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El Gobierno de la República anunció el inicio de un diálogo nacional en medio de bloqueos y con una negociación pendiente ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero hasta el momento el Ejecutivo ha fallado en aclarar quienes serán las contrapartes, cómo se desarrollará el proceso y cómo se comunicarán los resultados.
El objetivo central de la mesa de diálogo, que el mismo presidente Carlos Alvarado liderará, es construir una propuesta equilibrada para solucionar el descalabro fiscal del país, en conjunto con diversos actores que se opusieron al plan inicial de negociación con el FMI.
Las primeras reuniones del diálogo ya iniciaron con resultados variopintos, incluyendo rechazos a la invitación del mandatario y atrincheramiento de sectores en sus posiciones tradicionales.
Mientras tanto, en la calle la efervescencia se mantiene y vuelve aún más importante que la negociación sea fructífera.
¿Quién sí? ¿Quién no?
En un ambiente de tensión social y con la crisis sanitaria todavía en desarrollo, Alvarado se enfrenta al reto de dirigir un concierto de voces discordantes en discusiones sobre problemas de larga data.
“Para que un diálogo nacional sea efectivo, entre las condiciones que se requieren está que los interlocutores estén bien definidos y que tengan algún nivel de representatividad”, explicó Abril Gordienko, máster en administración pública.
Ronald Alfaro, politólogo del programa Estado de la Nación y del Centro de Investigaciones Políticas (CIEP) suma el hecho de que todos los representantes deben poder tomar decisiones en nombre del grupo al que representan, sino, el proceso podría ser caótico.
Aunque las figuras de José Miguel Corrales, Célimo Guido y Óscar Campos, tres políticos de pasado liberacionista, figuran como los cabecillas del autodenominado movimiento Rescate Nacional y de los bloqueos, su representatividad es cuestionable.
En medio de las protestas el Movimiento Cívico Dignidad por Puntarenas se desligó de los cabecillas y en los últimos días el mismo Corrales aseguró a La Nación que los “líderes” de los bloqueos hacen caso omiso a sus indicaciones.
Ante esa falta de certeza sobre si representan o no las manifestaciones actuales, que se sienten a dialogar no es tan claro y divide a los analistas consultados.
Para Gordienko, el grupo debería de elegir solo a uno de sus cabecillas como representante, mientras el Gobierno no pueda identificar a alguien más representativo. Esto es una manera de forzar al grupo a establecer cuáles son verdaderamente sus posiciones y cuál es el objetivo que quieren lograr.
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“Se les estaría forzando a una primera transacción”, explica Gordienko.
Sin embargo, otras voces como la de Eugenia Aguirre, co-coordinadora del Observatorio de Política Nacional, estiman que invitar a estas personas a esa mesa de diálogo nacional sería legitimarlos de manera improcedente.
Esto no quiere decir que los convocados al diálogo deban ser solo actores afines o cercanos a la Presidencia. La presencia de la oposición a la propuesta inicial para el FMI y en general la pluralidad de opiniones es vital.
“En este acuerdo deberían participar la mayor cantidad de expresiones de la sociedad costarricense. Sindicatos, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, ciudadanía no organizada, sector privado empresarial, cooperativas, el sector público. Al final la política fiscal es de todos”, recomendó Lourdes Molina, investigadora sénior del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).
Los partidos políticos, representados en la Asamblea Legislativa, empresarios, comerciantes y la academia deberían estar en la lista de pendientes del Ejecutivo. Los distintos analistan coinciden en que el proceso debería ser multilateral y no de reuniones bilaterales como hasta ahora.
Además, el involucramiento presencial del Presidente es muy importante. Ante el desgaste de otras figuras del gabinete, en particular del Ministro de la Presidencia y del equipo económico quienes han liderado hasta ahora el trámite, el mandatario debe asumir el proceso de forma inmediata.
Las reglas del juego
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta “dialogar” y no en todos los casos el resultado ha sido positivo para el Ejecutivo.
La última gran estrategia fue el plan “Costa Rica escucha, propone y dialoga”, un mecanismo “difuso”, según Gordienko, lanzado como parte de la construcción de la propuesta para el FMI.
Irónicamente la ausencia del diálogo fue el error principal, de acuerdo con Aguirre.
El Ejecutivo puso sobre la mesa un plan listo, hecho de forma unilateral, que solo se presentó ante los otros actores para “enriquecer” el documento, como confirmó en su momento el ministro de la Presidencia, Marcelo Prieto.
La respuesta fue un rotundo choque contra pared. Partidos políticos, sector empresarial y sindicatos se opusieron inmediatamente al plan.
Una forma de buscar el éxito en esta nueva intentona es promover que se genere confianza en torno al proceso y que existan reglas claras.
Un camino podría ser la existencia de observadores externos. Además las negociaciones deben contar con la presencia de un equipo de apoyo técnico para responder cualquier consulta sobre datos específicos, legislación o problemas que se presente.
El Icefi ha insistido en la necesidad de que Costa Rica inicie un proceso de diálogo para formar un acuerdo fiscal integral.
Este sería un trámite a largo plazo que también se ha conocido como Pacto Fiscal, un proceso técnico y político entre los distintos sectores de la sociedad. La recomendación del Icefi es que desde el inicio los objetivos que se buscan estén planteados, además se debe establecer un cronograma con plazos y metas claras.
“Todos los sectores que participen deben tener claro que en algo van a tener que ceder. Todos tienen intereses que se verán afectados”, Molina.
Por eso, la aspiración debe ser llegar a acuerdos, que no es lo mismo que un consenso, según explica Gordienko.
Como resultado, el proceso debe arrojar medidas a corto, mediano y largo plazo, que en el mejor escenario deberían traducirse en leyes, para que tengan validez futura, de acuerdo con Molina.
“Son medidas que abarquen ingresos, gastos, deuda y transparencia, porque si no, es ponerle una curita a la herida, pero en dos años, nuevamente, Costa Rica va a estar en la misma dinámica, con finanzas públicas insostenibles”, explicó la investigadora.
También es necesario un facilitador. Este puesto lo puede desempeñar una persona particular, por ejemplo, el jerarca de una institución, pero también puede designarse a un grupo de personas. Una terna aceptada y propuesta por todas las partes podría ser un ejercicio positivo, según Gordienko.
En otros momentos la tarea ha sido llevada a cabo por la Defensoría de los Habitantes, con presencia importante durante las protestas por el llamado Combo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), o la Iglesia Católica, ente que toma más fuerza en esta ocasión.
¿Quién pondrá las reglas? Eso depende de la circunstancia. En el estado actual debería ser el Gobierno quien inicie poniendo las condiciones mínimas para sentarse a negociar, de acuerdo con Gordienko.
Otros diálogos
Hay lecciones de procesos anteriores que la administración Alvarado podría adoptar para potenciar el actual proceso de diálogo.
Un punto clave es como lograr que los acuerdos del diálogo se concreten. El Plan de Consolidación Fiscal liderado por el exministro de Hacienda, Édgar Ayales, durante el gobierno de Laura Chinchilla, se desarrolló de forma positiva con varias rondas de diálogo.
Sin embargo, ya el ejecutivo cargaba con el fracaso de un plan anterior de reforma fiscal y se encontraba sin capital político para impulsar un segundo texto por Cuesta de Moras.
El otro gran antecedente es el proceso de Concertación Nacional desarrollado por la administración de Miguel Ángel Rodríguez. Este diálogo logró concretar varios acuerdos que se transcribieron en nueva legislación, incluyendo la Ley de Protección al Trabajador. Pero, el final fue aparatoso con las manifestaciones en contra del llamado Combo del ICE.
En este segundo ejemplo, parte de las negociaciones fueron públicas, incluso transmitidas por televisión nacional, según Alfaro. Ese proceso podría ser algo a emular en la actualidad, solo que más facilidades tecnológicas. Para Aguirre, una transmisión de las negociaciones a través de redes sociales no sería negativa.
Lo más importante para el proceso, según Molina, es que Costa Rica se pregunte qué tipo de país quiere ser, qué se quiere garantizar, cuánto cuesta ser ese país y cómo se va a financiar.
“Si no, les invito a ver a el espejo del resto de países de la región centroamericana, para ver qué pasaría si no se toman esos acuerdos”, declaró Escalante.
