EscucharEl mercado mundial del carbono, bajo el Acuerdo de París, está empezando a tomar forma tras los últimos avances de la 26° Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), realizada este año en Escocia.
En esta conferencia se dio contenido al respectivo apartado del Acuerdo de París que trata sobre los mercados de carbono. Es un paso hacia adelante en la reglamentación de este tema, cuyas reducciones se espera que contribuyan a contener el aumento de la temperatura global cercano a los 1,5° C.
Costa Rica y América Latina también encuentran cabida en estos mercados y podrían ser jugadores protagónicos. No obstante, algunos sectores piden cautela y el aseguramiento de los derechos humanos fundamentales.
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Las reglas
El mercado de carbono está incluido en el artículo 6 del Acuerdo de París del 2015, pero su reglamentación había quedado pendiente desde entonces.
La COP26 contribuyó a dictar las reglas del juego de cómo se puede utilizar el mecanismo del mercado internacional de carbono, en el que participarán tanto el sector público como el privado.
“Con este acuerdo (de la COP26) hemos completado el Libro de Reglas del Acuerdo de París y podemos pasar a enfocarnos de lleno en su implementación”, comentó la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza.
En este artículo se establecen las formas en las que los países pueden cooperar para reducir emisiones y abarca distintos mecanismos.
Uno de ellos es el mercado internacional de carbono, gobernado por un órgano de la Convención y basado en la ejecución de proyectos de instituciones públicas y sector privado que reducirán emisiones en forma de créditos de carbono, los cuales se comercializarán a nivel internacional.
“Estos mercados de carbono serían mecanismo de compensación. En el mejor de los casos lo que da como resultado es una suma neta cero de emisiones. Un país emite una tonelada y quiere compensar esa tonelada con una reducción en otro sitio del mundo, entonces adquiere un crédito”, explicó Catalina Gonda, activista de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales.
Bajo este esquema, un país podrá “comprar” o financiar proyectos que vayan destinados a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en otro territorio, posiblemente más barato que las que podría lograr en su propia jurisdicción.
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Por ejemplo, un país podría financiar a otro para construir un proyecto de energía renovable en vez de una planta de carbón.
No obstante, esta reducción se contabilizaría en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) del país financiador y no en el país receptor. A cambio este último recibiría recursos económicos.
Ya se han creado previamente otros mercados de carbono similares, acuerpados por organismos oficiales. Existe, por ejemplo, el esquema Corsia, que está dirigido principalmente al sector de la aviación internacional.
Para Meza, los mercados de carbono pueden ser herramientas poderosas, pero advirtió que tienen que estar regulados de forma muy robusta, donde se priorice la integridad ambiental, la contabilidad clara y los derechos humanos de las personas afectadas por los proyectos de reducción.
Con el Protocolo de Kyoto se generaron decenas de créditos de carbono “viejos”, que ahora países como Brasil o Corea del Sur quieren aplicar dentro de este nuevo esquema del Acuerdo de París. Sin embargo, Meza comentó que estos proyectos corresponden a otro momento y en muchos de ellos se cometieron violaciones a derechos humanos.
La organización no gubernamental costarricense La Ruta del Clima también considera necesario que se deban crear salvaguardas ambientales y una regulación clara para evitar posibles peligros. “Es importante la regulación y la gestión que se vaya a dar de estos mecanismos. Ya vimos con el protocolo de Kyoto que pueden haber efectos negativos en las poblaciones o países si no se estructuran de manera adecuada”, aseguró Adrián Martínez, director de La Ruta del Clima.
Un peligro latente aún es la doble contabilidad, es decir, que las emisiones reducidas se contabilicen por el país financiador y por el que desarrolla el proyecto. “El principal asunto es cómo los créditos de carbono son aplicados y contados para alcanzar los objetivos nacionales y evitar la doble contabilidad”, dijo a la cadena Reuters Caroline May, jefe de sostenibilidad y medio ambiente de Norton Rose Fulbright.
Potencial
En este contexto, los países de América Latina, y Costa Rica en concreto, podrían tener en este mercado de carbono una posibilidad de recibir financiamiento para reducir emisiones, optar por recursos internacionales, impulsar emprendimientos y el desarrollo económico.
Para García, la región latinoamericana se encuentra en una disyuntiva: por un lado cuenta con el potencial para generar proyectos e iniciativas de reducción, pero también se puede caer en el peligro de que no se cumplan las metas nacionales. “Es algo positivo porque se podrían generar proyectos por medio de cooperación para generar estas reducciones que el país determine serán utilizadas por medio de esta transferencia internacional”, dijo el activista.
La ministra Meza también destacó algunos puntos a favor que podría tener Costa Rica en este proceso, con transacciones en las que el país se vería beneficiado.
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Un ejemplo de ellos son las transacciones de pago por resultados, en las que el crédito no se vende para uso sino que se recibe una recompensa por la mitigación cuantificada. En este caso, Costa Rica mantiene la titularidad de estos créditos, por lo que puede utilizarlos para cumplir sus NDC.
En otras transacciones en las que se cede la transferencia de titularidad, se podrían reinvertir los fondos para lograr mayores reducciones o podrían utilizarse en transformar un sector difícil de descarbonizar.
Las condicionales naturales únicas dan a la región un potencial particular para ofrecer créditos de carbono. Sin embargo, para transformar este potencial en beneficios, será fundamental realizar algunas transformaciones, consideró Jorge Arbache, vicepresidente del Sector Privado en la Corporacion Andina de Fomento (CAF).
“Para asegurar un lugar en el mapa del mercado de carbono, crear empleos e ingresos y recaudar impuestos, será necesario considerar la formación de un mercado regional de carbono que permita ganancias de escala, reduzca costos operativos, lleve a la especialización, facilite la financiación de proyectos y así atraer recursos internacionales”, aseguró.
Tanto Meza como García coincidieron en que Costa Rica y la región deben participar de forma responsable y salvaguardar los derechos humanos. “El país debe hacerlo de forma responsable, asegurando primero la integridad ambiental y, segundo, la conveniencia nacional de cualquier transacción de créditos de carbono que vaya a aprobar o autorizar”, mencionó la jerarca.
Aquí también entrará en juego el sector privado, pues las empresas implementan muchas de las acciones de reducción de emisiones y, además, aquellas transnacionales podrían tener sus propios objetivos y echar mano del mercado de carbono para cumplir con sus metas.
Meza aseguró que lo primordial es enfocarse en las reducciones propias y utilizar los créditos de carbono como un complemento a los esfuerzos internos.
La Ruta del Clima también llamó la atención sobre posibles presiones dirigidas a que países como Costa Rica tomen medidas para reducir emisiones causadas por las grandes economías mundiales.
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Estados Unidos, la Unión Europea y otros grandes contaminantes se perfilan como los principales compradores de emisiones en terceros territorios, con el fin de blindarse de su responsabilidad o ejecutar los cambios internos de forma más paulatina. “Eso no es lo ideal. Una cosa es cómo se mueve el mercado y otra la urgencia de la crisis climática”, aseveró García.
La concreción de salvaguardas ambientales es uno de los temas que aún deben terminar de definirse, pues existe cierta oposición de países con una trayectoria de violación de los derechos humanos.
En la COP26 se terminó de cerrar los lineamientos generales, pero quedan detalles por resolver sobre enfoques de no mercados y cuestiones técnicas sobre la naturaleza de los créditos. Además, los mercados de carbono son un tema de negociación constante y, en las siguientes reuniones, debe también trabajarse en afinar la implementación de estos esquemas, agregó García.
