La diputada oficialista Pilar Cisneros es investigada por la Fiscalía General bajo el expediente 22-000078-0033-PE. La causa obedece al delito de un posible incumplimiento de deberes.
En el caso se indaga el supuesto conflicto de intereses de Cisneros al formar parte de la comisión legislativa que analiza el financiamiento de los partidos políticos.
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Al ser parte de dicha comisión, la diputada y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD)se expone la inhabilitación en cargos públicos por un periodo hasta de cuatro años, de acuerdo al Código Penal.
“Igual pena se impondrá al funcionario público que ilícitamente no se abstenga, se inhiba o se excuse de realizar un trámite, asunto o procedimiento, cuanto está obligado a hacerlo”, se extrae del Código.
Juez y parte
El detalle sobre las acciones por las que se le acusa de conflictos de intereses no son públicos, pero se conoce que radica en su integración en el foro que analiza casos como:
- Grupo que analiza el caso en el que la oficialista es demandada por la agencia de publicidad Madison Revolution S. A., por el no pago de $114.402 (según datos publicados por La Nación) de servicios para la campaña electoral de Rodrigo Chaves, actual presidente de la República.
A su vez, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Ministerio Público investigan la supuesta existencia de una estructura paralela de financiamiento a las cuentas del PPSD, por medio de pagos del fideicomiso Costa Rica Próspera y del banquero Jack Loeb Casanova.
De hecho tres representantes de la compañía Madison Revolution S. A. aseguraron en dicha comisión, el jueves pasado, que Cisneros definía y aprobaba el discurso y narrativa de la campaña.
- El reciente escándalo que desató el trol Piero Calandrelli también involucra a Cisneros. Alberto Vargas, creador del personaje, afirmó que la diputada fue una de las autoras intelectuales detrás de las publicaciones que él hizo para atacar periodistas y diputados.