La electricidad es clave para la producción y la calidad de vida en los hogares, pero en Costa Rica su costo y la continuidad del suministro es diferente entre los 82 cantones establecidos del país.
El Índice de Competitividad Nacional 2022, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad (CPC), expuso el costo de la tarifa eléctrica residencial en cada cantón, con base en datos de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep).
El costo del servicio eléctrico por cantón es medido como el promedio de la tarifa eléctrica residencial mensual durante el año 2021, lo que permite comparar el costo medio en cada territorio.
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Un grupo de 35 cantones comparte el costo más alto que se registró ese año, con un precio de ¢94,6 por kilovatio hora (Kwh). En este primer tramo hay cantones de todas las provincias menos de Heredia, entre los que están Pérez Zeledón, Grecia, Turrialba, Cañas, Esparza y Limón.
En el otro extremo, los cantones de Oreamuno, Alvarado, Paraíso, Cartago y Zarcero presentan el costo más bajo con ¢73,1 Kwh.
Existe una diferencia de ¢21,5 entre los municipios con el costo residencial más alto y el más barato.
Si tomamos en cuenta que el consumo promedio a nivel nacional para el 2022 rondó los 220 kWh al mes, según datos de Aresep, el recibo mensual de electricidad varía de ¢20.800 a ¢16.000 entre los extremos.
Pero este consumo presenta una brecha entre las diferentes áreas de cobertura con más del doble entre la primera y la última. Los usuarios de Coopeguanacaste tienen el consumo promedio más alto con 316,48 Kwh, mientras el más bajo está en Coopesantos con 143,39 Kwh al mes, según datos de la Aresep.
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¿Por qué varía el precio?
La diferencia del precio por Kwh para los hogares radica, en esencia, en los costos que tiene el respectivo distribuidor de energía en la producción de la electricidad.
En el país existen ocho empresas distribuidoras de electricidad que prestan el servicio a un área determinada del país. Estas son el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), y cuatro cooperativas rurales: Coopealfaroruiz, Coopeguanacaste, Coopesantos y Coopelesca.
“Las ocho empresas deben atender una demanda, asociada a la zona de concesión geográfica establecida por ley, en donde la extensión del territorio y la cantidad de abonados son factores determinantes. En este sentido, las inversiones, costos y gastos necesarios para atender su zona difieren entre sí”, comentó el intendente de Energía, Mario Mora.
La tarifa se determina a través de una metodología sustentada en el enfoque de tasa de retorno que reconoce todos los costos operativos, de mantenimiento y administrativos más un rendimiento sobre la base tarifaria.
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En la base tarifaria se incorporan todos los activos útiles y utilizables para la prestación del servicio de distribución.
Para definir la estructura de costos, la Aresep realiza estudios ordinarios que contemplan los costos, gastos e inversiones en que incurre cada empresa para brindar el servicio de distribución.
Las empresas aplican diversos esquemas de tarifas residenciales. Por ejemplo, tarifas horarias o bloques de consumo con precios diferenciados.
Las ocho empresas distribuidoras están autorizadas para generar energía a través de sus propios proyectos y la energía que falta para atender su demanda la deben comprar al ICE. Solamente Coopealfaro no tiene proyectos de generación.
Competitividad
Según encontró el CPC, los cantones menos competitivos presentan la característica de que, en sus territorios, la media de la tarifa del servicio eléctrico es mayor a la de otros cantones, lo que les impone una desventaja competitiva.
“Un impulso a la reducción de costos para la operación de empresas (como tarifas eléctricas) podría tener un efecto significativo en el aumento del dinamismo comercial y constructivo de los cantones”, indicó Mónica Segnini, presidenta del CPC.
Además del costo, la estabilidad del fluido es otro factor que se incluyó en el estudio. El informe concluye que en Costa Rica, en promedio, un usuario del servicio de energía eléctrica sufre nueve interrupciones al año, que totalizan un tiempo promedio de 11 horas sin servicio anualmente.
Esta discontinuidad afecta con mayor severidad a los cantones fuera del Gran Área Metropolitana (GAM), especialmente a los de la provincia de Limón, la Zona Sur, la Zona de los Santos, el Pacífico Central y los cantones de la bajura guanacasteca.
Los cantones con menores niveles de desempeño competitivo son los que presentan las mayores afectaciones por caídas del servicio eléctrico, lo que implica que uno de los determinantes de la competitividad es precisamente la estabilidad en el flujo de la corriente eléctrica.