EscucharCosta Rica sufrió la tercera mayor caída de entre los 70 países analizados para el informe de Libertad en la Red 2023 (Freedom on the Net 2023), que publica anualmente la organización no gubernamental Freedom House, y cuya última actualización se lanzó oficialmente este 4 de octubre.
El país sigue siendo la nación mejor ubicada del continente americano en todo el recuento; sin embargo, sus creadores destacaron que “el estatus del país como defensor de la libertad en Internet ha estado en peligro” luego de las elecciones presidenciales de 2022 y la llegada al poder del presidente Rodrigo Chaves Robles, a quien cita directamente.
La publicación dice textualmente que “la autocensura aumentó a medida que su gobierno acosó a periodistas, políticos de oposición y otros críticos”.
“Costa Rica sigue teniendo uno de los entornos en línea más abiertos del mundo, aunque han surgido desafíos bajo el gobierno del presidente Rodrigo Chaves Robles. El acceso a Internet es en general sólido, aunque persisten las divisiones socioeconómicas y geográficas. Los usuarios disfrutan de acceso ilimitado al contenido en línea y sus derechos a la libre expresión están protegidos en gran medida por las leyes y los tribunales. Sin embargo, las instituciones gubernamentales han luchado por desarrollar resiliencia ante ciberataques disruptivos. Bajo el gobierno de Chaves, el empeoramiento de la intimidación en línea—particularmente contra periodistas críticos—ha comenzado a socavar la fuerte tradición de libertad de prensa del país”, resumió la entidad, en el apartado dedicado exclusivamente para el caso costarricense.
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El informe general incluso hizo alusión directa al caso de la exministra de Salud, Joselyn Chacón; quien fue acusada por Alberto Vargas, el administrador de un perfil anónimo en redes sociales (llamado Piero Calandrelli), de girarle instrucciones para atacar a opositores políticos y periodistas a través de contenido que generaba en línea.
“En un escándalo de alto perfil, la ministra de Salud renunció en febrero de 2023, después de que se reveló que había pagado a alguien para que acosara a periodistas de tres medios de comunicación que informaban sobre la mala gestión del gobierno”, se lee en el informe.
Chacón había aceptado que hizo transferencias al trol de redes sociales, pero negó que fueran con el objetivo que él declaró bajo juramento en la Asamblea Legislativa. Contrario a eso, dijo haber hecho las transferencias, a título personal, para que el denunciante apoyara una supuesta campaña de salud que finalmente no fructificó por incumplimientos de éste último.
Tanto la ministra como el presidente Chaves sí reconocieron que la ministra habría instado al hombre a atacar a periodistas, algo que el mandatario calificó como un “error”. “Lo que veo es una mujer que se sintió vulnerable, atacada, afectada por la enfermedad de su madre, que quiso defenderse y que cometió un error de la manera en que lo hizo”, comentó el mandatario a inicios de enero, en una conferencia de prensa en la que luego catalogó a algunos periodistas de comportarse como “sicarios políticos”.
El informe también se destacó la conexión de la exministra con la actual administración desde sus primeros pasos políticos. Particularmente, señaló que la exministra también fue la jefa de campaña del ahora presidente Chaves.
Costa Rica era el tercer país mejor evaluado de los 70 totales en 2022, con una puntuación de 88 sobre 100.
Este 2023, el país descendió al cuarto puesto, con una calificación de 85 sobre 100.
Otros episodios
El documento también destacó otros episodios adicionales que, desde el punto de vista de sus redactores, limitaron el ejercicio de los costarricenses de la libertad en la red en el último año.
Entre ellos, mencionaron las condenas de la Sala Constitucional en contra del Estado por violaciones a la libertad de prensa.
Una de ellas fue la que ocurrió por el cierre “ilegítimo” y sin informes previos del Parque Viva, una fuente de ingresos relevante para Grupo Nación (conglomerado dueño de los periódicos La Nación, El Financiero y La Teja); la otra, la que ocurrió por insultos del presidente Chaves a periodistas de La Nación, CRHoy y Teletica, a los cuales calificó en una conferencia de “sicarios políticos”.
El texto también cuestionó la denuncia pública que hizo el Ministerio de Hacienda sobre un presunto caso de fraude fiscal por parte de una empresa ligada al empresario Leonel Baruch, presidente del medio CRHoy (”un sitio web de noticias digitales muy leído y conocido por su escrutinio del gobierno”), a pesar de que las autoridades ya habían solicitado que se desestimara el caso. Finalmente, el gobierno dijo que se había basado en un vídeo de TikTok para plantear el caso y el empresario anunció su intención de demandar por difamación.
El informe también hizo énfasis en las palabras del presidente Chaves desde que era candidato, cuando aseguró que “destruiría las estructuras corruptas” de algunos medios de comunicación, en caso de resultar elegido. “Durante su campaña de 2022, Chaves dijo que si era elegido ‘destruiría’ a La Nación y a otro medio, Canal 7, los cuales habían informado que Chaves fue degradado de su anterior cargo en el Banco Mundial por acusaciones de acoso sexual”, resumió el documento de Freedon House.
El texto, asimismo, destacó el surgimiento de cuentas falsas progobierno que ha intentado intimidar a contrapesos y opositores políticos en redes sociales.
En cuanto al gobierno anterior, la publicación destacó que, si bien “las acusaciones de acceso irregular a información sensible por parte del gobierno no han sido corroboradas”, la administración del expresidente Carlos Alvarado encendió la polémica sobre “una posible vigilancia gubernamental” en febrero de 2020, “cuando los medios informaron sobre la reciente publicación de un decreto ejecutivo que creaba una Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD) adscrita a la Presidencia de la República”. La UPAD, recuerda el informe, también fue catalogada como inconstitucional por los tribunales de justicia en agosto de 2022, “al dictaminar que uno de sus artículos relacionado con datos personales “violaba el derecho a la autodeterminación informativa”.
En cuanto a la legislación costarricense, el estudio aseguró que no existen leyes específicas que establezcan sanciones penales o civiles para las actividades en línea protegidas por derechos humanos. Sin embargo, destacó que los delitos contra el honor, como la calumnia y la difamación, están tipificados como delitos penales, lo cual podría catalograse como retsrictivo para la libre expresión.
“Estas disposiciones podrían usarse potencialmente para presentar cargos penales por declaraciones realizadas en línea por la prensa o por usuarios que denuncian cuestiones como la corrupción, la degradación ambiental y otras preocupaciones”, reclamaron sus redactores.
En ese sentido, el informe citó como uno de los hechos relevantes de los últimos 12 meses que, en marzo de 2023, el Tribunal Penal de Goicoechea condenó al periodista Marlon Mora por dos cargos de difamación contra el candidato presidencial de 2018, Juan Diego Castro; quien dijo que fue difamado por material del programa de sátira política “Suave un Toque”, que se transmitía en línea con el auspicio del Canal UCR. del que Mora era director. La condena, cita el informe, implicó un castigo por multas, reparaciones por daños civiles y retribuciones por gastos legales de casi $30.000 en contra del denunciado, según se lee en el texto.
Situación mundial
En consonancia con la caída de Costa Rica, el informe de este 2023 destacó que el indicador de libertad en la red general de los 70 países estudiados descendió por décimo tercer año consecutivo.
“Los ataques a la libertad de expresión se hicieron más comunes en todo el mundo. En un número récord de 55 de los 70 países cubiertos por Freedom on the Net, las personas enfrentaron repercusiones legales por expresarse en línea, mientras que en 41 países fueron agredidas físicamente o asesinadas por sus comentarios en línea”, señaló la entidad.
La organización citó algunos de los casos más dramáticos, como los de Birmania, Irán, Bielorrusia o Nicaragua.
“Los casos más atroces ocurrieron en Birmania e Irán, cuyos regímenes autoritarios ejecutaron sentencias de muerte contra personas condenadas por delitos relacionados con la expresión en línea. En Bielorrusia y Nicaragua, donde la protección de la libertad en Internet se desplomó durante el período cubierto, las personas recibieron penas de prisión draconianas por expresarse en línea, una táctica central empleada por los dictadores Alyaksandr Lukashenka y Daniel Ortega en sus violentas campañas para mantenerse en el poder”, agregó.
En cuanto a las caídas más profundas de algunos países, la entidad señaló algunas de sus causas.
En el caso de Irán, la nación con la peor caída, dijo que “la represión digital se intensificó (...) cuando las autoridades cerraron el servicio de Internet, bloquearon WhatsApp e Instagram y aumentaron la vigilancia, en un intento por sofocar las protestas antigubernamentales”.
En el caso de Filipinas, el país con una segunda peor caída, los redactores indicaron que las condiciones de ese país empeoraron cuando el presidente saliente, Rodrigo Duterte, “utilizó una ley antiterrorista para bloquear sitios de noticias que habían criticado su administración”.
Birmania estuvo a punto de desbancar a China en el peor puesto de las 70 naciones calificadas; sin embargo, finalmente el gigante asiático lo retuvo por noveno año consecutivo.
Freedom House, la organización que elabora el informe, se fundó en 1941 hacia el cierre de la Segunda Guerra Mundial y publica informes relacionados con el estado de la democracia, la libertad política y los derechos humanos periódicamente. La mayor parte de su financiamiento proviene del Departamento de Estado de Estados Unidos y otras subvenciones de gobiernos democráticos.
