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La idea de aplicar un impuesto mínimo global para tasar a las grandes transnacionales, comandada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y que ahora cuenta con el respaldo de 130 países y jurisdicciones, implicaría un antes y un después para la dinámica de estas compañías, de los países en que tiene sus casas matrices y aquellos que buscan atraer parte de sus operaciones.
La OCDE aseguró que será hasta octubre cuando publique los principales detalles de la iniciativa que espera se implemente en 2023; sin embargo, ya adelantó los dos pilares de acción sobre los que se basará y cuáles son las expectativas de recaudación con los cambios.
EF analizó las siete claves sobre la idea que toma fuerza en el mundo, y que ya es apoyada por Costa Rica. Esto es lo que sabemos sobre el piso impositivo que se propone.
¿Cuál sería el impuesto?
La OCDE reveló este 1º. de julio nuevos detalles sobre la propuesta internacional de imponer un piso de “al menos” un 15% al cobro del Impuesto sobre la Renta para las grandes empresas transnacionales.
Según comunicó la entidad, la idea es aplicar dos pilares para “garantizar que las grandes empresas multinacionales paguen impuestos donde operan y obtienen ganancias”, al mismo tiempo que se “agrega certeza y estabilidad necesarias para el sistema tributario internacional”.
Los pilares del gravamen se pensaron en dos vías, según explicó a EF el director del área de Fiscalidad Internacional de la firma Grant Thornton, Alonso Erak: uno sería para las grandes empresas tecnológicas y otro para el resto de entidades.
- Las grandes empresas tecnológicas –como Google, Amazon o Facebook– tendrían que tributar en los lugares en que realizan sus operaciones y tienen mercados, a pesar de que dividen sus operaciones en distintas partes del mundo
- El resto de las empresas deberían pagar la tasa de al menos un 15% del impuesto corporativo por reclamo del país en el que realizan sus operaciones o, en su defecto, porque lo reclama su país de origen
“El pilar uno se dedica meramente a los negocios digitales para imponer derechos de impuestos en aquellos países donde estos tienen mercado y no solo donde ponen sus oficinas. El pilar dos busca evitar una competencia desleal entre países con sus tarifas de renta”, comentó.
Algo similar analizó Fernando Ocampo, exviceministro de Comercio Exterior (2010-2014) y decano de la Universidad LEAD. Él explicó semanas atrás en una respuesta electrónica a EF que la intención general del nuevo tributo sería “evitar que los países compitan por atraer inversión extranjera directa solamente a través tasa reducidas”.
¿Cuánto dinero se recaudaría?
La OCDE informó sobre sus proyecciones a través de un comunicado de prensa.
Según escribió, el eje relacionado con las grandes empresas tecnológicas permitiría reasignar los derechos impositivos sobre más de $100.000 millones; mientras que el segundo eje, que cubriría al resto de las empresas, permitiría aumentar la recaudación mundial de impuestos en $150.000 millones anuales a nivel internacional.
¿Quiénes apoyan el impuesto?
La propuesta, que trabaja la OCDE desde hace ya varios años y que cobró mayor fuerza con el apoyo del presidente estadounidense Joe Biden, ahora cuenta con el apoyo de 130 naciones que acordaron avanzar con las negociaciones sobre el tema. Estas naciones, indicó la OCDE, representan un 90% de la producción mundial.
El presidente Biden incluso habló de subir la tasa por encima del 20%.
Según declaró el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, “este paquete de medidas históricas garantizará que las grandes empresas multinacionales paguen su parte justa de impuestos en todo el mundo”.
El acuerdo se comunicó apenas un mes después de que, el 5 de junio, los ministros de Finanzas de las potencias del G7 comunicaron su acuerdo en torno al gravamen mínimo a nivel internacional.
El G7 agrupa a Canadá, Estados Unidos, Japón, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido y la Unión Europea como bloque; y en su organización también participan los jefes del Fondo Monetario Internacional (FMI), del Banco Mundial, de la OCDE y del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF).
¿Cuál es la posición de Costa Rica?
Consultado por EF, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró que el país respalda las negociaciones y que además participará directamente en ellas, como miembro de la OCDE. Sin embargo, también aseguró que como país “debemos ser cautelosos para la implementación”.
“Tenemos que observar lo que sucede en otros países y realizar esfuerzos para que esto vaya caminando de una forma multilateral, en la que todos los países vayamos tomando una porción de las ventajas que tiene la idea en su totalidad”, comentó.
Según Villegas, el país será cuidadoso para continuar fortaleciendo su sistema de zonas francas.
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¿Qué podría representar el impuesto para Costa Rica?
El exviceministro Ocampo aseguró a EF semanas atrás que aún es muy temprano para determinar los efectos que podría tener este impuesto sobre Costa Rica y su estrategia de atracción de empresas multinacionales, pues todavía son muchos los detalles que falta por negociar y normar.
En el corto plazo, sí indicó que el régimen de zonas francas costarricense fue evaluado positivamente por la OCDE y cuenta con los sellos de aprobación internacionales. También dijo que los acuerdos ya suscritos para las empresas en este sector no van a cambiar y que tendrían que ser respetados.
Algo similar señaló Erak, este 1º. de julio. En su criterio el pilar uno, enfocado en grandes empresas tecnológicas, no debería provocar mayores inconvenientes para Costa Rica; pero que el segundo sí podría tener implicaciones importantes.
“En el pilar dos sí podemos tener un aumento en recaudación porque ya sabemos que con esta tasa mínima global, sin importar bajo qué régimen esté la empresa o transnacional, al menos va a tener que pagar un 15% de renta y eso va a aumentar la recaudación. Podría significar que a futuro el régimen de zonas francas nuestro mantenga todos los beneficios que tiene hasta hoy, solo que no la exención total del Impuesto sobre la Renta”, concluyó.
Según Erak, esto podría provocar que Costa Rica sea menos atractivo por cuestiones fiscales, pero no borraría la necesidad de seguir incentivando el resto de bondades logísticas y de recurso humano.
El ministro de Hacienda, Elian Villegas, aseguró en una manifestación escrita y publicada a inicios de junio pasado que por eso Costa Rica tiene que ser “sumamente cuidadosa” antes de llevar adelante cualquier cambio, y “seguir trabajando intensamente para fortalecer nuestros elementos internos de competitividad”.
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¿Qué tenemos en juego?
Costa Rica recibió $1.710 millones en IED en 2020, de los cuales un 66,5% provino de Estados Unidos, según datos del Banco Central (BCCR). En 2018 y 2019, sin los efectos de la pandemia del COVID-19, el país percibió $2.336 millones y $2.748 millones, respectivamente.
Las empresas de zona franca representan alrededor de una décima parte del valor bruto de la producción costarricense.
Consultado a finales de abril por EF el presidente de la Asociación de Zonas Francas de Costa Rica (Azofras), Carlos Wong, aseguró que la discusión de la propuesta es “prematura” y que el país debería “esperar”. “No es el momento para hablar de afectar el régimen de zona franca con impuestos”, manifestó a este medio.
¿Más detalles?
La OCDE informó de que los participantes en la negociación ya establecieron un calendario “ambicioso” para la conclusión de las negociaciones, el cual incluye una fecha límite de octubre de 2021 para finalizar el trabajo técnico restante, y un plan para la implementación efectiva en 2023.
Ocampo aseguró que aún quedan muchos detalles por definir sobre la tasa mundial y que queda por ver la posición de países que actualmente tienen posiciones muy disímiles en sus tarifas de renta.
