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A una hora de Puerto Viejo de Sarapiquí, en el extremo norte de la provincia de Heredia y a solo unos kilómetros del río San Juan (frontera con Nicaragua), los potreros y pastizales abiertos dan paso a un espeso y frondoso bosque primario.
En medio de este entorno se localizan las dos fincas de la familia Fallas Góngora, que juntas suman 244 hectáreas.
Hace casi cuatro años, tras la muerte del padre, el grupo de seis hermanos decidió concursar para ingresar al Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), a través del cual el Estado paga a propietarios por la protección de bosque, entre otros fines.
La respuesta fue positiva y actualmente, entre ambas fincas, la familia protege dentro del programa 157 hectáreas en las que existen especies de flora como el gavilán y el almendro (vital para las lapas). También, en años recientes, se han dado avistamientos de mamíferos como dantas y jaguares, antes poco usuales en la zona.
“Teníamos que ver cómo manteníamos las fincas y el programa nos ofreció esa opción. Nos genera un ingreso sustancioso que aprovechamos para mantener los potreros. Estamos haciendo que el propio bosque mantenga la finca”, contó Berlyn Fallas.
La familia recibe un promedio de ¢36.948 anuales por hectárea protegida, lo que significa un monto total de ¢5,8 millones al año, por un contrato de cinco años, con posibilidad de prorrogarse tras un nuevo concurso.
El único gasto en el que deben incurrir es la contratación de un regente ambiental que realiza visitas periódicas para comprobar el estado del bosque. Para esto están aliados a la fundación Fundecor, una de las organizaciones que brinda el servicio de intermediario entre el Estado y los propietarios, así como de acompañamiento a los dueños de terrenos.
Los Fallas esperan a futuro ampliar el área protegida bajo la sombrilla del PPSA. Sin embargo, esta esperanza se enfrenta a la mayor amenaza que acecha sobre el programa: la falta de presupuesto, que compromete al proyecto que le ha dado reconocimiento mundial a Costa Rica.
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Números rojos
En octubre del año anterior, Costa Rica recibió de manos de los duques de Cambridge y de The Royal Foundation el premio Earthshot en la categoría de “Proteger y restaurar la naturaleza” por su iniciativa del pago por servicios ambientales, con lo que ganó un millón de libras esterlinas ($1,3 millones) que será dedicado a replicar este esquema en ecosistemas marinos.
Lo que probablemente se desconoce a nivel internacional es que el PPSA se encuentra actualmente atado de manos, con reducciones de presupuesto y un futuro incierto. El programa no está en capacidad de contratar nuevas hectáreas y peligra la renovación de los contratos actuales.
“La situación fiscal que atraviesa el país hace que el presupuesto asignado se haya visto disminuido (...). Es claro que, al ver una cantidad de recursos disminuida, la cantidad de área nueva que año con año veníamos ingresando al programa no va a ser posible (incorporarla)”, manifestó Jorge Mario Rodríguez, director del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (Fonafifo).
No obstante, un aspecto positivo es que el PPSA ha logrado una ejecución de casi el 100% de su presupuesto, al menos en el 2021, lo que significa que los recursos disponibles están llegando a los propietarios que protegen y conservan a través del mismo.
Las partidas que se trasladan al PPSA provienen principalmente del impuesto único a los combustibles, con base en la ley 8.114: un 3,6% dividido en un 3,5% hacia Fonafifo y un 0,1% al pago de beneficios ambientales agropecuarios a favor del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Según los datos del Ministerio de Hacienda, los fondos trasladados al PPSA a través del Presupuesto Nacional han disminuido en los últimos años. Estos montos no incluyen presupuestos extraordinarios o superávits.
Según Hacienda, el hecho de que exista por ley una un direccionamiento de fondos para el programa asegura el financiamiento del mismo. No obstante, esto depende también de la cantidad de combustible que se consuma en el país.
Lo cierto es que la pandemia redujo la movilidad de vehículos en los últimos dos años, lo que golpea esta fuente de ingresos.
El Programa Estado de la Nación (PEN) expuso en su informe del 2021 que los recursos que tiene el país para invertir en este programa se han venido reduciendo.
Karen Chacón, investigadora de medio ambiente del PEN, acusó, además, que durante los últimos tres o cuatro años Hacienda le trasladó al programa cerca de ¢12.000 millones menos de lo correspondiente, a pesar del rol crucial que juega el proyecto.
“Este programa es uno de los que más peso tiene o uno de los que más explica la recuperación en la cobertura forestal que el país ha tenido en las últimas décadas”, comentó Chacón.
Los propios datos de Fonafifo muestran que la cantidad de contratos y el número de hectáreas protegidas han tenido una tendencia a la baja.
En el 2010 el PPSA contaba con 1.120 contratos, cifra que se redujo a 603 para el 2020. Ese año las hectáreas protegidas fueron poco más de 35.000, la mitad de lo que existía al inicio de la década.
El PEN llamó la atención especialmente sobre la reducción del 30% entre el 2019 y el 2020, lo que llevó al área de protección a una de las cifras más bajas registradas desde la creación del programa en 1997.
De acuerdo con Rodríguez, para el año 2022, el presupuesto asignado ronda los ¢14.000 millones, lo que significa un aumento comparado al año anterior, y posibilitará “cumplir con todos los compromisos firmados”, según el director.
Pero no se podrá extender a más fincas, pues la demanda de hectareaje que desea ingresar al PPSA rebasa la capacidad financiera de Fonafifo cinco veces, precisó Rodríguez.
La ministra de Medio Ambiente y Energía, Andrea Meza, también ha reconocido –incluso a medios internacionales– la encrucijada presupuestaria que enfrenta el país en temas ambientales. “Con nuestro dinero es poco lo que se puede hacer. Estamos en una situación supercompleja y tenemos que reinventarnos”, dijo Meza al diario español El País a finales del año pasado.
Ante la apretada situación financiera, el Gobierno pone sus ojos y peticiones en la comunidad internacional.
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Puertas en el exterior
El premio económico de Earthshot es el último flujo internacional de dinero fresco que da un respiro al programa.
Estos fondos se invertirán en el diseño de una estrategia para contar con un modelo de pago por servicios ecosistémicos marinos.
“En este momento se está diseñando el plan de trabajo que será remitido con las consideraciones de lo que se pretende abarcar en este ambicioso proyecto. Nos encontramos en una fase de diseño de los componentes y alcance que tendrá el proyecto”, explicó Cynthia Barzuna, viceministra de Agua y Mares.
En palabras del director de Fonafifo, el país está tratando de “internacionalizar” los resultados del PPSA para recibir recursos que vengan a paliar la situación.
“Este programa es uno de los que más explica la recuperación en la cobertura forestal que el país ha tenido en las últimas décadas”.
— Karen Chacón, investigadora de medio ambiente del PEN.
Aquí destacan dos convenios que ha firmado el país.
Uno de ellos es con el Fondo Verde del Clima del 2020, el cual está pagando por los resultados de reducción de emisiones que se dieron entre el 2014 y el 2015 por un monto de $54,1 millones en fondos no reembolsables.
El primer desembolso de este contrato se anunció el 28 de enero y será por $23,9 millones (unos ¢15.300 millones), que equivalen a más de un año de presupuesto y que se invertirán en fortalecer el PPSA en territorios indígenas y privados, así como el control y prevención de incendios forestales.
“Nos hemos movido lo más rápido posible para apoyar a Costa Rica en sus esfuerzos de recuperación y protección social que fomente un crecimiento bajo en emisiones, resiliente y con igualdad de género”, dijo durante el anuncio José Vicente Troya, representante residente en el país del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El segundo es un acuerdo de compra de reducción de emisiones, también del 2020, con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), un fideicomiso del Banco Mundial. Este contrato es por $60 millones y pagará por reducciones verificadas de 12 millones de toneladas de dióxido de carbono logradas hasta el 2025, según publicó el propio Banco en ese momento.
Rodríguez mencionó que esperan que estos recursos ingresen al país este año.
“Estamos haciendo esfuerzos enormes, y creo que con resultados positivos, volviendo los ojos a la comunidad internacional para que los recursos que los países donantes han puesto podamos traerlos a Costa Rica”, aseguró el funcionario.
A nivel local también hay otras iniciativas.
Fonafifo está trabajando en consolidar un modelo que vendría a ser un mercado doméstico de carbono: las empresas que quieren optar por la carbono neutralidad, pero que se les dificulta rebajar las emisiones de sus procesos por razones técnicas o financieras, pueden comprar la reducción de emisiones a través del PPSA.
Para ello, la institución ha creado una metodología que le presenta a las empresas con el fin de tener la certeza de que dicha compensación está siendo efectiva.
A través de estos convenios el ente estatal espera recaudar $500.000 que se invertirán en el programa, pero la intención es ampliar este esquema, más ahora cuando a nivel mundial se está reglamentando el mercado de carbono con base en el Acuerdo de París.
Futuro nublado
Sobre el futuro del PPSA se ciernen nublados en torno a la estabilidad financiera y la continuidad del proyecto, preocupaciones que se extienden a la política ambiental del país en general, un asunto por el que Costa Rica recibe admiración a nivel mundial.
“Más de uno, si no tiene opciones, lo primero que van a hacer es talar, sacar la madera, porque necesitan ingresos”.
— Berlyn Fallas, propietario de finca.
El PEN alertó en su informe 2021 acerca de una “erosión en las capacidades institucionales” en la gestión ambiental que obstaculiza la administración adecuada y sostenible de los ecosistemas y pone en peligro los logros en conservación y biodiversidad.
Por ejemplo, el documento señaló que hubo un recorte en el presupuesto del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) y del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), así como una baja dotación de recursos humanos orientados a la protección ambiental.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda condiciona la continuidad de los recursos para el PPSA al ajuste fiscal que el Gobierno está comprometido a realizar.
“Debido a la situación actual de las finanzas públicas, la capacidad de seguir presupuestando y girando los recursos para el PPSA dependerá del proceso de ajuste fiscal y la creación de espacios de asignación mayores, en virtud de la reducción del componente de intereses dentro del presupuesto nacional”, respondió la Dirección General de Presupuesto Nacional ante consultas de este medio.
En Sarapiquí, los hermanos Fallas escuchan a diario sobre la situación fiscal del país y ven con preocupación las consecuencias que puedan haber para el pago por servicios ambientales.
“Sería lamentable algún recorte (del presupuesto). Créame que más de uno, si no tiene opciones, lo primero que van a hacer es talar, sacar la madera, porque necesitan ingresos”, expresó Berlyn Fallas.
El propietario admitió que el mercado de la madera deja cuantiosas ganancias y que en el país existe gran demanda de esta materia prima. Los hermanos recibirían en ese negocio más de lo que perciben actualmente por razón del pago ambiental, pero optaron por la conservación.
Por su parte, piden más capacitaciones de las instituciones para los finqueros y propietarios para que aprendan de mejor manera cómo manejar sus terrenos una vez que ingresan al PPSA.
También valoran desde ya otras posibilidades de ingresos: un proyecto turístico que lleve a los visitantes a través del bosque conservado, retomar el alquiler de pastos o siembra de cultivos en los terrenos ociosos son algunas de las opciones.
