EscucharDesde hace seis años, Costa Rica ha intentado regular las plataformas digitales que brindan servicios de transporte de pasajeros, como Uber, y no ha logrado crear un marco jurídico para este tipo de plataformas. El candidato presidencial del Partido Liberal Progresista (PLP), Eliécer Feinzaig, tiene una propuesta que persigue cumplir el objetivo planteado por el país años atrás.
Feinzaig explica, en su plan de gobierno, que planteará a la corriente legislativa un proyecto de ley para regular la modalidad de transporte público de pasajeros a través de reglas claras y sencillas para todos (taxis y plataformas digitales), que contenga requisitos de operación (pólizas de seguro, Revisión Técnica de Vehículos (RTV) y marchamo), y posea estándares de calidad que coloquen al usuario como prioridad.
Dos expertos consultados por EF coinciden en que la regularización de plataformas digitales de transporte de pasajeros como Uber, DiDi o InDriver sí puede darse en el país, pero el camino para lograrlo no será fácil pues es probable que una regulación de este tipo, con tantos actores involucrados, conlleve muchos años.
Una eventual implementación de esta medida podría implicar la imposición de nuevos impuestos a la actividad como, por ejemplo, un canon por cada viaje realizado, y el pago de las cargas sociales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) por parte de los conductores.
Asimismo, mientras Costa Rica aún no logra establecer un marco jurídico para este tipo de plataformas, Ciudad de México ya lleva seis años regulándolas y en Reino Unido, Uber considera, desde marzo de 2021, a los conductores de esta aplicación como trabajadores.
El paso a paso
¿Cuál es la ruta a seguir para regular a estas plataformas digitales de transporte de pasajeros?
Para Mario Hidalgo, socio de Impuestos y Legal de la firma Grant Thornton, hay que empezar por lo que ya existe. Desde su perspectiva, se debe reformar la Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi (7.969) para que estas plataformas estén incluidas en ella.
“Nosotros tenemos una ley de transporte público que reconoce cuáles son las modalidades lícitas y a mí me parece que no podemos crear una ley huérfana que no esté en sintonía con el resto del ordenamiento, sería un error. Para mí hay que empezar y oficializar el tema, entonces regular e incluir en la ley de transporte público estas modalidades”, dijo Hidalgo.
Para hacer esa reforma sería necesario pasar por la Asamblea Legislativa.
Además, mencionó que si se desea dotar de otras disposiciones necesarias, se puede hacer un reglamento por aparte, o bien, proponer una ley especial con su propio reglamento, porque la ley contiene aspectos generales y normalmente requiere de un reglamento para aplicar correctamente la normativa que se ha desarrollado.
“Me parece que esa ruta es la lógica que habría que seguir”, aseveró.
Por su parte, Mauricio París, socio especialista en Tecnología de la firma Ecija, comentó que hay que seguir tres pasos para lograr la regulación de las plataformas digitales de transporte de pasajeros en Costa Rica.
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El primer paso es la negociación. París considera que una nueva administración debería sentarse a escuchar a estas plataformas digitales y sus propuestas para una negociación adecuada, pues argumenta que estas no se oponen a una regulación, pero sí a una que en el fondo pretenda sacarlas del mercado.
Luego, el Poder Ejecutivo debería proponer una ley que englobe los aspectos principales de una regulación en materias donde la ley es indispensable como, por ejemplo, la adopción de impuestos, cánones o tasas nuevas; la separación del modelo de transporte colaborativo de los modelos ya existentes de transporte público; y el registro de estas plataformas ante el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).
El último paso, una vez aprobada la ley, sería reglamentar por el MOPT y por el Ministerio de Hacienda, en lo que respecta a cada una de sus competencias, sin exceder los alcances de la ley.
“No es un camino fácil, una regulación de este tipo, con tantos actores involucrados, probablemente tome muchos años, por lo que los últimos seis años han sido una pérdida lamentable de tiempo de las últimas dos administraciones. Se requiere un cambio de enfoque y aceptar que estas plataformas son una realidad que no se puede obviar, y que, en un contexto de desempleo, son la fuente de sustento de miles de familias en Costa Rica y una solución de movilidad altamente aceptada por los consumidores costarricenses”.
— Mauricio París, socio especialista en Tecnología de la firma Ecija
Las implicaciones
De acuerdo con el socio de Ecija, el principal interés del Estado debería ser impositivo, ya sea mediante el establecimiento de nuevos impuestos a la actividad -un canon por cada viaje realizado, por ejemplo-, o mecanismos de recolección de impuestos que ya existen, como la retención de impuesto sobre la renta a los conductores.
Además, los conductores de las plataformas digitales de transporte de pasajeros son trabajadores independientes, y por ende están sujetos a las regulaciones que ya existen en Costa Rica para estas personas autónomas, las cuales incluyen el pago del impuesto sobre la renta y el pago de las cargas sociales a la CCSS.
Con este último punto concuerda Hidalgo, debido a que también considera que regular a estas plataformas implica cumplir con el pago de la seguridad social.
“Eso va a encarecer las tarifas, pero nos acerca más a todos, porque usted ya va a competir de manera leal con un mejor servicio, con mejor comodidad, con una prontitud, pero no con ventajas ocultas como lo es no pagar la seguridad social”, expresó el socio de Grant Thornton.
Fuera de estos aspectos, las regulaciones adicionales que adopte el Estado costarricense tienen que ser razonables y poseer una justificación adecuada.
París mencionó que tres aspectos que a su parecer no serían razonables y no poseen sustento técnico son: imponer un número máximo de personas que puedan dedicarse a esta actividad, considerar que los conductores son empleados de estas plataformas digitales de transporte de pasajeros y que por ende tienen todos los derechos derivados de esa condición, e imponer una multa a las plataformas que han operado hasta ahora en el mercado “como pretendía el proyecto 21.228 del MOPT”.
Otros países
Mientras Costa Rica aún no logra regular este tipo de plataformas, otros países ya han avanzado en esta materia, como por ejemplo México y Reino Unido.
El Gobierno de la Ciudad de México emitió, en julio de 2015, la regulación que permite operar a las plataformas digitales de transporte de pasajeros, luego de la resistencia a su operación, principalmente, de los taxistas tradicionales.
De acuerdo con Bloomberg Línea, la regulación considera el registro de los vehículos y socios conductores ante la Secretaría de Movilidad del gobierno capitalino. También, la aportación de un porcentaje de cada viaje a un fondo, cuyos recursos son destinados a la mejora del servicio de taxis y otras actividades relacionadas con el transporte de la Ciudad de México.
Por su parte, desde marzo de 2021, Uber considera como trabajadores a los conductores de esta aplicación en Reino Unido, por lo que les reconoce derechos laborales como el pago de aportes a pensión por parte de la empresa, acceso a un salario mínimo y vacaciones pagadas.
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Esta medida fue instaurada luego de que esta plataforma de transporte de pasajeros perdiera un caso en la Corte Suprema británica, en febrero de 2021, lo que representa una victoria para los trabajadores; dice una noticia del medio de comunicación France 24.
“Esto sigue a la reciente sentencia de la Corte Suprema del Reino Unido, que proporciona un camino más claro hacia un modelo que otorga a los conductores los derechos del estatus de trabajador y les permite trabajar de manera flexible”, informó Uber en un comunicado.
