EscucharLa Corte Plena acordó pedir a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad al presidente de la República, Rodrigo Chaves en un caso relacionado con un contrato de másd de $400.000 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
El acuerdo se da después de que Fiscalía General acusó a Chaves por el delito de concusión.
La concusión es un delito que se comete cuando un funcionario público, abusando de su cargo, obliga o induce a alguien a entregar un beneficio indebido.
En la Asamblea Legislativa ahora se conformaría una comisión especial y el plenario votaría para decidir si se levanta la inmunidad del presidente (se necesitan al menos 38 votos).
Si el Congreso vota a favor del levantamiento del fuero, le comunicará la decisión a la Sala III de la Corte, la encargada de lo penal. Es en ese momento cuando comienza el procedimiento jurisdiccional.
Uno de los cinco integrantes de esa Sala es designado para que desarrolle una investigación y recargue los cargos sobre los acusados. Ese magistrado debe indicar hora y fecha para el juicio público, que se lleva a cabo dentro de la misma Sala III y no en un tribunal común, con todas las reglas de un juicio normal y sus posteriores etapas de impugnación.
Un elemento importante es que, si Chaves deja de ser parte del Poder Ejecutivo, por cualquier motivo, los tribunales ordinarios asumen el trámite.
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El caso
La acusación se relaciona con un contrato de comunicación por $405.800, adjudicado en 2022 a la empresa RMC La Productora S.A., propiedad de Christian Bulgarelli.
Este contrato fue financiado con una donación del BCIE destinada a servicios de comunicación.
Se alega que Christian Bulgarelli, el contratista, redactó los términos del contrato que él mismo ganó. Funcionarios de alto nivel, incluyendo el presidente Chaves y el entonces jefe de despacho Jorge Rodríguez (actual ministro de Cultura), tenían conocimiento de esta situación.
Audios de conversaciones entre Chaves, Rodríguez y Bulgarelli sugieren discusiones sobre la adjudicación y la inclusión de Federico Cruz, asesor del mandatario conocido como “Choreco”. En una de las grabaciones, Chaves menciona tener “antojos” y querer “chineos y cariñitos” en referencia al uso de los recursos del contrato.
Bulgarelli habría depositado $32.000 en la cuenta de la dueña de una casa para que “Choreco” pudiera alquilarla, a solicitud del entorno presidencial, meses después de que se concretara el contrato con fondos del BCIE.
Defensa de Chaves
Rodrigo Chaves se refirió por primera vez a la acusación del fiscal general, Carlo Díaz, el 9 de abril. Se adujo que el proceso es persecución política y se rebajó importancia a las acusaciones.
“Los filibusteros que han gobernado esta patria por los 75 años recientes no sé si querrán fusilarme, pero quieren callarme, amordazarme, amedrentarme, encarcelarme”, aseveró Chaves ante un grupo de seguidores reunidos en el parque de Atenas.
El abogado del presidente, José Miguel Villalobos, también ha tachado la acusación como un “disparate” que no se sostiene.
