Tras casi dos años de negociaciones, los 164 países de la Organización Mundial de Comercio (OMC) alcanzaron este viernes 17 de junio un pacto “sin precedentes” que permite a los países en vías de desarrollo fabricar durante cinco años las vacunas contra el coronavirus, sin pagar regalías.
Pero la decisión de suspender temporalmente las patentes de las vacunas anticovid es un acto simbólico cuyo alcance real es desconocido, señalan expertos.
Ello incluye la tecnología del ARN mensajero, una novedad científica que propulsó los tratamientos contra la pandemia. Los países que lo deseen podrán utilizar ese método sin tener que contar con la autorización del laboratorio que lo descubrió.
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Organizaciones no gubernamentales y potencias regionales como Sudáfrica o India reclamaban ese derecho.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aunque el 60% de la población mundial ha recibido dos dosis de vacuna anticovid, la situación es muy desigual. En Nigeria solamente ha sido vacunada el 8% de la población, menos del 5% en Camerún, el 17% en Libia.
El statu quo actual “equivale a un sistema de apartheid vacunatorio”, según Tendayi Achiume, relatora especial de la ONU sobre discriminaciones.
¿Demasiado tarde?
Es la primera vez que se adopta un suspensión de patentes en el seno de la OMC.
En 2001, la organización votó la creación de un mecanismo de licencia obligatoria sobre los tratamientos de triterapia contra el VIH, es decir, la autorización para los países en desarrollo de utilizar de reproducir esas fórmulas farmacéuticas, aun sin el acuerdo de sus creadores.
Eso permitió disminuir el precio de los tratamientos, aunque los laboratorios mostraron su descontento.
Este nuevo acuerdo supone "un paso hacia adelante" respecto a las licencias obligatorias que se crearon jurídicamente en 2001, explica François Pochart, del gabinete August Debouzy.
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"Los Estados pueden decidir por si mismos, sin tener que hacer una demanda. La verdadera novedad es que la derogación permite también al país que va a producir la vacuna exportar a otros mercados, hacia otro miembro que sea admisible, y no solamente para su propio país", explica.
Sin embargo, la industria farmacéutica advierte que la producción de vacunas ya es muy elevada. A mediados de junio ya se habían producido cerca de 14.000 millones de dosis en todo el mundo, según el gabinete de análisis de datos científicos Aifinity.
Algunos productores, como el gigantesco Serum Institute of India, decidieron incluso interrumpir su producción, ante la falta de demanda.
El problema desde el principio fue la distribución. Numerosos países productores bloquearon las exportaciones en nombre de la soberanía sanitaria, resalta Thomas Cueni, patrón de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica (Ifpma). "Eso no ha sido tratado correctamente por la OMC", denuncia.
Y además subsisten los problemas de logística para distribuir medicamentos que requieren cuidados especiales, a causa de su sensibilidad a las variaciones de temperatura.
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"Simplemente es demasiado tarde" para que se abran nuevas fábricas, opinó el ministro indio de Comercio en la OMC, Shri Piyush Goyal.
“Estamos decepcionados de que no se haya podido alcanzar una verdadera derogación de la propiedad intelectual (...) que cubra todas las opciones médicas contra el Covid-19, en todos los países”, añade por su parte el doctor Christos Christou, presidente de Médicos sin Fronteras, en un comunicado.
Alto costo
Costa Rica debió enfrentar una marea de gastos extraordinarios por más de ¢700.000 millones a costa de la pandemia de COVID-19, de los cuales ¢68.000 millones se habían utilizado para pagos de vacunas hechos por la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), al tipo de cambio de marzo de este año.
Otros ¢170.000 millones se usaron para la atención directa de la emergencia entre 2020 y 2021.
Costa Rica y la OMS lanzaron en mayo del 2020, a pocos meses del inicio de la emergencia sanitaria mundial, el Fondo de Acceso a la Tecnología (C-TAP), una plataforma de intercambio para que las vacunas, pruebas, tratamientos y tecnologías contra el COVD-19 estuvieran disponibles para todo el mundo.
A esta iniciativa se unieron otros países, pero su éxito se vio truncado por la
La primera licencia compartida a través del C-TAP llegó hasta noviembre del 2021 desde España. Se trató se un acuerdo con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de ese país y el Medicines Patent Pool para la fabricación y comercialización de cuatro tipos de pruebas serológicas de diagnóstico desarrolladas en esa institución.