Escuchar
El Gobierno de la República presentó a la Asamblea Legislativa un nuevo presupuesto extraordinario para el 2020. En este anuncian la rebaja de ¢62.452 millones en reducción de gasto, producto de recortes en instituciones del Gobierno Central y del menor pago de intereses de la deuda estatal, gracias a la sustitución de préstamos caros por deuda barata.
Pero el nuevo presupuesto no solo tiene rebajas, sino que se suman nuevos recursos para atender la emergencia provocada por COVID-19 y una serie de reasignaciones presupuestarias entre los distintos entes del Gobierno.
Además, el Gobierno anunció que por la aplicación de la Regla Fiscal establecida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (9635), se modificó el decreto que regula la comisión negociadora de salarios del sector público, lo que congela los aumentos de los funcionarios públicos a partir del 2021 y mientras la deuda del país supere el 60% del Producto Interno Bruto (PIB).
Reducción presupuestaria
Los más de ¢62.400 millones que se anuncian en el nuevo proyecto de ley son, en su mayoría, como consecuencia directa de la renegociación de la deuda estatal. En total, ¢50.000 millones vienen de este concepto. Es decir, del pago de deuda cara por otra con intereses más bajos y plazos más largos. El ahorro es específico del pago de intereses que el país ya tenía presupuestados.
Los otros ¢12.453 millones son ajustes en los presupuestos de las instituciones públicas. El proyecto presentado a los diputados detalla las distintas partidas en los programas estatales.
Por ejemplo, el Ministerio de Educación Pública fue el que más recortó gastos con una rebaja presupuestaria de ¢5.865 millones, de estos, ¢2.028 millones corresponden a alquileres, según detalla el documento entregado a los diputados y ¢3.316 millones a trasferencias corrientes a juntas de educación y administrativas
El dinero reducido en conjunto por cada institución se divide de la siguiente manera:
Esta reducción se suma a los ¢70.000 millones aprobados en el primer presupuesto extraordinario.
El proyecto también establece que ¢7.940 millones que obedecen a traslados de partidas de dinero inter e intra institucionales.
Nuevos recursos
El proyecto también incorpora ¢292.342 millones en nuevos recursos. ¢75.000 millones provienen del Instituto Nacional de Seguros (INS) y serán dedicados al pago de los bonos proteger.
De este dinero, ¢50.000 millones se destinarán al Ministerio de Trabajo y los restantes ¢25.000 serán enviados al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS). Según datos del Gobierno, este dinero beneficiaría aproximadamente a 200.000 personas
LEA MÁS: Hace 30 años Costa Rica renegoció su deuda externa
Los ¢217.342 millones restantes, provienen de nuevos préstamos.
En específico, ¢131.613 millones, son parte del crédito externo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Programa hacia una Economía Verde: Apoyo al Plan de Descarbonización de Costa Rica. Los restantes ¢85.729 millones son un préstamo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), para financiar el Programa de Apoyo Presupuestario para el fortalecimiento de las políticas de implementación del mismo plan.
Parte de este dinero se destinará a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). En total, serán ¢33.000 millones para “solventar la disminución de ingresos por caída de contribuyentes a la seguridad social, provocada por la pandemia”, según detalló el Ministerio de Hacienda a través de un comunicado. Hacienda no detalló el concepto de este movimiento de recursos hacia la CCSS.
Salarios públicos congelados
Una modificación al decreto que regula la comisión negociadora de salarios del sector público detalla que bajo la aplicación de la Regla Fiscal los salarios de los funcionarios públicos del país no podrán crecer mientras la deuda del país supere el 60%. Esto congela los aumentos de los funcionarios públicos a partir del 2021, lo que representa un ahorro de ¢23.000 millones por año para el Estado.
Según estimaciones de Hacienda, esta medida se aplicaría por los próximos cuatro años, mientras la deuda se mantenga superior al 60%, lo que significan ¢92.000 millones en total.
“Ante situaciones de este tipo -de déficit fiscal- el aumento salarial para el sector público se torna improcedente, no solo porque no existe dinero para poder realizar este tipo de erogaciones, sino además como un acto de solidaridad hacia el resto de la sociedad costarricense”, declaró el nuevo Ministro de Hacienda, Elián Villegas.
Reajuste en la deuda
El presupuesto también detalla una rebaja de recursos de colocación de títulos valores de largo plazo por un monto de ¢183.007 millones. El objetivo es aplicar un cambio de fuente al pago de amortización de deuda con los recursos del BID ($320.000 millones).
