EscucharLos comentarios ofensivos del presidente Rodrigo Chaves en contra de periodistas provocaron una condena en contra del Estado por parte de la Sala Constitucional, la cual comunicó sobre el fallo este 23 de mayo, a través de su oficina de prensa.
La sentencia de los magistrados de la Sala IV respondió a un recurso de amparo que interpuso el periodista Jason Ureña, del medio Crhoy.com, quien denunció las agresiones verbales que profirieron el presidente Chaves y la exministra de Salud, Joselyn Chacón, en una conferencia de prensa, el 9 de enero pasado.
El Tribunal constitucional acogió la denuncia de Ureña y la declaró parcialmente con lugar.
¿De qué se trata la condena y cuáles son sus alcances? EF le resume la situación y las reacciones de los actores implicados.
¿En qué conferencia de prensa se dio el ataque?
En una conferencia de prensa, el 9 de enero pasado, el presidente Rodrigo Chaves calificó como “sicarios políticos” a reporteros de La Nación, Teletica y Crhoy.com, luego de que dichos medios publicaran sobre una instrucciones dadas por la exministra Chacón a un trol de redes sociales, llamado “Piero Calandrelli”, para atacar a periodistas a través de redes sociales.
Las investigaciones determinaron la existencia de pagos por parte de la exjerarca Chacón a Calandrelli, aunque ella argumentó que las transferencias de dinero no correspondían a pagos por las instrucciones de ataque público contra comunicadores, sino a una supuesta campaña que el trol iba a realizar para el Ministerio de Salud y que se habría gestionado al margen de los marcos regulares para el uso de fondos públicos.
¿Qué denunció el periodista de Crhoy.com?
El periodista Jason Ureña denunció ante la Sala Constitucional los comentarios del presidente Chaves y de la exministra Chacón en la conferencia de prensa de enero. La denuncia se tramitó bajo el expediente 23-001072-0007-CO.
En ella, el comunicador afirmó que “la normalización de la violencia verbal contra un periodista es algo muy grave en democracia, máxime proviniendo del primer mandatario y de una de sus ministras, quienes están sujetos a la obligación del respeto y de garantía de los derechos fundamentales”.
¿Qué resolvió la Sala Constitucional y cuál fue su condena?
La Sala Constitucional declaró “parcialmente con lugar” la denuncia de Ureña en su sentencia 2023-012085. En ese sentido, condenaron al Estado a pagar “las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de base a esta declaratoria”.
No obstante, el monto específico no se define todavía. La Sala Constitucional no puede dictar ese tipo de sentencias, sino que únicamente puede remitir esa decisión final a los tribunales contenciosos administrativos, en donde deberá seguir el proceso.
Según comunicó la Sala Constitucional, los magistrados consideraron que es un derecho (y a veces también un deber) de los funcionarios públicos criticar la labor de medios de comunicación y periodistas, cuando consideran que sus tratamientos informativos son injustos; pero no cuando incurren en “excesos”.
“La Sala Constitucional determinó que ciertas expresiones y vocablos usados por los funcionarios, no se justifican y sí constituyen un exceso, por lo que podrían promover el hostigamiento contra los medios y periodistas aludidos”, informó la entidad, este 23 de mayo.
La Sala Constitucional también observó que, si bien las conferencias de prensa televisadas por parte de autoridades políticas “han resultado de gran utilidad” en Estados democráticos, “la utilización de un lenguaje irrespetuoso y ofensivo contra los periodistas constituye una lesión a la libertad de prensa”.
¿Cómo reaccionó el Gobierno al fallo?
El ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives, bajó el tono a la sentencia a través de un vídeo difundido por la propia Casa Presidencial, este mismo 23 de mayo.
En él, indicó que el Gobierno de la República no había sido notificado formalmente todavía sobre la sentencia, pero resaltó la redacción del boletín de prensa del tribunal, en cuanto a la facultad de los funcionarios públicos de formular críticas, “aun vehementes”, contra medios y periodistas, cuando consideren que realizan tratamientos “de manera injusta, falaz o desmedida” en noticias o comentarios.
“Esto refuerza la tesis del Gobierno de mantener intrínsecos (sic) los derechos de libertad de expresión y prensa que cobijan a nuestra democracia”, señaló.
Rodríguez no hizo alusión alguna sobre la condena, ni el resto de declaraciones de la Sala IV en su comunicación.
¿Y cómo reaccionó el gremio periodístico?
La directora del medio Crhoy.com celebró en declaraciones al periódico La Nación el fallo de la Sala Constitucional. Según dijo, no solo cobija al periodista Jason Ureña o los medios atacados por Chaves, sino que es un refuerzo a las libertades y la institucionalidad de toda la población.
Desde su punto de vista, el caso requería de mayor atención porque los ataques en contra de la prensa no provenían de cualquier funcionario público, sino del máximo representante del Poder Ejecutivo.
“Estamos hablando de la máxima autoridad de nuestra institucionalidad, del Presidente de la República, quien está llamado a defender y resguardar nuestro Estado de Derecho. Lo que hizo más bien fue debilitarlo, eso es lo que a nosotros nos parece más grave”, remarcó en esa entrevista.
El Colegio de Periodistas (Colper), por su parte, también “aplaudió” la sentencia.
“En una democracia se puede disentir, pero no se vale que se ofenda ni se utilicen calificativos peyorativos en contra de miembros de la prensa para descalificar su trabajo”, indicó la presidenta de esa entidad, Yanancy Noguera, a través de un comunicado de prensa.
