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42 diputados aprobaron este 28 de julio, en primer debate, el proyecto de ley de autorización de condonación para la formalización y readecuación de las cargas sociales (21.522).
Votaron favorablemente diputados de casi todas las fracciones, y solo se manifestaron en contra Shirley Díaz, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC); Walter Muñoz y Patricia Villegas, del Partido Integración Nacional (PIN).
La iniciativa autorizaría a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) para que condone a trabajadores y patronos diversos rubros de cargas que no pagaron en el pasado, de modo que puedan acceder a procesos de formalización con la entidad.
En el caso de los trabajadores independientes, la iniciativa permitiría a la Caja perdonar el principal de la deuda, las cuotas, las multas, los recargos y los intereses. En el caso de los patronos, únicamente podría pasar por alto los adeudos por multas, recargos e intereses que superen un año de antigüedad.
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La condonación podría aplicarse tanto para deudas relacionadas con el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), como para aquellas referentes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).
El proyecto se planteó únicamente como una “autorización”; sin embargo, existen dudas sobre sus verdaderos alcances reales y si la CCSS deberá adoptar o no las medidas que propone.
Pese a plantearse como solo un permiso, el texto de ley da un plazo de “hasta 90 días” a la Junta Directica de la institución para que, “conforme a su autonomía”, realice los ajustes en sistemas de información y reglamente las condiciones, los requisitos y los trámites relacionados.
Román Macaya, presidente de la CCSS, aseguró que la institución “apoya el espíritu del proyecto”, pero que no tiene claridad sobre su legalidad. También dijo que la entidad considera algunos aspectos de redacción que deberían mejorarse.
Qué tan vinculante sería la normativa es uno de los temas que ahora analizará la Sala Constitucional, pues diversos grupos de legisladores ya avisaron de que plantearán consultas facultativas al tribunal.
El texto además plantea permitir condonaciones similares a otras entidades públicas que cobran cuotas sobre las planillas.
El Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional y Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular podrían perdonar el principal, las multas, las sanciones y los intereses de los montos sin pagar, si deciden acogerse a la norma.
La condonación
Para la condonación se establecen distintas reglas, tanto para trabajadores como patronos.
Las reglas comunes establecen que el trabajador o el patrono tendrán que presentar una solicitud expresa para acogerse al beneficio; y que el plazo para ello es de 12 meses contados a partir de la entrada en vigencia de la ley y su reglamentación.
Tanto para los trabajadores como para los patronos existiría una diferenciación dependiendo de si tienen o no un proceso judicial abierto en su contra por las deuda.
Si lo tienen, deberán pagar los gastos incurridos por la CCSS por honorarios hasta la fecha. Si no lo tienen, únicamente deberán suscribir un acuerdo de transacción con la institución.
El proyecto además establece que las cuotas del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte que sean condonadas a los trabajadores independientes “no generarán derechos y beneficios individuales” para eventuales pensiones o beneficios similares. Es decir, se tendrán por inexistentes.
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Todas estas medidas, según los propulsores del texto, buscan apoyar a alrededor de 117.000 trabajadores y 15.500 patronos identificados que tienen deudas con la institución.
Actualmente la formalización es compleja. La CCSS se considera facultada para realizar cobros retroactivos de larga data sobre montos que considera adeudados por actividades no reportadas y que logra verificar a través de cruces de información con otras entidades, como el Ministerio de Hacienda.
La CCSS incluso realiza cobros retroactivos superiores a los cuatro años de prescripción tributaria que establece el Código de Procedimientos Tributarios, un hecho que aún hoy mantiene reclamos en trámite constitucional.
Contexto
La iniciativa se presentó desde julio de 2019 con la firma de los diputados de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
El texto parte de que la jurisprudencia de la Sala Constitucional ha determinado que las cuotas de seguridad social tienen una naturaleza parafiscal y que, por ende, la CCSS debería someterse a la normativa que le imponga el Congreso.
“Por lo tanto, como pasa con los otros tributos, es posible aplicarle una amnistía que condone los cobros por mora, multas, sanciones e intereses generados por adeudar cuotas a la Caja Costarricense del Seguro Social”, indicaba la exposición de motivos del expediente socialcristiano.
La Sala Constitucional sí ha mencionado que las contribuciones a los seguros del IVM y del SEM son parafiscales; sin embargo, también ha señalado que su administración y gobierno corresponde a la CCSS.
Este criterio se ha prestado para diversas interpretaciones.
Datos de los estados financieros de la CCSS publicados por el periódico La Nación dan cuenta de que la Caja registra un saldo por morosidad de ¢543.000 millones, por parte de patronos y trabajadores independientes.
Hasta el segundo trimestre de 2021, Costa Rica estimaba un registro de 525.000 trabajadores independientes, de los cuales solo unos 223.000 estarían asegurados, según la Encuesta Continua de Empleo (ECE) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)
