Menos de tres horas después de que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se presentara a la Asamblea Legislativa para entregar el proyecto de ley para impulsar un referéndum, el Ejecutivo dio a conocer el contenido de dicho texto en su tradicional conferencia de prensa de los miércoles.
Chaves apareció acompañado de la ministra de Planificación, Laura Fernández, para especificar los temas que desea llevar a consulta popular, en una alocución en la que no faltaron los ataques del presidente a la Asamblea Legislativa y la Contraloría General de la República (CGR). El presidente aludió a la ministra como una de las cabezas detrás de la redacción del proyecto.
El gobierno dejó de lado temas que el propio Chaves había mencionado en su discurso del 2 de mayo como probables materias para un referéndum, entre los que estaban la armonización del sector eléctrico o las jornadas 4x3.
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¿Cuáles son los temas?
La denominada “ley jaguar” incluye cuatro asuntos, todas son reformas legales. Esta característica común podría facilitar su avance, pues el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) ha declarado previamente que un referéndum solo puede consultar por temas relacionados entre sí.
El primer punto que explicó Fernández es una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (7.428). La administración argumenta que busca que la Contraloría “oriente mejor su trabajo”.
Se trata de cinco modificaciones a artículos de la ley y la adición de un párrafo al artículo 22, según el texto. Este nuevo párrafo tiene que ver con la potestad de investigación de la CGR e indica lo siguiente: “en ningún caso el ejercicio de esta potestad suspenderá la ejecución de actos y contratos del Estado y sus instituciones, suspensión que solamente podrá efectuarse mediante la respectiva orden judicial de acuerdo con el ordenamiento jurídico aplicable al caso”.
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El segundo tema es una reforma a un artículo de la Ley de Control Interno (8.292) de las instituciones públicas, la cual toca a las auditorías de cada entidad y a la propia CGR. Sobre esta última, la propuesta indica que “únicamente podrá actuar a posteriori de las actuaciones administrativas para garantizar su legalidad”.
El tercer punto es una reforma parcial al artículo 67 de la Ley General de Contratación Pública (9.986), que trata sobre arrendamientos de bienes inmuebles o bienes por construir, cuya interpretación ha sido el meollo de la discusión entre el Ejecutivo y la CGR en torno al desarrollo de Ciudad Gobierno.
La ministra mencionó que, parte de esta modificación incluye la precisión de que el Estado nunca perderá propiedad de un terreno público.
El cuarto y último punto es la reforma al artículo 5 bis a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva). El fin de esta reforma, según el Gobierno, es permitir la ejecución de alianzas estratégicas. Parte del nuevo texto es que Japdeva puede incluir bienes inmuebles de su propiedad o bajo administración de las partes de la alianza.
Chaves y Fernández comentaron que se dejaron algunos temas por fuera en vista de la restricción que existe sobre llevar a referéndum algunas materias y con el fin de que todas se incluyeran en solo proyecto de ley.
En el documento adjunto puede leer el texto completo propuesto por el Ejecutivo.