Portugal dejará de entregar visados de oro a grandes inversores extranjeros, anunció el jueves el primer ministro, Antonio Costa, en la presentación de una serie de medidas para paliar la falta de vivienda y frenar la especulación inmobiliaria.
Estos polémicos permisos de residencia sólo serán prolongados si los inversores que compraron bienes inmobiliarios residen en ellos de forma permanente o si los alquilan a los residentes, precisó el jefe del gobierno socialista.
Portugal entrega estas "autorizaciones de residencia para inversión" desde 2012, cuando recibía ayudas financieras de la Unión Europea y buscaba capitales extranjeros.
El dispositivo, que existe también en otros países de Europa, como España, ha ido revisándose. La última modificación excluía las inversiones en Lisboa y Porto, en el norte, para rebajar la presión en los precios del sector inmobiliario.
En esta última década, Portugal captó un total de casi 6.800 millones de euros (unos $7.300 millones) a cambio de unos 11.600 permisos de residencia acordados a candidatos dispuestos a invertir al menos 500.000 euros ($535.000) por una adquisición inmobiliaria, invertir al menos un millón de euros ($1,1 millón) o crear 10 empleos.
Para hacer frente a la crisis inmobiliaria, el gobierno presentó el jueves una serie de medidas cuyo objetivo es aumentar el número de alojamientos disponibles.
“En estos últimos 10 años, los alquileres registraron una subida muy superior a la inflación”, dijo Costa.
"Los precios actuales son demasiado elevados para el mercado portugués", agregó.
El programa presentado, que podrá consultarse públicamente durante un mes antes de ser adoptado por el gobierno el 16 de marzo, es de un valor de 900 millones de euros ($963 millones).
Entre las medidas del dispositivo figuran una fiscalidad más favorable en el mercado del alquiler a largo plazo, una simplicación de las autorizaciones de construcción y ayudas a las familias frente al alza de los alquileres o el pago del crédito.