“Nosotros no tenemos miedo como industria, el problema es que estamos luchando por los productores y la seguridad alimentaria”, señaló José Luis Bolaños, presidente de la Junta Directiva de Corporación Arrocera Nacional (Conarroz). Hasta dado el aviso por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), la Corporación no tenía conocimiento del contenido del decreto.

Ahora, con el documento en mano y con un período de observaciones que acaba el 1.° de junio, se abre el pulso entre un sector productivo acostumbrado a influir en las decisiones del Poder Ejecutvo y el gobierno del presidente Rodrigo Chaves, que hizo de la reducción de precios una de sus banderas de campaña.

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¿Qué reforma el decreto?

El arroz es el único producto cuyo precio se mantiene fijado por ley en Costa Rica. La Ley de Creación de la Corporación Arrocera (8.285) establece que Conarroz realiza un estudio de costos, tomando en cuenta variables como la cantidad de hectáreas sembradas y el costo de compra de los agroindustriales al productor, y determina el incremento del grano.

Posterior, el MEIC recibe estas propuestas de precios para el análisis, y también elabora un estudio previo para argumentar las razones por las cuales decide fijar una tarifa para el producto en el mercado nacional, antes de autorizar el incremento mediante el decreto.

En el decreto propuesto por la administración Chaves Robles, la fijación del costo se mantiene solo en los precios máximos, según las diferentes calidades de arroz, para los industriales, mayoristas y detallistas. Pero se eliminan los mínimos en los empaques individuales por kilogramo y para el grano entero de arroz pilado a granel en sacos de 46 kilogramos (kg).

Por ejemplo, el precio máximo del kilo del arroz para el consumo final, en la categoría 80% grano entero, se propone sea de ¢702,68 con el impuesto sobre el valor agregado (IVA) incluido. Mientras que la categoría que va de 95% a 100% grano entero, el precio máximo se planteó en ¢975,95.

“Se considera necesario impulsar una mayor competencia en este mercado, mediante la eliminación de la banda inferior (precios mínimos) de todas las calidades de arroz, de manera que las empresas compitan por ofrecer mejores precios y esto se pueda traducir en una disminución del precio final de este cereal″, se lee en el documento en consulta.

Asimismo, el texto destacó que, la “apertura de bandas” le permitirá al sector arrocero enfrentar el proceso de desgravación arancelaria, establecida en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que culmina en 31 de diciembre de 2024. Es decir, a partir de 2025, la importación del grano se podrá hacer libre de impuestos.

“(...) ¿En qué país le dicen a un comerciante ‘usted no puede vender el arroz a menos de tanto o sino, lo sancionamos’? Eso va para afuera y entonces hay una ruta clara. Eso lleva un poco de tiempo porque tenemos 50 o 60 años de regulación de la industria del arroz, que desde nuestro punto de vista no es adecuado”, había manifestado el presidente de la República, Rodrigo Chaves, el 8 de mayo.

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Reacciones

Conarroz instó al Poder Ejecutivo, a que previo a tomar decisiones “trascendentales” para el país, se conforme un equipo técnico en el que participe la Corporación Arrocera como ente público no estatal, tal y como lo establece la Ley 8.285, esto con el fin de mantener un diálogo cercano.

Además, por medio de un comunicado de prensa, Fernando Araya, director ejecutivo de Conarroz indicó que analizarán el decreto y emitirán sus criterios mediante el sistema de consulta habilitado.

Por otra parte, Bolaños señaló que, si actualmente los productores ya realizaron su siembra y están por cosechar, tienen el derecho a reclamar si el precio se libera, ya que les estarían cambiando las reglas del juego.

“Sembraron con un producto regulado y venden con un producto libre, es peligroso porque puede quebrar a muchos productores”, destacó el presidente de Conarroz.

Para el economista, Dennis Meléndez, esta medida no permitiría percibir un beneficio inmediato —como la baja en el precio para el consumidor final— si hay una cartelización de importadores o por el “ruido” que generen los cambios en el precio internacional, debido a la guerra en Ucrania, por ejemplo.

“Eliminar el precio mínimo, no garantizaría que el precio baje, esto porque las condiciones actuales del mercado no sugieren que exista esa fuerza hacia la rebaja del precio”, puntualizó por su parte, el economista, Víctor Umaña.

La Comisión para Promover la Competencia (Coprocom) se ha manifestado en desacuerdo con la regulación del precio del arroz por años. De 1997 a la fecha, la entidad ha realizado casi 20 actuaciones en este mercado entre opiniones, consultas e investigaciones por la presunta comisión de prácticas anticompetitivas.

Viviana Blanco, presidenta de la Coprocom especificó a EF que, la justificación de la regulación se basa en la supuesta existencia de “condiciones anormales” del mercado, entendiéndose por ello, una baja productividad por hectárea, que impacta el costo del industrial y lo hace menos competitivo.

No obstante, dijo que las supuestas anormalidades tienen décadas de existir, por lo que la Comisión ha señalado que no merecen tal calificativo. “La Coprocom ha sido enfática en que cualquier control de precios debe ser utilizado en ocasiones extraordinarias y basarse en estrictos criterios técnicos”, indicó Blanco.

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El mercado

Copiado!

A diciembre del 2021 las importaciones del arroz alcanzaron el 60% del grano consumido en el territorio nacional, esto quiere decir, que Costa Rica solo cosecha alrededor del 40% del arroz que consume, pues el cultivo local ha venido cayendo

El Gobierno decreta cada año un desabastecimiento, mediante el cual se interna el faltante sin pagar aranceles. En caso de importar el grano de otros mercados y fuera de ese mecanismo se tiene que pagar el arancel del 35% vigente.

El sector se compone de 518 arroceros, de los cuales 33 son grandes productores. El 6,3% de los agricultores producen el 60% de la producción nacional que se vende a 10 agroindustrias nacionales inscritas ante Conarroz.

Asimismo, se generan 33.000 empleos directos e indirectos y se cosechan 33.000 héctareas al año, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Datos de Conarroz indican que el valor de producir una hectárea de arroz en el país ronda los ¢1,4 millones; esto resulta en un costo de ¢27.253 (IVA incluido) por un saco de 73,6 kilogramos de arroz en granza, para el productor nacional. Ese precio en 2019 se colocó en ¢21.457.