EscucharEl candidato presidencial del Partido Restauración Nacional (PRN), Eduardo Cruickshank, comentó que en Costa Rica el desarrollo ha sido fundamentalmente valle centralista, por lo que, de ser electo como Presidente de la República en 2022, promoverá un modelo de desarrollo integral e inclusivo en todo el país.
Además impulsa propuestas como disminuir las cargas parafiscales en 7,25%, llevar el modelo de zonas francas a la periferia de Costa Rica, ampliar la cobertura de las redes de cuido, construir aeropuertos regionales, y dar incentivos a las personas que denuncien actos de corrupción, y que los resultados sean favorables.
En la segunda entrega de una serie de entrevistas con candidatos presidenciales de los partidos políticos que tienen, actualmente, más de un diputado en la Asamblea Legislativa o están dentro de las primeras siete posiciones según la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR), EF habló con Cruickshank para ahondar en sus propuestas en torno a la generación de empleo, reactivación económica, soluciones para la crisis del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), entre otras.
La OCDE prevé un crecimiento económico para Costa Rica de 3,9% en el 2022 y 2,9% en el 2023, según el reciente informe de perspectivas económicas. ¿Cuáles son sus propuestas para reactivar la economía costarricense?
— Debemos disminuir los costos de la energía eléctrica. Debemos resolver el problema de la tramitología, que desincentiva la inversión tanto extranjera como nacional, a través de un marco normativo concentrado, el apoyo a la ventanilla única y de la implementación de los trámites en paralelo, porque hoy los trámites se realizan de manera escalonada, es decir, se debe cumplir con un trámite para poder pedir otro.
Proponemos que los trámites se realicen de manera paralela y que además se establezca un plazo fatal a las distintas instituciones de 10 días después de los cuáles se tiene por operado el silencio positivo, es decir, por otorgado el permiso que se ha solicitado.
Lo otro que proponemos es la disminución de las cargas sociales parafiscales (en un 7,25%) porque creemos que con eso la empresa privada podrá contratar más personas.
Otra acción es dotar de disponibilidad de agua potable para que haya facilidad para instalar nuevos proyectos de inversión. La infraestructura hídrica debe ejecutarse con al menos 20 años y no como sucede ahora, que el abastecimiento del agua va atrasado con relación a la celeridad con que va el desarrollo del país y eso pone en riesgo nuevos proyectos que nos generan empleo.
Se debe impulsar la obra pública porque la construcción es un dinamizador de la economía. El país no cuenta con recursos para seguir desarrollando obra pública y en un gobierno de Restauración Nacional no vamos a endeudar más al país, por lo menos, para realizar obra pública.
¿De qué manera vamos a llevar a cabo esa infraestructura pública? A través de cuatro modelos de financiamiento: concesión de obra pública, alianzas público-privadas, fideicomisos bancarios y fondos de pensiones.
¿Qué opina de la manera en que este Gobierno ha manejado la pandemia de la COVID-19? ¿Qué cosas haría igual, evitaría o cambiaría?
— En el primer año de la pandemia el manejo fue bueno, pero me parece que en la última parte no ha sido tan bueno, porque han habido muchos desaciertos como querer implementar un código QR, no concientizar de manera adecuada al costarricense para que entienda la necesidad de la vacunación.
También ha fallado sacrificando en demasía la seguridad financiera del país con exceso de medidas restrictivas. Se tardaron demasiado para quitar las medidas restrictivas, que en ese sentido me parece que hubo un abuso en tener tanto el comercio cerrado por tanto tiempo.
En mi gobierno lo que yo haría es garantizar las vacunas oportunamente para todos y todas las costarricenses. Es decir, garantizar que hayan suficientes vacunas de manera oportuna para todos los costarricenses y no que lo estemos recibiendo a cuentagotas.
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Pero si pudiera hacer algo igual, evitarlo o cambiarlo, ¿qué haría?
— Quitaría la medida de restricción vehicular, la que existe actualmente hasta las 11 de la noche y volvería a la normalidad del país. Aceleraría el proceso de vacunación para lograr la inmunidad de rebaño lo más pronto posible.
“En este momento, nadie puede quedar por fuera de la fuerza laboral formal”, dice su plan de gobierno. ¿Cómo hará para generar empleo para los desempleados e incorporar a la formalidad a los trabajadores informales?
— Para salir de la informalidad, que es lo que nosotros hemos llamado “valle de la muerte” se deben disminuir las cargas sociales parafiscales, es decir, sin tocar la parte esencial de la salud.
Las cargas sociales en Costa Rica ascienden al 37%, cuando los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) andan en el orden del 26,5%. Hay una parte que llamamos cargas parafiscales, que es lo que recibe el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular; que asciende a un 7,25%. Eso hay que quitarlo para que la gente tenga más posibilidades de formalizarse.
Por otro lado cuando una persona llega a formalizarse lo primero que le preguntan en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es “¿hace cuánto empezó usted el emprendimiento?” y si la persona honestamente dice “lo inicié hace seis meses, hace un año o hace dos años” le generan una planilla adicional hacia atrás. Eso espanta a la gente. Creemos que se le debe cobrar a la gente a partir del momento en que llegan a formalizarse.
El exceso de tramitología existente es muy cara. Sacar permiso de funcionamiento y patentes, es sumamente caro y eso va en contra de la formalización.
Eliminando esta serie de trabas creemos que la gente llegará a la formalidad y sobre todo a través de un proyecto de ley que estamos por presentar en la Asamblea Legislativa que es que la gente pueda iniciar con la actividad y que tengan un espacio de tres meses para cumplir con los requisitos en la municipalidad para que no arranquen en la informalidad sino que arranquen formalmente.
¿Y para generar empleo para las personas desempleadas?
— Hay que disminuir los costos de la energía eléctrica en Costa Rica para que anden por el orden del 8%, eso nos va a dar mayor competitividad. Aunado a eso, permitiendo pagar el tiempo laborado a la CCSS y permitiendo trabajos de media jornada y que el patrono pueda cotizar por esa media jornada y no con base en la base mínima que cobra la Caja.
La ruta para generar empleo es a través del modelo de zonas francas, el cual genera 200.000 empleos en la Gran Área Metropolitana (GAM). El 50% de sus empleos le corresponden a mujeres y son empleos formales y muy bien remunerados.
Ese modelo vamos a llevarlo a la periferia de Costa Rica a través de una serie de incentivos que hagan atractivo invertir fuera de la GAM. ¿Cuáles? Por ejemplo, para que se pueda instalar una empresa en el parque de zonas francas en este momento en la GAM lo mínimo de inversión son $500.000, nosotros creemos en establecerlo en $200.000, que empresas a partir de $200.000 puedan pertenecer a zonas francas pero fuera de la GAM.
Para esas nuevas empresas fuera de la GAM hay que disminuir los costos de las cargas sociales, como ya lo indicamos. Fuera de la GAM también hay que permitir la generación eléctrica para el uso propio, es decir, para las empresas que están fuera de la GAM y que se instalen en el régimen de zonas francas puedan utilizar paneles solares para la generación de autoconsumo y el sobrante lo puedan vender en el mismo régimen de zonas francas a otras empresas que pertenecen a la zona.
Fuera de la GAM vamos a implementar el turismo de cruceros construyendo lo que hemos llamado “puertos de abordaje y desabordaje” en Puntarenas, Limón y Golfito. También impulsaremos el turismo gastronómico en zonas como Limón, Puntarenas y Guanacaste.
Una de sus propuestas para combatir el desempleo femenino es que la incorporación de las mujeres al trabajo remunerado se constituya en un “bono de género”. ¿En qué consiste esta iniciativa?
— El bono de género lo que quiere decir es que existen 214.000 mujeres que hoy están desempleadas. Las mujeres sufren una triple discriminación: les cuesta conseguir un empleo, ante igual trabajo reciben menor remuneración y son las primeras en ser cesadas cuando hay una reducción en alguna empresa. También se debe equiparar el trabajo no remunerado en los hogares.
Hay que ampliar la cobertura de las redes de cuido, pues el cuido de los menores, los adultos mayores y los discapacitados han constituido un impedimento para que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral.
Hoy las redes de cuido están concebidas para gente en condición de pobreza, cuando deben ser entendidos como una necesidad para que las mujeres se incorporen a la fuerza laboral. Pero sucede que cuando una mujer tiene un trabajo y le cuidan a los niños y supera la barrera de la pobreza extrema en cuanto a los ingresos, la obligan a no dejar más a los hijos en las redes de cuido.
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Usted indica que convertirá a Costa Rica en un centro de operaciones para empresas tipo fintech, ¿cómo pretende concretar esta propuesta?
— Las finanzas y la tecnología deben abrir espacios para la inclusión financiera, es decir, acceso a la banca y a crédito oportuno.
A través del Sistema de Banca para el Desarrollo (SBD) vamos a eliminar una serie de trabas para que el crédito sea mucho más accesible.
Una de las cosas que nos demostró la pandemia es que el costarricense tiene mucha habilidad para emprender. Los jóvenes, particularmente, tienen ideas extraordinarias para emprender, pero no tienen capital semilla y cuando acuden a Banca para el Desarrollo a pedir lo primero que les piden es una garantía.
Hemos presentado un proyecto de avales para que exista un avalista y que este analice la viabilidad del proyecto y una vez que el avalista determine que el emprendimiento es viable, eso represente la garantía para que Banca para el Desarrollo le dé el financiamiento; y todo ese trámite que se realice a través de empresas fintech, propiciando la inclusión financiera y bancaria.
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En su plan de gobierno manifiesta que apoyará la construcción de dos aeropuertos regionales, uno en Limón y otro en San Carlos. ¿Por qué considera que ambos lugares requieren un aeropuerto? ¿De qué forma pretende financiar ambas edificaciones?
— El desarrollo de Costa Rica ha sido fundamentalmente valle centralista, un desarrollo que se ha concentrado en el 4% del territorio, de Paraíso a San Ramón, en detrimento del 96% del territorio nacional.
El 85% del presupuesto se gasta en ese 4% del territorio y tan solo un 15% se gasta en el otro 96%. Eso explica las brechas tan amplias que existen entre la Costa Rica de la Gran Área Metropolitana y la otra Costa Rica, o la Costa Rica de la periferia o la Costa Rica abandonada o la Costa Rica de hombres y mujeres que parecieran ser costarricenses de segunda categoría con base en el poco desarrollo que tienen.
Ya Liberia tiene un aeropuerto que es el Daniel Oduber, hay que ampliar la pista para optimizarlo más. Limón tiene un aeropuerto que legalmente es internacional pero que realmente no lo es. Hay que invertir para que lo sea verdaderamente.
Esos están en dos puntos cardinales: uno en el este y otro en el oeste. El del norte sería en San Carlos y el del sur en Golfito.
¿Cómo lo vamos a financiar? A través de uno de los cuatro modelos de financiamiento que dijimos.
De llegar a ser el próximo Presidente de Costa Rica, ¿cerraría, fusionaría o vendería instituciones públicas? Si es así, ¿cuáles y por qué?
— En este momento el país tiene un desempleo en el orden del 15%, lo que representa casi que 354.000 personas sin empleo. Me parece que hablar de cierre de instituciones, en este momento, sería crear un problema social, agudizar el problema del desempleo.
Si a eso le sumamos que el país tiene un millón de personas en la informalidad más 354.000 sin empleo sería hacer un problema social. Yo sí creo que hay que hacer una reingeniería para buscar mayor eficiencia de las instituciones públicas y basado en esa reingeniería se tomarían las decisiones que corresponden.
¿De momento no podría puntualizar si piensa fusionar o vender instituciones públicas?
— No, lo que haría es una reingeniería y con base en los resultados de esa reingeniería tomaría las decisiones que correspondan.
Usted es representante limonense en la Asamblea Legislativa, ¿cuál es su posición sobre Japdeva y el papel que debe jugar en esa provincia?
— Japdeva tiene dos componentes: “Jap”, que es “Junta de Administración Portuaria” y “deva” que es “de Desarrollo (Económico) de la Vertiente Atlántica”.
Durante sus 56 años de existencia siempre fue autosuficiente e inclusive en muchas oportunidades fue parte de la caja chica del Estado, en el sentido de que se sacaban recursos de Japdeva para cubrir aspectos de orden nacional.
Yo no creo en un monopolio. No permitirle a Japdeva reinventarse y dejar en el mercado solo la nueva terminal de contenedores sería crear un monopolio privado en el puerto más importante del país.
Yo creo que Japdeva debe reinventarse y atender barcos que no sean de contenedores como los graneleros.
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Usted ha manifestado tener “cero tolerancia” a la corrupción. ¿Qué medidas tomará para mitigar esta problemática?
— Vamos a implementar un modelo de prevención, detección y respuesta al riesgo de corrupción y soborno; eso lo vamos a implementar para poderlo detectar en su momento y poder tomar las previsiones del caso.
Vamos a fortalecer el Observatorio de Compra Pública del Ministerio de Hacienda y vamos a crear un sistema automatizado y unificado de trámites para evitar que se hagan gestiones en el sector público a cambio de dádivas.
Vamos a ampliar las competencias de la Contraloría General de la República para que en materia de contratación administrativa no solo revise aspectos de legalidad, en cuanto el refrendo y de contenido presupuestario, sino que revise aspectos generales de oportunidad y conveniencia.
Si la Contraloría estuviera revisando aspectos generales de oportunidad y conveniencia se habría dado cuenta que no era conveniente para el país que dos empresas tuvieran casi 100% de la contratación de la obra pública en este país.
Tenemos en la corriente legislativa un proyecto de ley para fortalecer las auditorías internas de las municipalidades y otro para dar incentivos a las personas que denuncien actos de corrupción, que es un modelo que existe en los Estados Unidos, y que los resultados sean favorables.
¿Qué propone para solucionar la crisis del régimen de pensiones más grande del país, el de Invalidez, Vejez y Muerte?
— No podemos seguir manteniendo la dispersión de regímenes que tenemos. El país en algún momento, no sé cuándo, tendrá que emigrar hacia un único régimen de pensiones para todos y todas las costarricenses, porque no hay costarricenses de segunda categoría ni de primera categoría.
No pueden haber regímenes donde el Estado da cierto aporte a unos, menos a otros, donde unos se pensionen con más edad o menos edad.
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La informalidad en el país es de un millón de personas que no cotizan al régimen y más 354.000 desempleados que tampoco cotizan. Hoy están contribuyendo tan solo 1.342.000 personas, lo que quiere decir que hay más personas no cotizando que cotizando.
Vamos a impulsar que ese millón de personas que no están formalizadas superen la barrera de la informalidad y se formalicen. Si logramos formalizar a ese millón de personas y generar empleo para esos 354.000 estaríamos hablando de casi tres millones de personas cotizando al régimen, lo cual haría que el régimen sea sostenible.
El PRN enfrentó múltiples cuestionamientos por su financiamiento en 2018. Incluso el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) rechazó parcialmente el pago de un rubro al hijo del presidente de su partido, Carlos Avendaño, por considerarlo “visible y notoriamente desproporcionado”. También el propio Avendaño llegó a denunciar la existencia de una supuesta estructura paralela de financiamiento en esa campaña. ¿Qué criterio tiene sobre esa situación?
— Para mí lo resuelto por el Tribunal Supremo de Elecciones en cuanto al exceso de pago salarial en un partido político es inaceptable, trátese de cualquier partido que sea. Me parece que si el Tribunal ha dicho que el monto es excesivo, quiere decir que los partidos políticos deben tener un límite para pagar ciertos salarios y en ese sentido yo avalo plenamente el criterio, del Tribunal Supremo Elecciones, que los fondos del Estado deben resguardarse de la mejor manera y que se deben evitar este tipo de excesos vengan de donde vengan.
En cuanto a lo que me informa usted que denunció el señor Avendaño, de una estructura paralela durante la campaña pasada, yo desconozco los términos de esa situación porque en aquel entonces yo no era candidato del Partido Restauración Nacional y quiero dejar muy claro que yo no tengo injerencia ni tengo nada que ver con la parte administrativa del Partido Restauración Nacional sino que yo solo estoy involucrado en la parte política como candidato que soy a la Presidencia pero que no tengo ninguna participación en la parte administrativa del partido ni quiero tenerla.
