En un decreto anterior, de la administración Alvarado-Quesada, se establecía que las empresas registrantes podían presentar el respaldo técnico de un solo país miembro del organismo.

Pese al esfuerzo, la problemática de la desactualizada oferta de agroquímicos que se utiliza en suelos nacionales quedaba latente, ya que existía la posibilidad de que un único país no tuviera todos los requisitos que pedía Costa Rica a la hora del ingreso al territorio nacional.

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“Antes solo se podían presentar datos de respaldo de un solo país, mientras ahora se puede agarrar de más de dos países. Esto abre más las posibilidades y facilita completar la lista de requisitos. Además, las nuevas moléculas tienen una responsabilidad mayor con la seguridad ocupacional y la sostenibilidad”, indicó Rubén Calderón, ingeniero agrónomo, investigador y docente de la escuela de Agronegocios del Tecnológico de Costa Rica (TEC).

Calderón también destacó que, el decreto anterior solo estableció la posibilidad de convalidar estudios técnicos para el Ingrediente Activo Grado Técnico, no obstante, se mantenían los problemas para el producto ya formulado. “Costa Rica importa, en una cantidad importante, el producto formulado ya listo para envasar y venderlo. El nuevo decreto incluye no solo el registro de ingredientes activos, sino también el del producto ya formulado”, agregó el ingeniero agrónomo.

Por su parte, la Cámara de Insumos Agropecuarios precisó a EF que tanto el Ministerio de Agricultura, como Presidencia tienen la disposición y apertura de destrabar una parálisis que se inició en 2004. No obstante, afirman que se requiere de decisiones aún más contundentes también con la participación de la Asamblea Legislativa.

Los alcances

De acuerdo a León Weinstok, director y Tatiana Hernández, directora de asuntos regulatorios de la firma BLP Legal la modificación se realizó en el artículo 18 del decreto, y consiste en que las autoridades acepten —junto con el reporte de evaluación emitido por la autoridad reguladora del país miembro de la OCDE— un informe realizado por el registrante detallando los resultados y referencias bibliográficas de todos los informes de pruebas, estudios, así como cualquier otra información relevante que presentaron ante la autoridad competente de un tercer país. Este informe del registrante debe ser avalado por la autoridad reguladora.

“El cambio permite acortar los tiempos de presentación y registro de agroquímicos, debido a que el registrante podrá completar la información faltante (para la inscripción de la molécula) en el reporte de evaluación que emita la autoridad reguladora. Esto evitará que se rechacen trámites de registro de agroquímicos por no contar con documentos oficiales aprobados por otros países miembros de la OCDE”, afirmaron los especialistas.

La reforma otorga alternativas para aportar de forma expedita toda la documentación solicitada por el decreto, con el fin de obtener la aprobación del registro de un agroquímico. Así se evitan reprocesos y gastos en los que las autoridades deben incurrir al modificar o corregir los reportes de evaluación.

El docente de la escuela de Agronegocios del TEC dijo que este decreto llega a resolver las carencias identificadas en el documento anterior, no obstante, no descarta que ahora se descubran otros problemas durante su aplicación, ya que si bien la inscripción será ahora “más fácil”, la revisión de los requisitos podría retrasar el proceso más allá de los 45 días que promete el Gobierno.

Las autoridades habían presentado como ejemplo la inscripción de un plaguicida en 40 días hábiles, entre el 1.° de marzo y el 30 de abril del 2021, es decir, unos 60 días naturales.

“En buena teoría, el decreto agilizará y permitirá un cambio significativo en la inscripción. Las empresas formuladoras tienen mucho interés en registrar agroquímicos por lo que va a provocar una oleada de solicitudes de registro”, manifestó Calderón.

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Riesgos a la competitividad y la salud

El agro padece, desde hace varios años, la afectación de su productividad y la dificultad de obtener certificaciones en los mercados de destino por utilizar agroquímicos antiguos. Muchos productores nacionales incluso siguen utilizando agroquímicos catalogados como peligrosos y restringidos en el extranjero.

En una publicación de El Financiero de mayo de 2019, se evidenció que de acuerdo con datos proporcionados por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), desde el 2007 solo se habían aprobado 19 ingredientes activos y 15 formulados.

Por otra parte, un reciente estudio elaborado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), alertó de que el uso de plaguicidas prohibidos en Costa Rica afecta la salud y atenta contra la vida de los trabajadores de las plantaciones agrícolas, quienes constantemente son víctimas de intoxicaciones.

Los organismos internacionales estimaron que el país incurre en gastos por ¢5.000 millones anuales, que se generan por el pago de incapacidades, medicamentos y tratamientos relacionados con el uso de plaguicidas nocivos.

A estos costos económicos, se suman pérdidas irreparables, como la muerte de 58 hombres de entre 29 y 39 años causada por intoxicaciones con plaguicidas entre el 2010 y el 2020.