EscucharEl presidente Rodrigo Chaves aseguró que Costa Rica ha vivido sus últimos 75 años en una “dictadura perfecta”.
“Hay gente que sí se cree dueña (del país), que dice “tengo 20 años de estar en la Contraloría General de la República y mi opinión es no”; 75 años de la misma Asamblea Legislativa con pequeños cambios, nombrando a los mismos magistrados, a la misma Sala IV, haciendo los mismos cambalaches, como dice el tango argentino”, aseguró este 14 de junio en La Fortuna, de San Carlos, a donde se desplazó para inaugurar dos nuevos tanques de almacenamiento de agua potable.
Las declaraciones de Chaves, sin embargo, chocan con múltiples estudios que sitúan a Costa Rica como una de las democracias más firmes del mundo. Incluso son contradictorias con afirmaciones que él mismo dio solo unas semanas atrás, cuando destacó al país como un ejemplo mundial en materia democrática, ante una delegación estadounidense.
¿Qué es realmente una dictadura y por qué es incorrecto decir que Costa Rica funciona como una? EF analiza las palabras del presidente.
¿Qué dijo el presidente?
El presidente Rodrigo Chaves aseguró que el país está inmerso en “una revolución gloriosa” después de vivir en una “dictadura perfecta” en los últimos de 75 años. Ese período abarca toda la Segunda República, después de la revolución de 1948 y el establecimiento de la Constitución Política actual.
Según dijo, hay personas que se sienten dueñas del país y que han perpetuado su poder a través de las instituciones del Estado. Entre ellas, mencionó a la Contraloría General de la República, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial.
“Ya nos dimos cuenta de los dueños del país. Usted señora, usted lo sabe ya, que hay que cambiar cosas, que aquel cuentico de que la democracia y las instituciones...”, declaró en su acto público del viernes 14 de junio. “Fueron unos arrechos, perdónenme la palabra; nos hicieron pensar que esto era totalmente de nosotros, cuando únicamente dejaron que fuera parcialmente de nosotros”, añadió.
El presidente también criticó que el artículo noveno de la Constitución Política establece que el Gobierno debe ser ejercido por “el pueblo y los tres poderes independientes entre sí”: pero que el 105 prohíbe la convocatoria de consultas populares para reformas sobre temas como pensiones, seguridad o actos administrativos. “Y señora, ¿usted cree que fue por tontos que hicieron eso? Por vivazos, por vivazos...”, opinó sobre la legislación relativa al referéndum, que se añadió a la Constitución en 2002.
Todas estas palabras chocan con estudios internacionales y con declaraciones del propio Chaves, sobre la historia del país.
En el último Índice de Democracia publicado por la revista The Economist, en febrero, Costa Rica fue nuevamente uno de los 24 países calificados como “democracias plenas” y su nota (de 8,29 de 10) fue la décimo séptima más alta a nivel mundial y la segunda a nivel regional, solo detrás de Uruguay.
Este índice se basa en factores como el pluralismo y el funcionamiento de los procesos electorales, la disposición democrática del gobierno, la participación y la cultura política de la sociedad, y el estado de las libertades civiles de la ciudadanía.
Por otra parte, el propio presidente Chaves decía hace menos de tres meses que el país “ha sido y seguirá siendo un faro de democracia, paz y compromiso ambiental para todas las naciones del mundo”. Esas palabras usó el 21 de marzo pasado, en un evento sobre la industria de los semiconductores, en el cual participaron la secretaria de Comercio estadounidense, Gina Raimondo, y una delegación de su país.
¿Una dictadura?
¿Tiene el país las características de una “dictadura perfecta”, como dijo el presidente este 14 de junio, o más bien ha sido un “faro de democracia”, como había dicho el 21 de marzo? Para hacer este análisis, primero hay que comprender qué es una dictadura.
Existen múltiples tipos de dictaduras. Pueden ser militares, de partido único, personalistas, monárquicas o híbridas. Sin embargo, sus características principales son la concentración del poder en pocas manos, la represión de sus opositores, la disminución de las libertades civiles y las violaciones de derechos humanos.
En otras palabras, resumió el politólogo Constantino Urcuyo, “una dictadura es cuando el poder se concentra en una persona o en un grupo de personas, que actúan con restricciones mínimas o nulas”.
Costa Rica no encaja en este modelo.
En cuanto a la concentración del poder, el país justamente funciona con un modelo de pesos y contrapesos, que distribuye las responsabilidades en tres Poderes distintos que son independientes y, al mismo tiempo, se relacionan entre sí para funcionar como un mismo Estado.
¿Por qué se divide de esta forma el poder y por qué no se otorgan todas las facultades a la Asamblea Legislativa o a la Presidencia? Precisamente para prevenir que cualquier grupo o actor que llegue a esas instancias abuse de sus facultades.
Entre otros controles y relaciones, el Poder Ejecutivo puede gestionar el gobierno a través de sus ministerios y dependencias; sin embargo, la Asamblea Legislativa debe tramitar los presupuestos institucionales, aprobar o rechazar las leyes y hacer control político. Además, el Poder Judicial investiga las denuncias en contra de los miembros de todos los Poderes de la República y sus magistrados constitucionales revisan que las normas promulgadas por el Gobierno o por el Congreso, sean decretos o sean leyes, no infrinjan la Constitución Política.
Ninguno de los poderes puede actuar solo.
Otro factor que divide el poder en Costa Rica es la existencia de elecciones libres y plurales, cada cuatro años, para designar a presidentes y diputados que no pueden reelegirse consecutivamente. Esta característica es la que permite que los intereses de todos los sectores sociales se vean reflejados en la dinámica política del país.
Estas elecciones (y la pluralidad de sus participantes) han permitido que el poder se alterne y que no recaiga en manos de una sola persona o un solo grupo. A pesar del bipartidismo que dominó las elecciones nacionales presidenciales y legislativas hasta inicios del siglo XXI, ningún partido político ha ocupado la Presidencia de la República por más de ocho años consecutivos desde 1949. En los últimos 34 años, 21 partidos políticos han contado con representación en el Congreso.
Por otra parte, los magistrados del Poder Judicial son nombrados por la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en este foro están los diputados afines al gobierno y los diputados de oposición, los cuales tienen que llegar a acuerdos mayoritarios para realizar las designaciones. De nuevo, nadie puede hacerlo todo por su propia cuenta.
Por otra parte, en cuanto al estado de la libertades civiles y los derechos humanos, Costa Rica goza de buena salud todavía.
A pesar de que las últimas mediciones internacionales sobre libertad en la red (de Freedom House) o sobre libertad de prensa (de Reporteros sin Fronteras) muestran deterioros recientes, Costa Rica destaca en estos recuentos entre las naciones mejor calificadas.
Los deterioros en las notas de los últimos años han respondido, principalmente, a las actuaciones y las palabras del presidente Chaves y su gobierno en contra de medios de comunicación, periodistas y otros críticos su gestión, según los informes.
En materia electoral, los procesos democráticos son limpios y respaldados por observadores internacionales, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros países de la región. Entidades supervisoras como la Organización de Estados Americanos (OEA) destacan la fortaleza y el compromiso del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), aunque en los últimos comicios han señalado riesgos para la democracia costarricense relacionados con la desinformación, las noticias falsas y la excesiva dependencia de los partidos políticos al financiamiento privado para sus campañas.
En términos generales, la tradición democrática costarricense es amplia. En los últimos 75 años mencionados por el presidente Chaves, Costa Rica ha experimentado procesos electorales de forma ininterrumpida para designar a sus principales dirigentes. Ello contrasta con la realidad de países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela, en donde ha habido al menos un régimen dictatorial en ese mismo período de tres cuartos de siglo.
Más duro hacia dentro
Las declaraciones de presidente Chaves sobre Costa Rica son atípicas de un mandatario costarricense. Además, contrastan con la evaluación que ha hecho sobre la situación de países vecinos como Nicaragua o El Salvador. El mandatario se ha resistido a calificar al nicaragüense Daniel Ortega como un dictador en entrevistas; y ha defendido la legalidad de la reelección del salvadoreño Nayib Bukele, quien logró sortear los controles constitucionales de su país luego de que sus diputados afines cambiaran a todos los magistrados constitucionales.
Desde el punto de vista de Constantino Urcuyo, las declaraciones de Chaves relacionadas con estos países buscan mantener estables las relaciones con países vecinos que son cruciales por factores comerciales y de seguridad; sin embargo, el señalamiento sobre una supuesta dictadura en Costa Rica parece responder más a cuestiones como la frustración política de gobernar en minoría.
El presidente Chaves goza de una alta popularidad. La última encuesta de opinión política del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR) determinó que un 55% de la población valora positivamente su gestión como mandatario; sin embargo, hasta un 57,1% de la población dice rechazar la forma en que el presidente se expresa respecto a otros poderes e instituciones, según otra encuesta del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional de la Universidad Nacional (UNA).
