EscucharEl Gobierno de la República confirmó este jueves 27 de enero que presentó un veto parcial al proyecto de cannabis medicinal y cáñamo industrial, tal y como había dejado entrever el lunes anterior.
La causa del veto es la disconformidad del Ejecutivo con los artículos del texto que tienen que ver con el autocultivo y autoconsumo para pacientes.
Si bien el lunes el ministro de Salud, Daniel Salas, expresó su preocupación por el límite permitido de hasta 1% de tetrahidrocannabinol (THC) para los productos que se comercialicen en el país, este tema se excluyó del veto.
El THC es el componente psicoactivo de las plantas Cannabis, presente en mayor medida en la marihuana.
El Ejecutivo planteó eliminar los artículos 25 y 26, así como modificar el artículo 5 para que el cultivo del cáñamo y sus productos estén permitidos “de conformidad con lo establecido en esta ley y su reglamento”.
El presidente de la República, Carlos Alvarado, dejó ver en un video publicado en sus redes sociales que apoya el cannabis medicinal y el cáñamo. “Dejemos esto muy claro, estoy de acuerdo con todos esos objetivos y quiero poder firmar esta ley”, aseveró, pero agregó que ha recibido criterios que recomiendan “solucionar” aspectos del texto aprobado por la Asamblea Legislativa hace casi dos semanas.
Alvarado también aseguró que existen sectores que desean plantear esta discusión como un “duelo” entre conservadores y progresistas, pero descartó que ese sea el tema y afirmó que, en lo personal, estaría de acuerdo en aprobar el uso recreativo del cannabis.
Propuesta
El Ejecutivo informó que presentó una “ruta de soluciones” para enmendar sus disconformidades con el proyecto.
La primera es el mismo reglamento de la ley aprobada, otra es un proyecto de ley complementario para realizarle algunos ajustes y el tercero es el propio veto presentado este 27 de enero.
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Alvarado prometió que, una vez esté corregido el texto, el Gobierno trabajará en sacar el reglamento de la ley antes de que concluya su mandato.
También indicó que el proyecto de ley de reforma buscaría redefinir algunas cuestiones relacionadas con las competencias institucionales, de modo que “sean compatibles con la normativa nacional”. El mandatario señaló que este ya está elaborado y se presentará “con prontitud” a la Asamblea Legislativa.
“Las soluciones presentadas responden a las solicitudes y preocupaciones de diferentes jerarcas y sus instituciones y solventan las problemáticas presentes en el texto”, indicó Presidencia mediante un comunicado de prensa.
Tal y como lo indica el procedimiento, este veto y la propuesta del Ejecutivo deben entrar a la comisión que dictaminó el proyecto de ley originalmente, la cual tendrá un plazo de un mes –prorrogable– para elaborar un informe en el que incorpore o no los cambios solicitados.
Si los diputados acogen el veto presidencial en comisión, con sus propuestas de modificación, entonces deberán votar la iniciativa de ley nuevamente en primer y segundo debate. Si la comisión decide rechazar el veto, entonces los propulsores de la iniciativa tendrán que conseguir 38 votos para ‘resellar’ el proyecto y forzar su aprobación sin cambio alguno.
