para valorar el tema, en ese foro participan también el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de la Producción (CNP), Conarroz y otros representantes de los productores.
Pese a que Garrido adelantó que muy pronto el Ejecutivo iba a presentar una propuesta para liberar el precio del grano básico, un acuerdo firmado la noche del domingo 23 de agosto con los arroceros pospuso el avance de la iniciativa por 90 días e incluyó nuevas condiciones en la negociación.
El acuerdo, del cual no participó ningún representante del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Miplan), exigía al Gobierno que convocara a la agenda de sesiones extraordinarias del Congreso cuatro proyectos de ley que favorecen a los arroceros.
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería, reconoció que el acuerdo que pospone el cambio de modelo de fijación del precio del alimento básico se suscribió ante las presiones de los productores y de Conarroz.
En las últimas semanas Conarroz puso en marcha una campaña en redes sociales y de volanteo en las afueras de supermercados, para defender el esquema actual de fijación de precios basado en un modelo proteccionista. Este gremio también amenazó con manifestaciones masivas en San José.
