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El Gobierno busca acelerar el paso del proyecto de ley para crear un Fondo Nacional de Avales y Garantías que permita a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus acceder a financiamiento para evitar cierres y despidos.
El Ejecutivo presentó la iniciativa ante la Asamblea Legislativa el pasado 6 de agosto como uno de los proyectos estrella para buscar la reactivación económica en medio de la pandemia. Sin embargo, tres meses después el expediente se mantiene estancado en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
El fondo de avales procura que las empresas afectadas por el golpe de la crisis puedan obtener recursos de la banca por un periodo de hasta 24 meses, de esta manera el Estado respondería por los deudores que tienen negocios formales con la condición de que mantengan el empleo y después puedan crecer.
Para impulsar su avance, el Gobierno propuso un texto sustitutivo, la tarde de este miércoles 11 de noviembre, en el que introducen cambios al primer expediente.
Adiós al fideicomiso
Uno de los principales ajustes es la eliminación del fideicomiso, el Ejecutivo había propuesto inicialmente que el Instituto Nacional de Seguros (INS) fuera en fideicomisario −administrador del dinero−, pero la Contraloría General de la República (CGR) aclaró que es una función que excede las competencias de esa entidad.
En el texto sustitutivo se plantea que los recursos sean administrados por el Ministerio de Hacienda directamente, mediante la creación de un Programa Nacional de Avales y Garantías que tendrá un consejo rector conformado por el ministro y por dos asesores externos cuyos perfiles serán definidos por el reglamento posterior.
El programa de Hacienda tendrá una unidad ejecutora con un jerarca que trabajará en la implementación y aprobación de los avales.
Elian Villegas, ministro de Hacienda, sostiene que al eliminar la figura del fideicomiso y optar por un programa directo se reduce a cero el costo por la administración de los recursos que podría alcanzar hasta el 1% sobre el activo total.
Dinero vía presupuesto
El segundo cambio más relevante tiene que ver con la capitalización del fondo de avales. Antes el Gobierno pretendía utilizar $300 millones provenientes de crédito internacional con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
En el nuevo planteamiento, el fondo se nutrirá con ¢180.000 millones (casi $300 millones) de los cuales únicamente ¢36.000 millones provendrán del empréstito con el BCIE, el monto restante será aportado por Hacienda a través del presupuesto nacional, en un periodo de cinco años.
“El crédito con el BCIE es de apoyo presupuestario, pero también tiene un componente para financiar avales, así está en la exposición de motivos del proyecto de ley. Entonces tomaríamos una parte de ese préstamo y el resto de la presupuestación normal”, indicó Villegas, consultado por EF.
Otra modificación es la cobertura, en la primera versión se establecía hasta un 80% por pérdida esperada, pero la cifra se redujo al 60%, tras una recomendación del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Además, se le permitirá a las empresas afectadas buscar reestructuración de deudas que ya tienen, o bien, acceder a crédito para capital de trabajo e inversión.
Panorama en el Congreso
Los cambios para agilizar el trámite del proyecto en Cuesta de Moras, no libran el texto de nuevos análisis y cuestionamientos por parte de los diputados.
Ana Lucía Delgado, congresista del Partido Liberación Nacional (PLN), recuerda que ahora se debe desarrollar un proceso de consultas con todos los actores implicados.
La liberacionista reconoce que la nueva versión recoge recomendaciones de la Contraloría, del BCCR y del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa; pero tiene que revisarse con detalle.
“Lo que queremos es no desvirtuar el objeto del proyecto que es precisamente dar un mayor flujo de caja a todas aquellas empresas pequeñas y medianas que lo requieren en una situación económica como la que tenemos en el país en este momento”, puntualizó.
Para la diputada María Inés Solís, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), la apuesta del Gobierno es débil porque no genera seguridad ni ofrece garantías sobre el uso del dinero para el fin que se pretende, sobre todo ante la adversa situación de las finanzas públicas.
Una de las principales preocupaciones de Solís es que el dinero del fondo se mantenga en la Caja Única del Estado y se convierta en una opción para el Ejecutivo cuando tenga mayores necesidades económicas.
Sobre este punto, el ministro Villegas defendió que los recursos se utilizarán como una partida regular en el flujo de cuenta corriente del Gobierno.
A criterio del jerarca de Hacienda, uno de los beneficios de mantener el dinero en Caja Única es que no genera costos adicionales, mientras que si se tramita por medio de un fideicomiso se incurre en gastos de administración.
Laura Guido, diputada del Partido Acción Ciudadana (PAC), espera que el proyecto avance en su trámite, pero tiene claro que se deben hacer consultas nuevamente a todos los involucrados.
La nueva versión de la iniciativa fue revisada en la Comisión de Hacendarios este martes 10 de noviembre y contó con los criterios favorables de Alberto Dent, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif); Rocío Aguilar, jerarca de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef); Rodrigo Cubero, presidente del BCCR; y Pilar Garrido, ministra de planificación y coordinadora del equipo económico.
