EscucharEl pasado viernes 22 de marzo la Fiscalía General de La República confirmó que llevará a cabo una investigación contra el presidente Rodrigo Chaves por supuesto abuso de autoridad en contra de la diputada socialcristiana Vanessa Castro. En apariencia el mandatario habría intervenido para que la legisladora y abogada perdiera un contrato como asesora legal de una empresa televisiva en Costa Rica.
Esta es la causa número 41 que el Ministerio Público abre en contra del presidente y la segunda en lo que va del mes, luego de que el pasado jueves 14 se confirmara que Chaves, junto con Natalia Díaz, ministra de la Presidencia; Luis Amador, exjerarca de Obras Públicas y Transportes; Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias; y Fernando Naranjo, exdirector de Aviación Civil, forman parte de la indagación por aparentemente incluir la reparación de la pista del aeropuerto Daniel Oduber en el decreto de emergencia para atender las afectaciones generadas por la tormenta Bonnie en 2022.
La inclusión se habría realizado casi un año después de que pasó el fenómeno natural, lo que habría encaminado la adjudicación de MECO para dicho proyecto mediante un procedimiento excepcional en una supuesta contratación a la medida por casi ȼ22.000 millones que a la postre significó la salida de Amador y Naranjo de sus puestos.
Abuso de autoridad, tráfico de influencias, desobediencia, prevaricato, incumplimiento de deberes y fraude contra la Hacienda Pública son algunos de los cargos que se señalan en las investigaciones contra Chaves. Si se dividen los casos entre los meses de la administración Chaves resulta 1,9 por mes.
De los 41 procesos que se iniciaron contra el mandatario algunos ya han sido desestimadas. Para este artículo repasamos varios casos sonados.
Parque Viva
El 8 de julio de 2022, dos meses después de asumir funciones, el gobierno de Chaves suspendió el permiso sanitario del Parque Viva, una decisión basada en una aparente denuncia anónima que alegaba que las actividades en ese recinto generaban presas considerables y el flujo vehicular afectaba el traslado de unidades de emergencia.
Cuatro meses después, la Sala Constitucional anuló el mandato por considerar que este cierre era un ataque a la libertad de prensa en contra de Grupo Nación, propietario del inmueble. En ese momento, la respuesta del gobierno fue que eran respetuosos de la división de poderes y que continuarán defendiendo la salud y la seguridad de la ciudadanía.
En noviembre de ese mismo año, la Fiscalía indicó que investigaría a Chaves, así como a Amador y a la entonces ministra de salud Joselyn Chacón por presunto prevaricato en este hecho, es decir, cuando un funcionario público dicta resoluciones contrarias a la ley.
LEA MÁS: Gobierno suspende permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva
Junta de Protección Social
En octubre del año pasado, se confirmó que el presidente es investigado por ordenar a la Junta de Protección Social trasladar el programa La Rueda de la Fortuna de Teletica al Sinart, pese a que habían criterios técnicos que señalaban que el movimiento generaría pérdidas económicas por una caída en el ráting y en ventas.
Viaje a Letonia
Una nueva investigación contra Chaves inició en julio anterior por un presunto fraude contra la Hacienda Pública ya que el presidente aprovecharía un viaje oficial a Letonia, costeado con recursos públicos, para hacer una parada y visitar a sus suegros en esa nación. Luego de conocerse esa causa, el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, defendió el viaje y lo consideró “fundamental” porque permitía generar nuevas oportunidades de inversión.
Ruta del arroz
La llamada ruta del arroz impulsada por Chaves desde el inicio de su administración fue causal de investigación por parte de la Fiscalía. En una primera instancia, el mandatario y la entonces ministra Chacón firmaron un decreto que permitía importar el grano pilado sin fortificar, para que este proceso se pudiera realizar en el país y reducir los costos para los importadores.
Posteriormente se firmaron dos nuevos decretos que pretendían bajar el precio del arroz: el primero eliminaba la obligación de colocar por ley precios mínimos y máximos para este producto, mientras que el segundo redujo considerablemente los aranceles que pagaba el arroz importado. Más adelante trascendió que uno de los empresarios beneficiados con el decreto fue donante de la campaña presidencial de Chaves.
El mandatario siempre ha defendido la ruta del arroz pues considera que esta medida vino a bajar el precio de este bien y que sin ese plan, hoy los consumidores pagarían un precio mayor.
Leonel Baruch
El Ministerio Público también abrió un expediente contra Chaves y otros miembros del gobierno por presunto tráfico de influencias en un caso que involucra a Leonel Baruch en el que en apariencia los funcionarios públicos habrían intervenido en el proceso de divorcio entre él y Yafit Ohana y la disputa por la custodia de sus hijos.
El empresario denuncia que su exesposa recibió un trato de favor por parte del gobierno en su divorcio después de contribuir en la creación de un vídeo para redes sociales que fue utilizado por el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, para denunciar un presunto caso de evasión fiscal.
Hay que recordar que el gobierno atribuyó al banco BCT, propiedad de Baruch, una supuesta evasión de ȼ11.000 millones ―la denuncia del Ejecutivo surgió a raíz de un video que circuló en Tik Tok― pero al momento de presentar el caso a la opinión pública omitió que la Fiscalía había presentado una solicitud de desestimación del caso.
Otros casos
El Ministerio Público ha abierto procesos contra Chaves por otros casos como aumento de un ȼ1 millón en los salarios base de ministros y viceministros mediante un decreto. Esa subida fue del 100% en el monto que percibían, pues pasaron de ȼ1,4 millones y ȼ1,3 millones a ȼ2,5 y ȼ2,6 millones respectivamente.
En junio de 2022, cuando se efectuó el incremento, el mandatario dijo que los jerarcas ganaban poco para las responsabilidades que tenían. Dicho incremento se dio pese a la influencia de la regla fiscal en el crecimiento del gasto.
Además el gobernante está bajo investigación por una presunta estructura paralela de financiamiento en las elecciones de 2022 en el Partido Progreso Social Demócratico, con el que Chaves alcanzó la presidencia.
Comparación con sus predecesores
Con el promedio de investigaciones que lleva Chaves al final de su gobierno podría superar a sus antecesores. En el caso de Carlos Alvarado, su gestión estuvo marcada por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Otra investigación sonada fue la del vuelo del entonces presidente a un hotel en Guanacaste en agosto de 2020, en medio de la pandemia, y que en apariencia habría sido cancelado con fondos públicos. Alvarado negó esa tesis y categóricamente dijo que no había delito que perseguir pues los gastos habían salido de su bolsillo.
LEA MÁS: Ministro de la Presidencia reconoce error y admite que decreto de la UPAD fue “débil e inexacto”
Luis Guillermo Solís también figura en investigaciones como el sonado caso del “cementazo” y más recientemente se le abrió una causa por presunto fraude contra la Hacienda Pública en el caso Bancrédito, en el que Solís y cuatro funcionarios de su gobierno trasladaron dineros de la Tesorería Nacional y los invirtieron en el banco, a pesar de que la entidad financiera enfrentaba problemas de liquidez. La tesis señala que el expresidente no quería que el banco quebrara en su administración, pero al final no se pudo evitar y fue absorbido por el Banco de Costa Rica.
