MOPT busca deshacer cuatro décadas de desconcentración sin caer en los viejos pecados

Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes, asegura que ese proyecto es esencial para reestructurar al ministerio que ahora dirige y realizar un nuevo intento de eficiencia. Considera que eliminar la dispersión de esos órganos es el camino para hacer de su cartera un mecanismo más ágil y quitarle poder a esos “hijos” a los que acusa de haber perdido el rumbo.

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Los deseos de reforma son ambiciosos, por supuesto, y esconden tantas oportunidades como amenazas. A fin de cuentas, todos estos órganos desconcentrados que ahora se quieren eliminar con el argumento de la eficiencia, nacieron, justamente, bajo esa misma promesa.

Específicamente, la propuesta de ley es que el Ministerio asuma las responsabilidades que hoy tienen sus consejos de Seguridad Vial (Cosevi), Transporte Público (CTP), Concesiones (CNC) y Vialidad (Conavi). Luego, a través de un nuevo proyecto, también llegaría el turno de absorber las funciones del Consejo Técnico de Aviación Civil (CTAC).

La cuestión es desandar el camino, pero sin olvidar por qué se caminó tanto en primera instancia.

Los desafíos

La eficiencia ha resultado ser una especie de santo grial para la administración del MOPT desde la segunda mitad del siglo pasado.

Basta con leer el proyecto de ley que finalmente derivó en la creación del CTP, en 1999, en el cual se mencionaba la necesidad de reformar al Ministerio y delegar sus funciones a ese nuevo órgano, para así superar una gestión del servicio de taxi que se definía como la de “un paquidermo anquilosado, con muy poca capacidad de reacción y respuesta”.

Más allá de que sean más o menos instituciones, el primer reto de la transformación del MOPT que ahora pretenden las nuevas autoridades es precisamente el de evitar un retroceso a los reclamos de entonces. La concentración de labores, si no se respalda en previsiones de peso, no tiene tampoco por qué ser una respuesta.

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Además de ese desafío, el MOPT deberá realizar su reconfiguración en medio de un panorama complicado financieramente para la institución y para el Estado en general. A pesar de que su presupuesto sí está en el top-6 del Gobierno Central, el dinero que recibe es cada vez más acotado y se estrecha con los altos pagos de deuda pública que asfixian al erario público.

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) reaccionó complacida ante el anuncio de reestructuración en el MOPT, pero hizo hincapié justo en ese reto. Señaló que se debe incrementar la inversión en obra pública tan alicaída en los últimos años y garantizar la capacidad de que los recursos se ejecuten de forma “responsable, pero también expedita”. Las palabras fueron de apoyo, pero también de alerta.

Al MOPT se le asignaron ¢412.702,4 millones en el plan de gastos de 2022 y eso es apenas un 3,6% de las erogaciones totales. El Presupuesto Nacional ya se compone en casi un 80% por el pago de la deuda pública, los servicios de educación estatal, los regímenes de pensiones y las transferencias al Poder Judicial, y cada vez queda menos espacio para el MOPT, los demás ministerios, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y el Poder Legislativo.

Un tercer gran desafío, con tintes de amenaza, es el de recortar adecuadamente las influencias indebidas sobre la toma de decisiones que se han detectado en los órganos desconcentrados. Qué intereses se trasladen finalmente en mayor y en menor medida a la estructura del MOPT, si acaso el Ministerio se termina de consolidar como único ente rector, es una duda de peso.

Además, se debe cuidar la representación de sectores que hoy válidamente expresan sus posturas y posiciones en los mecanismos desconcentrados formales. Si bien a los actuales consejos del MOPT se les recrimina estar atravesados por intereses de sectores regulados por ellos, estos consejos también ofrecen los pocos espacios que existen en la administración pública para la representación efectiva de la sociedad civil y sus necesidades.

“Todos esos entes (los consejos y sus directivas) han sido un espacio para que poderes que no debían de tener tanta influencia dentro del Ministerio la tuvieran, como ocurre en transporte público con los operadores del servicio”, advirtió la ingeniera Jessie Vega. “Pero el reto es que (en una transformación) se represente a otras personas, como las personas usuarias, que usualmente tienen pocos espacios para expresar sus opiniones y sus necesidades”, añadió la especialista en gestión de proyectos, que hasta hace pocas semanas todavía se desempeñaba como representante de las personas usuarias en el CTP.

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Para el ingeniero Olman Vargas, exdirector por 19 años del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), los riesgos antes mencionados son más palpables porque el proyecto de ley apenas elimina algunos artículos de leyes viejas que creaban los consejos del Ministerio, y brinda gran cantidad de poderes a la figura de quien ocupe la investidura de ministro. Eso deja un campo minado para el conflicto y territorio fértil para la ineficiencia. Según ha dicho en reiteradas ocasiones, se parece al escenario fallido que derivó en la generación de consejos a partir de los años 1970.

Desde su punto de vista, la propuesta del gobierno concentra más poder y más decisiones en manos de menos personas, “la responsabilidad y “el riesgo de eso es altísimo”. Entre otras funciones que quedarían en manos del Ministerio y de su jerarcas resaltan algunas tareas como:

• Nombrar las auditorías
• Contratar labores de mantenimiento vial
• Cobrar los cánones de actividades de transporte público
• Solicitar fijaciones de tarifarias de transporte público
• Establecer direcciones para regular la acreditación de conductores y para analizar cuestiones de tránsito
• Manejar las concesiones a través de una unidad propia

Según el ingeniero de 64 años, el proyecto del Ejecutivo parece subestimar las labores del Ministerio y deja algunas lagunas legales sobre funciones que dejarían de lado los órganos desconcentrados. También parece renegar de las causas que ocasionaron en su momento la creación de los consejos, los cuales nacieron en su debido momento por necesidades reales.

“El concepto de los consejos no es un mal concepto, ni se inventó aquí. No sale de la nada. El primer consejo que se planteó aquí, que fue el de Seguridad Vial, copió al consejo de seguridad vial sueco, que es un ejemplo en el mundo. El problema con los consejos costarricenses fue que se burocratizaron, duplicaron posiciones y sus juntas directivas dejaron de ser técnicas, con distorsiones enormes”, analizó.

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El proyecto, lamentó Vargas, tampoco menciona ideas para atender lastres como el rezago tecnológico en la administración de recursos, la falta transparencia o la lentitud de la toma de decisión internos, o las injerencias de sectores sobre puestos de poder (estén concentrados o desconcentrados).

Las oportunidades

El ministro Luis Amador, sin embargo, analiza la tarea con optimismo. Según el funcionario, lejos de reinstaurar la ineficiencia que se alegaba cuando se crearon los consejos, lo que ahora se plantea es un cambio que tome como referencia los aprendizajes más recientes, tanto de los viejos tiempos de concentración de labores en el MOPT como de los nuevos de desconcentración en entes que parecen fallidos.

Él no piensa que el MOPT vaya a regresar a la gestión de aquel “paquidermo anquilosado” que se definía en el proyecto de 1999, sino que apunta a un Ministerio completamente nuevo. Según dijo a EF, el plan de reingeniería está en curso y su mapa final, con sus nuevas jerarquías y su nuevo flujo de tareas internas, aún está en construcción.

“La clave está en que no vamos a sostener el Ministerio tal como usted lo conoce hoy día. Habrá toda una reingeniería interna, en la cual ya se están mapeando todos los procesos, los puestos, las responsabilidades y las cargas, para alinearlos a nivel de cada persona, con responsabilidades e indicadores (...) No se piensa simplemente eliminar las juntas directivas y los consejos para seguir trabajando con lo que tenemos, porque eso no va a funcionar”, describió.

Ese “nuevo Ministerio”, dijo el jerarca, debería quedar listo para el conocimiento público en un plazo de entre seis meses y un año. Ese tiempo implica la posibilidad de que la actual Asamblea Legislativa tenga que tomar decisiones sobre el proyecto de reforma aún sin conocer esos nuevos planes del Poder Ejecutivo, pero Amador le baja el tono a ello. Él considera que la reestructuración es una tarea que le corresponde al MOPT y que, por tanto, basta con pedir permiso al Congreso para acometerla por cuenta propia.

“Lo que los señores diputados tendrían que aprobar es la eliminación de todas esas juntas viciosas que tenemos y de todos esos consejos, en los que tenemos intereses creados y se nos entraba todo”, afirmó.

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Ni el Ministerio de Obras Públicas ni el Gobierno de la República cuentan con estimaciones de ahorro producido por este proceso de reestructuración que ahora impulsan. Sin embargo, la ministra de Planificación, Laura Fernández, afirmó en una reciente entrevista con el periódico La Nación que los ahorros en proyectos como este del MOPT pueden llegar no solo por una mayor rapidez en los trámites públicos, sino también por cuestiones más banales (pero importantes en la contabilidad institucional), como los gastos en bienes y servicios, remuneraciones y hasta alquileres de edificios.

Para la ingeniera Vega esos ahorros son también una oportunidad de oro, en momentos de recursos escasos, para reasignar recursos físicos y material humano a otras partidas. “Quizás no vamos a tener a los directivos, pero se pueden tener más y mejores ingenieros”, ejemplificó.

Amador hizo señalamientos similares a los de su compañera de gabinete Fernández, pero agregó que a todos estos beneficios hay que sumar la eventual ganancia que representa disminuir espacios para la corrupción en poderes desagregados. “Ya usted ha visto todos los temas de corrupción que han salido justamente por tener todas estas funciones desconcentradas en entidades que han funcionado como feudos o principados en su propio territorio”, afirmó.

El jerarca no hace mención directa a casos como Cochinilla, sobre presuntas gestiones fraudulentas y sobornos en la gestión de obra vial en el Conavi; pero se intuye la alusión.

Sobre las críticas relacionadas con un mayor poder concentrado en pocas manos, el ministro de Obras Públicas afirmó que no se busca generar un poder absoluto. Por el contrario, considera, solo se persigue brindar un mayor rango de acción a la figura del ministro y que este pueda delegar más estratégicamente temas específicos a direcciones, pero con menores probabilidades de trabas.

“Puede haber un director de puentes, por ejemplo, con un departamento a cargo; puede haber un director de diseño de pavimentos o de conservación de vías. Hablo de figuras específicas en direcciones que se encarguen de aspectos que se le descargan y que el ministro, como tal, sea una figura con una perspectiva un poco más macro”, dice Amador sobre su escenario perfecto.

El jerarca del MOPT, eso sí, considera que habrá cuestiones que afinar a la iniciativa que analizará el Congreso una vez que arranque su trámite.

Amador también asegura que se trabaja para restablecer completamente los equipos y las jerarquías internas. Promete que la reestructuración que impulsa no solo devolvería las funciones al mismo MOPT de hace 40 años. El reseteo que persigue sería completo.

El jerarca recordó que, para eso, el proyecto de ley elimina la autonomía ejecutiva de los consejos del MOPT, pero también da un plazo de hasta un año para que la cartera implemente un nuevo modelo de trabajo por su cuenta.

La esperanza de una mayor eficiencia y una menor corrupción rodean este nuevo proyecto de reforma del MOPT, y eso es un factor de peso en favor de la iniciativa. Sin embargo, las expectativas siempre trabajan como una espada de Damocles, que coquetea con la promesa y la decepción.