EscucharJapdeva suma ya dos años de un costoso proceso de transformación, a partir de la aprobación de la reforma legal que se tramitó en octubre de 2019 para ese fin. Desde entonces, no ha logrado alcanzar su prometido balance financiero y la reestructuración sigue “a medio puente”, en palabras de su propia presidenta ejecutiva.
La entidad tampoco ha podido consolidar su nuevo modelo de negocio, empantanado con la llegada de la pandemia de la COVID-19.
Este fenómeno mermó aún más sus ya de por sí insuficientes ingresos, disminuidos abruptamente por la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), operada por APM Terminals.
La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) incluso tramita ahora una autorización para acceder a ¢6.000 millones adicionales en lo que resta de este 2021, a través de un presupuesto extraordinario bajo análisis de la Asamblea Legislativa.
Según argumenta la institución, con estos recursos podría dar continuidad a sus operaciones portuarias –disminuidas por la emergencia sanitaria– y también a su proceso de reestructuración interna, que se detuvo por un embargo judicial que congeló sus cuentas por 12 meses.
Para la reconfiguración de sus operaciones, Japdeva ya ha recibido autorizaciones de gasto por unos ¢49.000 millones; y ahora se sumarán nuevos recursos.
La jerarca de la entidad, Andrea Centeno, dijo esperar que los nuevos ¢6.000 millones sean suficientes para dejar la entidad “enrumbada a su equilibrio”. Sin embargo, reconoció que esta es una tarea que siempre estará sujeta a riesgos por “factores exógenos”, como los que ya ocurrieron con el congelamiento de cuentas o la pandemia de COVID-19.
Centeno afirmó el 23 de septiembre pasado ante los diputados de la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios que pedir más recursos deja “un sentimiento de desazón”; pero subrayó que es necesario para apuntalar los esfuerzos que ya se han puesto en marcha con una gran inversión de recursos.
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El rescate inicial
El proceso de reestructuración de Japdeva arrancó oficialmente con la aprobación en el Congreso de la Ley de Transformación de Japdeva (9.764), en octubre de 2019.
Esta norma brindó a la institución, entre otros detalles, los mecanismos suficientes para desprenderse de un 80% de su personal a través de un sistema de prejubilaciones, para trabajadores mayores de 55 años; y de otras opciones de movilidad laboral, con programas de traslados e incentivos de hasta ocho salarios más prestaciones.
El proceso de transformación se hizo urgente con la entrada en operaciones de la TCM, en Moín, la cual se quedó con la mayor parte de la carga contenerizada y provocó una reducción abrupta de los ingresos corrientes de la Junta.
Los ingresos de Japdeva mermaron en unos ¢27.000 millones, solo entre 2018 y 2019; y luego el coronavirus agravó la situación.
Este panorama se sumó a una tendencia deficitaria de la institución en los últimos años, que ya se mantenía pérdidas anuales consecutivas –aunque en medidas inferiores– por un período de seis años.
El desajuste se alimentó por una carga en remuneraciones que superó la debida para la institución, pero también fue alentada por malas decisiones de anteriores administraciones.
Por ejemplo, Japdeva efectuó la compra de dos grúas previo a la entrada en operaciones de la TCM, por unos ¢10.000 millones; las cuales se recibieron apenas en 2017 y luego fueron subutilizadas. Hoy, ambas dejan pérdidas por unos ¢910 millones al año, según declaró Centeno a La Nación.
Este panorama provocó que el Congreso tuviera que girarle a la entidad dos ‘salvavidas’ para frenar la hemorragia en 2019. Uno se lo otorgó en julio, por ¢5.753 millones, y otro en octubre, por ¢17.900 millones.
El primero dio oxígeno a la institución mientras se aprobaba su plan de reestructuración en el Congreso; mientras que el segundo buscó financiar las liquidaciones incluidas en este, entre otros gastos.
Además de estas inversiones, el programa de reestructuración incluyó planes de prejubilación que, según las estimaciones oficiales, implicará erogaciones por más de ¢15.000 millones en los próximos 10 años.
Este sistema permitiría a los trabajadores mayores de 55 años de la institución prejubilarse con un aporte mensual correspondiente al 63% del promedio de sus 12 mejores salarios en sus últimos cinco años cotizados, hasta el momento de la pensión oficial.
Es decir, en total hablamos de inversiones por ¢39.000 millones.
Además, la Ley de Transformación le brindó a Japdeva la posibilidad de acceder a ¢10.000 millones de superávits institucionales, aunque a modo de préstamo.
Esos recursos ya ingresaron a las arcas de la institución: ¢3.500 millones los aportó el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), en diciembre de 2019, y ¢6.500 millones el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), en octubre de 2020.
Los recursos del Inder finalmente se utilizaron para el pago de remuneraciones, según explicó Centeno; y los de Cosevi, mayoritariamente, en la operación del puerto y algunas liquidaciones.
Con todos estos ¢49.000 millones se pretendía dar liquidez suficiente a Japdeva para que redujera su planilla al máximo y reorientara sus operaciones. Sin embargo, los planes no salieron según lo esperado.
La nueva insuficiencia
Ahora Japdeva solicita una nueva inyección de ¢6.000 millones adicionales, vía presupuesto extraordinario. De ellos, dos terceras partes se destinarían a gasto corriente, en pago de salarios y contribuciones sociales; mientras que la tercera parte restante financiaría nuevas liquidaciones que no se lograron concretar antes.
Una parte de esta solicitud Japdeva la explica por la pandemia de COVID-19. La entidad asegura que la pandemia le representó menos operaciones, pues esta redujo aún más el ingreso de cruceros y buques.
En la exposición de motivos del proyecto de presupuesto, Japdeva reconoció que le ha sido imposible saldar su desajuste con “nuevos negocios”.
Según argumentó, la pandemia redujo la importación de combustibles en 30 buques (el 26% de los buques atendidos) y también hizo mella en la importación y exportación de concentrados de jugos, productos químicos, arena, piedra y autos, entre otros insumos, lo cual representó 24 barcos graneleros menos (el 50% de los atendidos en 2020).
Asimismo, cayó la llegada de cruceros en 42 barcos (un 44% los atendidos en 2020).
A partir de 2021, además, la empresa Del Monte dejó de utilizar barcos paleteros por portacontenedores, lo cual representó una caída adicional de 70 buques anuales y del 6% de los ingresos, según la entidad.
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Otra gran parte de la culpa de este nuevo rescate financiero, el Gobierno se la achaca al embargo que sufrió la Junta sobre sus cuentas financieras, por un total de 12 meses. Así ocurrió, por una disputa legal que entablaron representantes de los trabajadores, relacionada con el pago de incentivos monetarios.
Este embargo le impidió a la organización acceder a un 29% de sus recursos para el proceso de liquidaciones de personal, entre mayo de 2020 y abril de este 2021, y le obligó a mantener su planilla en con 258 personas más de las que debía.
Según el oficio PEL-832-2021 del 10 de agosto, suministrado a la Contraloría General de la República (CGR); el costo del embargo para la partida de remuneraciones se estimó en ¢5.655 millones.
El presidente Carlos Alvarado incluso llegó a asegurar que el sindicato de trabajadores se había convertido en “el peor enemigo de Japdeva”, el 17 de septiembre pasado, en atención a la prensa.
La administración de Japdeva incluso se vio obligada a utilizar parte de los recursos que Cosevi le prestó, por concepto de superávit, para llenar el vacío que dejó el embargo. Sin embargo, no fue suficiente para estabilizar la situación y realizar el recorte requerido de la planilla.
Junto con el embargo de cuentas, el sindicato de trabajadores ha tenido otros enfrentamientos importantes con la administración de la Junta Administradora en las últimas semanas, relacionados con la salud financiera de la institución.
Por ejemplo, el periódico La Nación dio a conocer el 24 de septiembre pasado que el proceso de renegociación de la colectiva fue declarado como “fracasado” por la administración, y que la construcción final del nuevo documento ahora quedaría en manos de un juez laboral, si se acoge dicha declaratoria.
Para el año 2018, los recursos de la convención colectiva le costaban a la entidad un 25% de sus ingresos.
El sindicato de la entidad, sin embargo, ha rechazado las culpas en declaraciones a la prensa y acusa a la administración de una gestión deficiente para acceder a nuevos negocios.
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Para llenar el vacío financiero que provocaron estos inconvenientes es que ahora Japdeva solicita ¢6.000 millones adicionales, los cuales deberán ser financiados con títulos valores de deuda interna.
La contralora general, Marta Acosta, lamentó que este y otros rescates financieros que se han otorgado a Japdeva se pudieron evitar con una mejor planificación previa a la entrada de operaciones de la TCM, en 2018. Así lo hizo, como parte de su análisis sobre el proyecto presupuestario en el Congreso.
Los apuros financieros también abren espacio para la incertidumbre sobre otras inversiones y proyectos a largo plazo que pretendía la entidad; como el establecimiento de un parque industrial, una marina o un muelle para cruceros.
Lo que falta
Japdeva contaba, hasta mayo de 2018, con 1.405 plazas para esa misma cantidad de trabajadores. Hoy la institución reporta tener 794 menos.
Sin embargo, restan unas 200 personas por cesar.
Según información dada por la entidad a la CGR, este proceso implicará erogaciones por ¢4.750 millones en lo que resta de 2021.
La CGR urge la tramitación de estos recursos, “ya que cada día adicional se traduce en aumento en las obligaciones”, afirmó Acosta.
Algunos de los exempleados, sin embargo, han sido preparados durante año y medio para eventuales contrataciones tercerizadas. Este es un logro que celebra la presidenta ejecutiva Centeno.
La entidad asegura que la movilización laboral ha sido el punto prioritario del proyecto de transformación por un motivo obvio: las remuneraciones son el factor con un mayor peso en el desajuste financiero de la entidad.
La brecha entre ingresos y gastos de Japdeva se agudizó con la entrada en operaciones de la TCM y alcanzó los ¢2.650 millones mensuales. Hoy, Centeno asegura que es varias veces menor, pero todavía se mantiene en ¢632 millones mensuales.
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Jheynold Lunan, gerente portuario de Japdeva, aseguró en audiencia legislativa que la empresa estatal ha logrado reducir gastos, pero que también trabaja para atraer a más inversores.
Indicó que han identificado clientes interesados en disminuir sus costos operativos, a través de Japdeva. Se trata de embarcaciones atraídas para descargar en el Caribe, sin tener que pasar por el Canal de Panamá. Para concretar estas operaciones, afirmó el funcionario, solo se requieren algunos ajustes de infraestructura.
Pese a esos esfuerzos, Japdeva hoy calcula atender a un 16% del mercado que tenía antes de la entrada en funciones de la TCM. La Junta no ha logrado capitalizar el descontento de sectores exportadores con las tarifas de la TCM.
Pese a la hemorragia financiera de los últimos años, la presidenta ejecutiva Centeno defendió la importancia de la institución en el Congreso y brindó algunos números sobre lo que todavía significa para la región caribeña.
Recordó que también sostiene funciones de supervisión de la TCM, que es la concesión más grande del país; que administra más de 132.000 hectáreas de terrenos; y que vale unos ¢250.000 millones en activos.
“Ahora somos una Japdeva más chiquitita y más eficiente, pero estamos a medio puente”, puntualizó.
