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Eran las 9:30 a.m. de este lunes 31 de mayo cuando ingresaba al Plenario legislativo el ministro de Salud, Daniel Salas, para afrontar una comparecencia que se extendería por nueve horas. Esta vez, a diferencia de cinco días antes, se alcanzó el cuórum mínimo de 38 diputados que permitió dar paso a la extensa jornada.
Salas inauguró la sesión con una exposición inicial de 40 minutos en la que hizo un repaso por el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Costa Rica, desde los primeros acercamientos con las empresas farmacéuticas hasta las decisiones y hechos más recientes.
En sus 40 minutos, Salas destacó la rapidez con la que considera que el Gobierno actuó para adquirir vacunas. “Nos movimos lo más rápido que pudimos para llevar vacunas seguras y de alta calidad”, expresó.
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Para ello se siguieron criterios científicos, logísticos, inmunológicos, de precio y administrativos. La evaluación dio como resultado que Pfizer daba las mejores condiciones, por lo que se decidió gestionar con esta empresa, seguido de AstraZeneca.
El ministro enfatizó en que los detalles del contrato con Pfizer no se pueden revelar por el acuerdo de confidencialidad firmado. “Violarlo sería quedarnos sin vacunas”, afirmó, al tiempo que agregó que los acuerdos con el mecanismo Covax y con AstraZeneca sí son públicos. Además, Salas recordó que la Sala IV ha dicho que, en este caso, priva el derecho a la salud por sobre el de información pública.
También mencionó que se han hecho acercamientos con otras casas, pero sin éxito. Johnson & Johnson tiene comprometida su producción este año, mientras que Moderna puede entregar hasta el 2022. Con la rusa Sputnik se tiene un acuerdo de confidencialidad, pero se está a la espera de que sea aprobada por un ente oficial avalado por la Organización Mundial de la Salud, mientras que con las chinas Sinopharm y Sinovac no hay comunicación formal, pero ha habido acercamientos a través de la embajada de ese país en Costa Rica.
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El jerarca dio a conocer también que se está evaluando ampliar la vacunación a menores entre 12 y 15 años y que se espera acercarse a la inmunidad de rebaño en el cuarto trimestre de este año, pero admitió disparidades en el avance de la vacunación entre regiones y cantones, lo que achacó a “retos logísticos y densidades de población”. Salas pidió a los limonenses acudir a vacunarse, pues en esa provincia han registrado el mayor rechazo a la vacuna.
Pero la presentación de Salas no dejó satisfechos a los diputados. A la explicación del ministro le siguieron las intervenciones de 19 legisladores a lo largo de la mañana y la tarde, empezando con la liberacionista María José Corrales y cerrando con Jonathan Prendas, del bloque Nueva República.
Intervenciones con preguntas repetitivas de los legisladores y respuestas reiterativas del ministro, con constantes interrupciones por faltas de cuórum momentáneas.
La diputada Corrales inició aclarando que la interpelación no era un ataque a la gestión, sino que se trataba de “llevar respuestas a nuestras comunidades y consultas que no quedan claras”. Además, Corrales pidió disculpas por el plantón del pasado miércoles 26 de mayo.
Las preguntas de los diputados fueron diversas e incluso algunas de temas no relacionados a la vacunación. Pero las consultas más recurrentes fueron sobre las negociaciones con las farmacéuticas, la vacunación de maestros y las medidas que se han tomado durante la pandemia.
Salas repitió en reiteradas ocasiones que el país le está comprando a Pfizer y a AstraZeneca porque representaban las mejores opciones en su momento. Ante la constante petición de detalles de la compra con la primera de ellas, el ministro repetía que el acuerdo de confidencialidad con esa farmacéutica impide hacer pública la información.
El punto más tenso de la sesión fue el intercambio entre el ministro y el diputado Walter Muñoz, cuando este le increpaba justamente por la preferencia de compra con Pfizer. “¡Respete que estoy hablando yo!”, le espetó el ministro ante la interrupción de Muñoz.
Salas aseguró que más proveedores no significa más disponibilidad y mencionó que el Gobierno ha estado en busca de donaciones. Asimismo resaltó que, a pesar de contar con solo dos contratos, el país es tercero en la cobertura de dos dosis en América Latina.
Sobre los maestros, el ministro explicó que desde el inicio están considerados en el grupo 4 de vacunación, aunque se han ido inmunizando si encajan con las características de los grupos previos. Además, defendió las clases presenciales aduciendo que los contagios reportados en centros educativos han sido pocos con respecto al total de población estudiantil y de profesores, que supera el millón de personas.
La diputada liberacionista Aida Montiel fue una de las más críticas con las restricciones de movilidad impuestas y pidió un estudio técnico que demuestre su efectividad, a lo que Salas respondió que existe una “relación directa entre movilidad y contagios” que determinó el Programa Estado de la Nación en su informe del 2020.
Montiel aprovechó para pedir que los diputados sean vacunados con el fin de permitir el funcionamiento del Congreso, pero Salas reiteró su posición sobre el tema: los legisladores no serán inmunizados en ningún grupo prioritario.
El socialcristiano Pedro Muñoz reclamó que los “criminales” en las caŕceles estén incluidos en el grupo 4, antes de otras poblaciones. El comentario de Muñoz desató la desaprobación de la diputada oficialista Paola Vega, quien se dijo “indignada” por lo que consideró una “intoleracia y discriminación”. Mientras tanto, Salas apuntó el hacinamiento carcelario como la razón para esa decisión. Muñoz, además, presentó portadas de periódicos para denunciar lo que considera faltas de planificación, corrupción y contradicciones.
A Muñoz le siguió el diputado independiente Erick Rodríguez, quien llamó “campaña del miedo” las vallas publicitarias que colocó la Caja Costarricense de Seguro Social con imágenes de bolsas fúnebres el año anterior, a lo que Salas respondió que se trataba de “información” que debía compartirse.
Sobre las medidas como el uso de mascarilla y las restricciones, el ministro defendió que las decisiones “se han tomado de acuerdo al momento epidemiológico”.
Rodríguez protagonizó otro tenso momento cuando le cuestionó al ministro que un exembajador del gobierno de Luis Guillermo Solís sea contraparte en la farmacéutica Pfizer, pero Salas le rebajó importancia al asunto y le solicitó hacer las denuncias respectivas.
Una de las últimas intervenciones estuvo a cargo de la propia presidenta legislativa, Silvia Hernandez, quien reclamó falta de comunicación y repasó decisiones pasadas y recientes. Hernández preguntó si el Gobierno pensaba adquirir más dosis y qué haría con las que pudieran sobrar, a lo que Salas respondió que se podrían hacer donaciones o aplicarse a migrantes.
Hernández pidió una comunicación más permanente para este segundo año de pandemia con el fin de transparentar la información.
Así, la mayoría de diputados en sus intervenciones agradeció y reconoció la labor del ministro durante más de un año de pandemia y las nueve horas de intercambios terminaron cuando, a las 6:25 p.m., Hernández levantó la sesión.
