Escuchar
La ministra de Educación, Guiselle Cruz, coincide con las observaciones del último informe del Estado de la Educación, en el que se establece que Costa Rica sufre una de sus peores crisis educativas desde la década de los años 1980.
La jerarca asegura que este será un lastre difícil de superar e incluso descarta que sea un proceso que se pueda cerrar en 2021 o 2022; sin embargo, asegura que ya se trabaja en medidas de diagnóstico y atención focalizada.
En un contexto de emergencia que también es fiscal, Cruz asegura que el país no debe perder su priorización de la educación y que la cartera, a su vez, ya trabaja en medidas para hacer un gasto más eficiente y mejorar el rendimiento de su mayor partida de gasto: el capital humano.
LEA MÁS: Costa Rica se asoma al abismo de una nueva ‘generación perdida’ por crisis educativa
Costa Rica suma 16 meses de interrupciones (totales o parciales) en sus ciclos lectivos de entre 2018 y 2021, y el Informe del Estado de la Educación asegura que el país vive una emergencia educativa. ¿Usted coincide?
— Hay una situación de crisis. Ya venían manejándose situaciones anteriores y la pandemia lo que hace es a evidenciar mayores situaciones adversas. Realmente hay una crisis educativa. Es importante empezar por ahí: reconocer que hay una crisis educativa y que esta se debe atender con acciones muy contundentes.
Durante la pandemia, Costa Rica aplicó una de las suspensiones más prolongadas de clases presenciales en el mundo. ¿Por qué el MEP no logró devolver a los estudiantes a las aulas cuando muchos otros países sí lo lograron?
— Nosotros no decidimos no tenerlos. La pandemia llega a Costa Rica justo cuando estaba empezando el curso lectivo, a diferencia de como ocurrió en otros países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Nosotros lamentablemente empezamos nuestro ciclo justo al inicio de la pandemia.
El país apostó por la protección a la salud mientras se configuraba la atención de la pandemia y esto nos coge desprevenidos al mundo entero.
Luego empezaron a sumarse los casos, no teníamos vacunas y el MEP –con un servicio educativo en más de 5.000 centros y más de un 1,2 millones de estudiantes– consideró la movilidad entre personas. Recordemos que a todos nos mandan para la casa y educación sufre también con esas medidas.
Sin embargo, nosotros reaccionamos en pocas semanas con un proceso de ‘Aprendo en Casa’ para 2020. Eso incluyó los materiales de apoyo para los estudiantes y los docentes, abrir las plataformas, motivar a los docentes para que se incluyeran a los programas digitales.
Pero hubo un rezago en la conectividad.
— El MEP, en ese proceso de ‘Aprendo en Casa’, evidenció la realidad de la conectividad en los hogares. Se evidenció un problema de conectividad en el país y esto abrió una mayor brecha.
Si nosotros hubiésemos solucionado este problema en los 10 últimos años hoy estaríamos hablando de otra cosa. Por eso coincidimos con el Estado de la Educación cuando dice que “basta ya”, porque realmente nos podemos tardar 10 años más en solucionar esto.
Nosotros pusimos en evidencia los datos y reaccionamos con un proyecto de ley de alfabetización digital, que ya va a cumplir un año de estar en la Asamblea Legislativa. La pandemia dejó en evidencia que hay un problema estructural... Esto acentúa la brecha.
El MEP ha repetido en distintas ocasiones que menos de 20.000 estudiantes resultaron excluidos en 2020. Sin embargo, sus propias mediciones (hasta marzo de este año) indican que 426.000 estudiantes todavía no tenían una conexión a Internet adecuada para sumarse a las clases virtuales. ¿Queda obsoleta la métrica tradicional de exclusión?
— Nosotros no apostamos exclusivamente a la educación virtual o a la conectividad como la única forma de llegar a los estudiantes. Hubo otras formas diferenciadas para atender a la población que no tenía conectividad e hicimos todos los procesos para darles equipos tecnológicos, con llaves maya, para que pudieran tener ahí su información. Hubo una serie de acciones puntualizadas para esa población que no tiene conectividad.
Es cierto que los que tienen conectividad tuvieron mayores posibilidades de avanzar en el aprendizaje, pero (aquellos “desconectados”) no quedaron solos. Se les acompañó con guías de trabajo autónomo que se enviaron, se recopilaron y se revisaron en material impreso o en otros formatos.
Hay una diferencia entre vínculo y cuánto aprendieron los estudiantes. En 2020 no podíamos saber cuánto aprendieron los estudiantes porque estaban en las casa, pero eso no se asocia con un concepto de exclusión. “Exclusión” lo asociamos a cuando un estudiante pierde su vínculo con el centro educativo.
Ahora, si me hablan de los contenidos que no se han podido abordar, esa es otra realidad. Reconocemos que hay una pérdida de aprendizajes; pero todavía tenemos a los estudiantes en las aulas, lo que ha habido es una pérdida de aprendizajes.
Costa Rica obtuvo niveles récord de promoción en 2020. Hay estudiantes que avanzan pero que no tendrán el espacio ni el tiempo para recuperar sus aprendizajes perdidos aunque sí se gradúan. ¿Qué pasa con esta generación? ¿Se priorizó la promoción sobre la formación?
— No se priorizó la promoción por encima del aprendizaje real. Nosotros solo hemos sido coherentes en que le estamos exigiendo a los estudiantes lo que se les puede dar. Había que priorizar porque el tiempo no nos iba a dar y no lo podíamos echar para atrás.
A la hora de recuperar, lo que dicen las diferentes investigaciones en el mundo es que se deben priorizar aprendizajes y acelerarlos.
El contenido se debe desarrollar en el aula y debe seguir una priorización. Esto nos va a servir para una discusión que debe dar el país y que ya hemos empezado en el Consejo Superior de Educación, que es sobre la cantidad de contenidos en los programas de estudio. Los programas estaban hechos para una cantidad de horas lectivas y ahora no las hay.
¿Pero sí se relajaron las evaluaciones?
— Los profesores tenían el deber de aplicar diferentes instrumentos, ya fueran cuestionarios, exámenes en el hogar... (El problema es que) en 2020 recoger cualquier diagnóstico era sesgado, porque era hacerlo en la casa. Por eso hoy hacemos evaluaciones de aprendizaje desde el aula, con los profesores y en el momento en que llegan los estudiantes.
Esto (los diagnósticos) habrá que analizarlos, más las pruebas ‘Faro’. Servirá para tomar más decisiones con información evidente en términos de aprendizaje.
Igualmente no esperamos solo esos resultados. Desde ya se toman acciones para ir acompañando a estos estudiantes, porque sabemos que hay pérdida de aprendizaje con respecto al currículo que nos propusimos en un momento ordinario.
Gran parte de la estrategia educativa de 2020 quedó en manos del sector docente, en el que hay profesores buenos y malos, según afirman los mismos investigadores del Estado de la Nación. ¿Cuándo se evaluará a este gremio para garantizar niveles mínimos de calidad?
— Se trabaja en dos vías: está el tema de quiénes entran al sistema educativo y de qué estamos haciendo con los que ya están. El cambio para quiénes ingresan está en la pronta aplicación de las pruebas de idoneidad. También hemos hecho esfuerzos a través de proyectos de ley para la acreditación de las carreras de educación, pero no se ha logrado por otros intereses. Como el MEP no puede decir que se acrediten, estamos cambiando los perfiles de contratación, que no se revisaban desde los años 1980.
Con los que ya están dentro del MEP, debemos hacer una evaluación del desempeño docente, para poder generar la capacitación con esos insumos. Si el país no apuesta por la evaluación del desempeño docente y mejora sus capacidades nos vamos a quedar como nos hemos quedado en los últimos años. Usted no puede enseñar lo que usted no sabe. Estamos avanzando en eso.
¿Qué se ha hecho en esa vía?
— Nosotros estamos dejando listo un plan piloto para poder validar los instrumentos. Son una serie de instrumentos porque hablamos de 86.000 funcionarios y de habilitar un sistema informático. Estas son palabras gruesas en un contexto presupuestario complejo para el país. También ya está en el proceso final de elaboración el marco nacional de cualificaciones, en el que nos acompañaron el Consejo Nacional de Rectores (Conare) y el Estado de la Educación, porque esa es una observación del informe anterior.
Fortalecer todos los saberes pedagógicos de los docentes a través de la evaluación del desempeño y alinear esa evaluación con las evaluaciones ‘Faro’ nos puede ir orientando a tomar decisiones de mejora.
A fin de cuentas se requieren pruebas de idoneidad, controles para contratar y para evaluar. Es una triada a la que estamos dando coherencia.
Nosotros queremos que del 2022 en adelante se vayan haciendo estos proceso evaluativos para poder ir mejorando los procesos.
En esta mejora también mueven la aguja las universidades, porque van a tener que adecuarse cuando el MEP empiece a cambiar los perfiles de contratación, incluso si no tienen que estar acreditadas. Ellas deberán hacer lo que corresponde, que es alinear sus planes de estudio de acuerdo a lo que el MEP requiere. Ya lo hemos visto en la carrera de educación preescolar, en la que se incluyó la educación bilingüe.
Justo este 1.º de septiembre se presentó el Presupuesto Nacional para 2022. El MEP recibe un 6,4% del PIB y es el monto más alto solo por debajo del servicio de la deuda. ¿Se utilizan con eficiencia estos recursos tomando en cuenta las deficiencias?
— Costa Rica ha apostado por invertir en educación y qué dicha que ha sido así, porque si no no tendríamos el país que tenemos. Ahora, que esa inversión sea eficiente es en lo que hemos estado trabajando.
LEA MÁS: Estas instituciones del Gobierno gastarán más en el 2022
El 65% del presupuesto corresponde a la planilla, y por eso es tan importante que esa planilla tenga las condiciones idóneas. Por eso volvemos a evaluación docente, contratación e idoneidad. Hoy los docentes entran a trabajar al MEP con requisitos de los años 1980. Eso es importante.
También está la transferencia a las universidades públicas, a colegios científicos y humanísticos, y un componente muy importante de los programas de equidad, a los que el país les ha puesto mucho acento. Ellos son la compensación social que hace el país para que los estudiantes estén en el aula: comedores, transporte y becas.
Lo demás son capacitaciones, apoyos y estos son rubros menos significativos, aunque aquí todo se traduce en miles de millones.
En todo esto hay que ir viendo cuál es el margen para ir haciendo inversiones más acotadas a lo que se requiere en la recuperación pedagógica.
Cuando se revisa el Estado de la Educación, uno de los pocos puntos en la atención de la pandemia que se destacan como positivos es la repartición de paquetes alimentarios. ¿Funcionó más el MEP como un programa de cuido que de formación?
— Nosotros intentamos dar la mayor posibilidad para que los estudiantes se mantuvieran vinculados, y definitivamente el tema de la alimentación vincula al estudiante con el centro educativo.
El otro tema era determinar cuáles aprendizajes debían de llevarse en medio de una situación de estancia en la casa o ahora de educación combinada (virtual-presencial).
Por dicha se pudo dar todo ese proceso de atención a los estudiantes con becas, comedor, líneas de atención emocional a estudiantes y docentes. Dimos el soporte a las familias, a los estudiantes y a los docentes. La pérdida de aprendizajes es una realidad en Costa Rica y en el mundo, pero hubo algo. No es que el sistema se quedó inerte viendo pasar la situación.
¿Medirá el MEP de alguna manera el nivel de rezago educativo o esperará a que se manifieste por sí mismo cuando los alumnos lleguen a las universidades o se apliquen nuevas pruebas nacionales?
— Eso es lo que estamos determinado en este momento, a través de herramientas que hemos ideado. Por primera vez el MEP va a tener una herramienta donde los docentes registrarán calificaciones de los estudiantes con base en cuánto han aprendido, no en notas de 70 o 90, como estamos acostumbrados. Acá veremos cuánto avance hubo de aprendizajes para tomar decisiones, aunque apenas estamos recogiendo la información.
Esa pérdida de aprendizajes se recuperará pedagógicamente con planes de nivelación, pero mientras tanto trabajamos en acciones de gestión para poder apoyar a esos estudiantes. Por ahora se está recogiendo la información de los diagnósticos, porque acaba de terminar el primer semestre, en agosto, y apenas inicia el segundo.
Esto no se resuelve en el 2021 o en el 2022. Se tendrá que recoger la información, analizarla y acompañar a los estudiantes y profesores, con diferentes acciones.
¿Considera usted, como jerarca del MEP, que se brindó una educación de calidad en los últimos años?
—No pudo haber tenido Costa Rica, ni el mundo entero, una educación de calidad como la trayectoria que nos hemos propuesto ir construyendo, porque no solo hay evidencia de rezagos anteriores sino que llega una pandemia y pone en evidencia brechas mayores.
Yo creo que para hablar de una ruta a la educación de calidad tenemos que trabajar en los planes de recuperación, la conectividad de los hogares, en la Red Educativa del Bicentenario y seguir trabajando en la gestión a través de datos, para poner los recursos donde más se necesitan.
Esta es la trayectoria que debe tomar el país, pero no podemos hablar de educación de calidad en los términos en que la concebíamos porque tuvimos que atender una situación inédita que se vive en el mundo.
¿Y ahora cuáles serán las acciones inmediatas?, ¿Se sentarán en una mesa con los actores involucrados como universidades públicas, Ministerio de Hacienda, entes encargados de conectividad y demás?
— Nosotros lo que hemos propuesto y como ministerio nos corresponde es hacer el plan de recuperación pedagógica al 2025. Tengo una reunión con la gente del Estado de la Educación en los próximos días. Si hay un acuerdo nacional de convocar a las partes, se hará, pero si el país desde su independencia ya había puesto a la educación como una prioridad, tiene que continuar en esa trayectoria porque no hay otra. Todos lo decimos, si no priorizamos sobre este tema ya sabemos la debacle que se viene.
