EscucharLa atención y erradicación de asentamientos informales, popularmente conocidos como tugurios o precarios, se mantiene como un desafío abierto en el sector vivienda en Costa Rica.
Aunque el país ha creado varias instituciones en las décadas pasadas para intentar dar solución a esta problemática, lo cierto es que la cantidad de asentamientos informales ha tendido a crecer.
Esta contradicción la expone el estudio Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2023, elaborado por varias entidades entre ellas el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y presentado a finales de agosto.
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¿Dónde están?
El informe indica que en el país existen 576 asentamientos informales identificados. De muchos de ellos se desconoce cuándo surgieron.
Un grupo de 276 barriadas tiene una fecha clara de aparición. 143 nacieron entre las décadas de 1960 y 1990, otros 127 surgieron entre 1990 y 2012, pero la situación más alarmante la tienen seis asentamientos que existen desde antes de 1960.
Estos son Barrio Nazareth, en Cartago; y El Fósforo, en Liberia, que aparecieron en 1940. También Puerto Soley, en La Cruz, cuyo año de creación fue 1950. Cinco años más tarde surgió Peñas Blancas, en La Cruz; y otros dos precarios nacieron en 1956: Calle La Mora, en Montes de Oca, y El Cocal, en Quepos.
El estudio señala que la dinámica de los asentamientos informales es compleja y se agrava por las debilidades y negligencia de las instituciones y de los gobiernos locales. Esto se evidencia en el hecho de que, aunque se han fundado instituciones para atenderlos, el número de precarios no deja de crecer.
“Luego de la creación del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, los asentamientos siguieron creciendo, así como con la creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, a pesar de los más de 400.000 bonos de vivienda que ha otorgado el Banco hasta la fecha”, indica el estudio.
El Ministerio de Vivienda indicó a EF que la formación de este tipo de barrios es un “proceso vivo y continuo” empujado por múltiples causas. La entidad agregó que, cuando se atienden familias en asentamientos informales mediante el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, estos sitios no necesariamente se erradican, sino que vuelven a ocuparse por otras familias.
Además, el ministerio achacó que suelen surgir submercados informales de suelo y vivienda que contribuye a consolidar la ubicación de población en esas zonas.
La problemática se manifiesta con más intensidad en unos cantones que en otros. Según el estudio, San José tiene más habitantes en asentamientos informales, con más de 28.000 personas.
A este le siguen Curridabat y Desamparados. Entre los primeros 10 lugares aparecen siete municipios de la Gran Área Metropolitana (GAM), a los que se suman Liberia, Limón y Puntarenas.
No obstante, al hacer zoom en los distritos, las cifras toman otra perspectiva, pues permiten identificar dónde están los principales focos de asentamientos informales.
Por ejemplo, el estudio expone una situación más grave en tres distritos del país. La Uruca tiene 19.000 personas en este tipo de barrios, lo que representan el 41% de la pblación del distrito, que pertenece al cantón de San José.
En Tirrases casi 10.000 personas viven en asentamientos y en Río Azul el número se acerca a los 8.000. En estos dos distritos la incidencia supera el 60%.
Intervención
Consultado por EF, el Ministerio de Vivienda aseguró que ha afinado estrategias para atender los asentamientos informales, que incluyen trabajo articulado con las instituciones, con las comunidades y, principalmente, con los gobiernos locales.
Entre estas estrategias están la consolidación, integración sociourbanística, renovación urbana o reasentamiento. La intervención específica depende del análisis de datos y el estudio de las características de cada comunidad.
El país ofrece dos programas enfocados en la erradicación de precarios: el bono familiar de vivienda ordinario y el bono amparado en el artículo 59 de la Ley Sistema Financiero Nacional para la Vivienda (7.052) dirigido a familias de menores recursos.
Según el Banhvi, entre 2013 y 2024 se han atendido 17.880 casos mediante estas dos modalidades. Sin embargo, la asignación de bonos parece desigual. El estudio señala que, aunque un 4% de los distritos concentra el 56% de la población de asentamientos, en la última década estos solo han recibido un 5,8% del total de bonos familiares de vivienda.
Mientras tanto, el Ministerio quiere implementar un nuevo modelo de atención que priorice estas comunidades y haga más efectivas las inversiones.
