EscucharEste martes 26 de setiembre, con 38 votos a favor y 15 en contra, los diputados resellaron el proyecto 23.581 que permitiría que Costa Rica salga de la lista gris de la Unión Europea (UE). Ahora, pese al veto presidencial que le dio Rodrigo Chaves el 14 de septiembre pasado, se convertirá en ley una vez que sea publicado en La Gaceta.
A favor votaron los legisladores de Nueva República, Liberal Progresista, Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional.
En contra se pronunciaron los legisladores del Frente Amplio y del oficialismo, al considerar que el proyecto creaba un portillo para beneficiar a grandes empresas.
De acuerdo con el artículo 127 de la Constitución Política faculta a la Asamblea Legislativa para decidir el destino final del proyecto: “Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea las desechare y el proyecto fuere nuevamente aprobado por dos tercios de votos del total de sus miembros, quedará sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la República”.
Originalmente el tema de fondo del proyecto era sacar al país de la lista, pero la discusión mutó hacia una aclaración del sistema tributario, especialmente respecto a la territorialidad del impuesto sobre la renta.
Según el gobierno, con el texto aprobado se elimina la aplicación del principio de territorialidad ampliada o reforzada que ha sido punto de controversia.
¿Cuál es el principal cambio y por qué el gobierno está en contra?
Costa Rica entró en la lista gris de la UE en febrero anterior porque en la actual legislación nacional no se cobra impuestos a los residentes en nuestro país sobre la rentas pasivas obtenidas en el exterior.
Con el cambio aprobado, Hacienda ya no podrá cobrar renta a las empresas que tengan ganancias en el extranjero pero que se generaron con recursos obtenidos en Costa Rica.
A modo de ejemplo, ahora es inviable cobrar impuestos a una compañía que tenga rendimientos por inversiones en una entidad financiera extranjera pero que su actividad económica esté en Costa Rica.
El impuesto se cobrará a las llamadas empresas “de papel”, es decir a aquellas que no demuestren tener actividades productivas en el país.
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La decisión final sobre si el país saldrá o no de la lista gris la tomará la UE a inicios de octubre. Si no se hubiese resellado el proyecto Costa Rica se habría mantenido al menos un año más en ese grupo de no cooperantes, provocando consecuencias negativas sobre la atracción de inversión, el comercio internacional, la generación de empleo y el acceso a fondos de cooperación.
