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Helio Fallas, exministro de Hacienda y exvicepresidente de la República en el gobierno de Luis Guillermo Solís, se abstuvo de declarar la mañana de este miércoles ante el órgano director de la Contraloría General de la República (CGR) que investiga posibles faltas civiles relacionadas con el caso del hueco presupuestario.
Fallas y su abogada Maribel Gutiérrez decidieron no ofrecer declaración ni prueba documental ante el ente contralor bajo el alegato de que el caso también se encuentra en una investigación en la Fiscalía.
Entre febrero y marzo del 2018, durante la gestión de Fallas, Hacienda pagó ¢188.000 millones en bonos de deuda pública sin contenido presupuestario, es decir, sin aprobación de la Asamblea Legislativa.
La mañana de este miércoles iniciaron las audiencias por el caso conocido como “hueco presupuestario” ante el órgano director del procedimiento administrativo que se tramita en la Contraloría.
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Las audiencias están programadas para este miércoles 6 y jueves 7 de junio.
Los comparecientes por este caso son Fallas; Rocío Aguilar, ministra de Hacienda; Melvin Quirós, director de Crédito Público; Marta Cubillo, tesorera nacional y exviceministra de Egresos; y Julio Espinoza, exdirector de Crédito Público.
La Ministra de Hacienda no se presentó a la comparecencia de este miércoles, pero es representada por el abogado Carlos Andrés Arguedas.
La investigación es dirigida por Juan Gabriel Monge (quien preside), Jesús González Hidalgo y Esteban Villalobos de la División Jurídica de la Contraloría.
El hueco presupuestario
El gobierno de Luis Guillermo Solís heredó un desajuste presupuestario de casi ¢900.000 millones a la administración de Carlos Alvarado y el tema desató una fuerte discusión política en la Asamblea Legislativa –que emitió un informe el pasado 20 de mayo– y ahora se desarrolla un procedimiento administrativo ante el ente contralor.
Apenas habían pasado dos meses desde que Carlos Alvarado se sentó en la silla presidencial y ya las malas noticias sobre las precarias y mal administradas finanzas públicas le caían encima. Era julio del 2018 y el Ministerio de Hacienda encontró un faltante inicial de ¢600.000 millones para cubrir amortizaciones de deuda interna que no habían sido contempladas en el gobierno de Solís.
Para enfrentar este faltante de recursos que no fueron presupuestados a tiempo por la administración Solís Rivera, el gobierno de Alvarado envió en agosto un primer presupuesto extraordinario al Congreso que fue aprobado el 4 de setiembre.
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Este error en el cálculo provocó que Hacienda ejecutara pagos sin contenido presupuestario desde febrero del 2018. La ministra de Hacienda, Rocío Aguilar y la Contraloría alertaron sobre esta situación.
Desde junio del 2018, ya bajo la gestión de Aguilar, Hacienda empezó a cancelar ¢400.000 millones en bonos de deuda pública que estaban fuera del Presupuesto Nacional aprobado previamente por el Congreso.
Pero el hueco se hizo más grande. El 10 de setiembre el Ministerio de Hacienda presentó un segundo presupuesto extraordinario por ¢318.000 millones para enfrentar una disminución en los ingresos estimados inicialmente por el gobierno de Solís debido a que no se concretaron las colocaciones que permitirían tener acceso a esos recursos.
El segundo presupuesto se aprobó el 23 de octubre en medio de un candente debate político en el que la oposición no dudaba en señalar a Luis Guillermo Solís como el responsable del hueco presupuestario.
Investigación en el Congreso
El pasado 20 de mayo los diputados aprobaron en el plenario legislativo un informe en el que solicitaron enviar el caso del hueco presupuestario a la Fiscalía General de la República.
Ese día 40 legisladores dieron sus votos para avalar por mayoría la inhabilitación del expresidente de la República, Luis Guillermo Solís, para ejercer cargos públicos por cuatro años y, además, solicitaron a la Fiscalía investigar penalmente a siete funcionarios relacionados con el hueco presupuestario.
La investigación desarrollada únicamente por diputados de oposición concluyó que podrían recaer sanciones civiles y penales sobre Solís, Fallas, Cubillo, Espinoza y Quirós y también sobre Marjorie Morera, exdirectora de Presupuesto Nacional.
Los legisladores también acusaron de posibles faltas civiles a Rocío Aguilar debido a que el Ministerio de Hacienda pagó ¢400.000 millones a acreedores sin que existiera contenido presupuestario y sin que el Congreso autorizara ese gasto por las omisiones de la administración Solís Rivera.
