EscucharLa recaudación de impuestos resiste al hackeo que se trajo abajo a los sistemas en línea del Ministerio de Hacienda desde mediados de abril. La Tesorería Nacional registra ingresos totales de ¢2,88 billones a mayo de 2022: un 18% más que en el mismo período del año pasado.
Este es un porcentaje similar al ritmo de crecimiento que ya traían las cifras de ingresos tributarios del Gobierno Central hasta el momento del ciberataque, cuando todavía se podían contabilizar en detalle.
Los ingresos de la Tesorería son el aproximado más cercano a los ingresos tributarios del Gobierno Central en este momento. Y dan cuenta de un escenario que no ha sido tan catastrófico para las arcas estatales como muchos preveían.
Las orígenes de esta resiliencia son varias, pero una de las más importantes es la aplicación de planes de contingencia para el cobro de impuestos a grandes contribuyentes, contribuyentes del impuesto al valor agregado (IVA) y de otras cargas como el impuesto a las rentas de bienes inmobiliarios (alquileres). A ellos se les habilitó para usar el programa EDDI-7, con el cual han podido autoliquidar sus cargas a través de recibos que se presentan en entidades financieras autorizadas para efectuar el cobro.
Es posible que la incomodidad y la complejidad tecnológica que supone utilizar el EDDI-7 y autoliquidar los impuestos haya alejado a algunas personas de la Tributación. También es posible que algunos no hayan sabido calcular adecuadamente sus impuestos para realizar sus recibos. En todo eso coinciden autoridades y economistas; sin embargo, también presumen que se trata de una minoría y las cifras disponibles hasta el momento respaldan esa teoría.
Las cifras de la Tesorería
El Ministerio de Hacienda no ha podido contabilizar sus cifras fiscales desde abril pasado, ante los ciberataques que echaron abajo sus sistemas para dar seguimiento a los diversos gravámenes y los gastos institucionales.
Hasta marzo pasado, Hacienda registraba ingresos generales por ¢1,94 billones: un 11,9% más de los que había captado en el mismo período de 2021, y en materia de ingresos tributarios, el registro había sido de ¢1,74 billones: un 18,8% más.
Las autoridades fiscales explicaban entonces ese crecimiento de dos dígitos por la evolución positiva de la pandemia de COVID-19, que permitió el levantamiento de restricciones en la mayoría de economías del mundo.
Esa tendencia habría continuado, al menos de manera similar, a pesar del hackeo. Para llegar a esa conclusión, EF utilizó los registros de ingresos de la Tesorería Nacional, los cuales alcanzaron los ¢2,88 billones en el acumulado a mayo de 2022: un 18,1% más que en el mismo período de 2021.
Si se hubiese dado una contracción mayor en los ingresos del gobierno se habría notado en ese indicador, pues habría experimentado una desaceleración en el ritmo de crecimiento interanual en la comparación con los porcentajes de marzo.
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Los ingresos generales de la Tesorería, si bien no son exactamente los mismo de ingresos generales o tributarios completos que registra Hacienda del Gobierno Central, son los que más se asemejan en la actualidad. El flujo de la Tesorería solo deja por fuera algunos dineros que no se mueven por esa vía como las rebajas que se realizan automáticamente en cargas sociales y cobros de renta a los salarios del Estado.
“La diferencia no debería superar un 3% o un 5%”, explicó a este medio Mauricio Arroyo, jerarca de la Tesorería. “A los ingresos de caja de la Tesorería tendrían que sobrarle un 3% o un 5% en comparación con los ingresos totales del Estado”, subrayó.
Resistencia pese a los riesgos
La agencia calificadora de riesgo Moody’s observó, el 16 de mayo pasado, que el ciberataque a los sistemas de Hacienda costarricenses suponía un riesgo para la administración de los impuestos y la ejecución presupuestaria. En ese sentido, la entidad señaló que la situación incluso podía terminar afectando la proyección de déficit financiero que la entidad fijó para el país este año, de 4,8% del PIB.
Fitch Ratings, por otra parte, fue más benevolente y destacó en una comunicación pública que la situación costarricense no limitó la capacidad de pago de la deuda soberana, aunque sí puso en jaque algunas de las funciones esenciales de la administración.
A pesar de esos riesgos, el crecimiento del 18,1% en los ingresos de la Tesorería dan cuenta de un escenario más calmo, al menos por el momento.
Al igual que Arroyo, el exministro de Hacienda, Elian Villegas, opinó que la diferencia entre los ingresos de la Tesorería y los ingresos usuales del Gobierno Central no debería ser muy significativa.
Si bien los ataques a los sistemas tributarios de Hacienda tuvieron que haber implicado alguna pérdida de recaudación, según el economista José Luis Arce, de FCS Capital, ese impacto debería de ser “mínimo”.
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“Debe de haber habido una pequeña reducción en la recaudación de impuestos, pero la implementación rápida de un plan alternativo de pago para los grandes contribuyentes permitió evitar un impacto significativo; es muy posible que algunas personas no hayan pagado, pero son los menos”, comentó Arce.
El Ministerio de Hacienda puso el programa EDDI-7 a disposición de los grandes contribuyentes desde el 20 de abril pasado, para evitar problemas con ese sector, que es el que más recursos aporta al fisco.
La medida se anunció solo dos días después de que se hizo público el ciberataque y fue una de las primeras acciones de continuidad de procesos aplicadas para mantener ingresos adecuados para el Estado. Según datos de Hacienda, los mil grandes contribuyentes que registra Tributación aportan hasta un 70% de la recaudación en impuestos del país.
Un escenario en el que ese sector no hubiese podido pagar sus cargas a tiempo habría sido dramático para el flujo de caja del país en uno o dos meses máximo, según observó el analista Arce.
Las personas que pudieron haber quedado desplazadas de la Tributación podrían ser aquellas que no han logrado lidiar con los sistemas alternativos. Esto implica problemas logísticos que deberían estar pesando principalmente en sectores de la población rezagados en conocimientos tecnológicos y en conectividad.
Sin registros
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, dibujó un escenario difícil el 16 de mayo pasado, apenas unos días después de asumir su mandato, en conferencia de prensa. Aquel día dijo que el país no puede determinar por ahora “quién nos está pagando los impuestos bien o mal”, y que tampoco es posible saber “cómo avanza ni siquiera la ejecución presupuestaria del país”.
Pero el escenario es menos negativo para el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
Él afirmó en una reciente declaración al periódico La Nación que si bien es imposible tener cifras fiscales consolidadas por el momento, los números generales de la Tesorería dan algún grado de tranquilidad de que la recaudación sigue en marcha y los contribuyentes encuentran la forma de cumplir con sus obligaciones.
Lo que sí lamentó Acosta es que, desde su punto de vista, los hackeos han obligado al país ha retroceder 20 años en el pago de impuestos. “Hace 20 años, la gente tenía que hacer una liquidación en papel e ir a un banco a hacer fila para pagar, y estamos en esa misma situación”, afirmó.
Para evitar una catástrofe, eso sí, también ha sido esencial la implementación de la factura electrónica que es obligatoria desde 2018 y que continúa implementándose normalmente en la mayoría de sistemas, con excepción del facturador oficial de Hacienda.
La factura electrónica facilita el cumplimiento tributario de las personas, pues se trata de información a mano de Hacienda y que le permite dar trazabilidad a todas las operaciones. Además, como se trata de un insumo que necesitan tanto vendedores como compradores para declarar, es un insumo que rara vez puede negarse con la complacencia de ambas partes.
Según Arce, la factura electrónica “ayuda a que puede ser que se reduzca temporalmente la recaudación tributaria”, pero a tener alguna certeza de que se va a recuperar “cierta normalidad” cuando se restituyan los sistemas.
Pero mucho del impacto a largo plazo de los hackeos en la tributación formal queda todavía por verse y dependerá de cuándo vuelva la normalidad a la tributación costarricense, relativizó Arce.
“Algunos posiblemente no han pagado por ahora, pero porque Hacienda no tiene la información de sus operaciones, pero uno esperaría que cuando se restituyan los sistemas Hacienda los va a presionar. Todo va a depender mucho de qué tanto más se dure así”, observó.
El escenario narrado no se podrá considerar totalmente bueno hasta que no se vea una luz al final del camino para los sistemas de Hacienda, pero pudo ser mucho peor en términos de recaudación mientras tanto. Los ingresos de la Tesorería evidencian más claros que oscuros, al menos hasta el quinto mes del año y el segundo de ciberataque.
Esta nota fue actualizada el 10 de junio a las 7:45 a.m.
