Los “convoyes de la libertad” en Francia, inspirados del movimiento lanzado en Canadá contra las medidas anticovid, tendrán prohibido protestar en París para evitar el bloqueo de la capital, anunciaron el jueves las autoridades, a dos meses de la elección presidencial.
Cuando varios convoyes pusieron rumbo ya a París desde ciudades como Niza, Bayona, Brest o Perpiñán, este movimiento está en el punto de mira de las autoridades por su posible cercanía con la protesta social de los "chalecos amarillos", que sacudió Francia en 2018 y 2019.
Las fuerzas de seguridad pondrán "en marcha un dispositivo específico" de viernes a lunes "para impedir el bloqueo de calles, para multar y para detener a quienes infrinjan esta prohibición", anunció la prefectura de policía de París, que pidió "firmeza" a los agentes.
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“Iremos a la capital pase lo que pase”, aseguró a la AFP Adrien Wonner, un basurero de 27 años de Normandía (oeste), para quien el objetivo es “hacerse oír” y “no bloquear”. El abogado Juan Branco recurrió la decisión ante la justicia, que examinará el caso el viernes de tarde.
Según fuentes policiales, unas 1.600 personas participaban en los diferentes convoyes el jueves, muchas de las cuales harán solo algunas etapas. Su llegada está prevista el viernes y aunque algunos querían seguir la protesta el lunes en Bruselas, la capital belga la prohibió.
En Canadá, este movimiento, que se extendió también a Nueva Zelanda, bloquea desde hace casi dos semanas el centro de la capital, Ottawa, en protesta contra las medidas contra la COVID-19, aunque su crítica inicial era la vacunación obligatoria para camioneros.
A dos meses de la elección presidencial, uno de los temores en Francia es que la protesta se amplíe también a la cuestión del poder adquisitivo, la principal preocupación de los franceses según los sondeos y que ya galvanizó a los "chalecos amarillos".
Rémi Monde, uno de los iniciadores del movimiento, indicó a la AFP que su principal reivindicación es la retirada “de todas las medidas de coacción o presión vinculadas a la vacunación”, aunque también evocó el poder adquisitivo y el costo de la energía.
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“Nos están robando muchas libertades en base a pretextos que no tienen nada de científicos, ni mucho menos médicos”, dijo a la AFP Xavier Le Gregam, un jubilado que participa en el convoy de coches y caravanas que entre bocinazos partió este jueves de Brest (oeste).
Aunque las protestas contra las restricciones han sido minoritarias en dos años de crisis, un sondeo a mediados de enero de IFOP para Le Journal du Dimanche señala que sólo un 58% de los franceses -sobre todo simpatizantes del gobierno- apoya el pasaporte de vacunación.
“Éxito virtual”
“En Francia, como en el mundo, movimientos políticos, a menudo radicales, han buscado capitalizar [el] hartazgo” ante la crisis de COVID-19, advirtió el miércoles el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, al anunciar el posible fin del pasaporte vacunal para inicios de abril.
Pero en pleno período electoral, la oposición no dudó en pronunciarse. La candidata presidencial de extrema derecha Marine Le Pen dijo "entender" el nuevo movimiento y la izquierda radical de la Francia Insumisa llamó a sumarse.
Una nota del lunes de los servicios de inteligencia apunta que el movimiento puede dar "un nuevo impulso" a los "chalecos amarillos", a los complotistas y a los opositores al pasaporte sanitario, pero precisa que su "éxito es virtual", según la radio pública France Info.
Miles de opositores al pasaporte de vacunación, que permite el acceso a bares y lugares de ocio en Francia, anunciaron de hecho en las redes sociales su apoyo al movimiento, cuyos organizadores se reivindican además como "chalecos amarillos".
Esta protesta, que partió del alza de precios del combustible para convertirse en una revuelta contra el presidente Emmanuel Macron, quedó grabada en la memoria colectiva, sobre todo por las imágenes de saqueos en los Campos Elíseos e incluso en el Arco del Triunfo.
Ante la subida mundial de los precios de la energía, el gobierno del mandatario liberal anunció en las últimas semanas medidas para aliviar la factura de los hogares, como una indemnización única de 100 euros ($114) para 38 millones de franceses.