EscucharUn decisión del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda suspendió el decreto que redujo los aranceles de importación de arroz en Costa Rica, como medida cautelar, ante la solicitud de un grupo de ocho productores de las Regiones Pacífico Central y Pacífico Sur. Se trata de una de las dos principales enmiendas firmadas por el presidente Rodrigo Chaves desde mediados de 2022, con la intención de reducir los precios del arroz en el mercado local.
Según la jueza Patricia Calderón, la medida del Ejecutivo —que bajó de un 35% a un 3,5% el impuesto de importación para el arroz con cáscara y a un 4% el tributo para el ingreso arroz pilado— no ha logrado su objetivo de bajar el costo de este grano, pero “ha sido pública y notoria la afectación del sector nacional productor de arroz”, según citó el medio El Observador, con base en el texto.
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La afirmación de la jueza es correcta en el sentido de que los precios del arroz no han bajado desde agosto de 2022 a nivel local. Esa fue la fecha en que entraron a regir los cambios aplicados por la administración.
De hecho, el costo local del arroz más bien subió un 4,66% desde entonces, según los resultados más recientes del Índice de Precios al Consumidor que calcula mensualmente el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Sin embargo, el dato tienen múltiples matices, pues el decreto sobre aranceles firmado en 2022 no ha sido el único factor que moldeó el precio durante el mismo período.
Un cambio de modelo
Para empezar, se debe entender el contexto sobre el cual se aplicaron los cambios: se trató de un cambio de modelo.
La eliminación de aranceles a productos como la carne, los lácteos, el azúcar y el arroz siempre ha sido una recomendación por parte de organismos internacionales; incluida la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual Costa Rica se unió formalmente desde 2021.
En su informe de Estudios Económicos sobre Costa Rica de 2020, la organización usó la situación del arroz en el país como el principal ejemplo para ilustrar cómo la falta de competencia puede afectar negativamente a la formación de precios claves para la población. Puntualmente, señaló que el mercado arrocero tico podía considerarse “regresivo” y que contribuía a “una mayor pobreza y desigualdad de ingresos”.
“El arroz es al mismo tiempo un artículo básico de la canasta alimentaria de la población en condición de pobreza, y el producto más protegido en Costa Rica (...) Estas políticas han llevado los precios muy por encima de los precios internacionales, creando rentas que benefician a un pequeño grupo de grandes productores (...) Algunas estimaciones sugieren que las regulaciones actuales en el mercado del arroz implican una transferencia de los consumidores a los productores, lo que para los hogares más pobres representa el 8% de sus ingresos”, indicaba la entidad en aquel documento.
Esa situación fue la que se intentó reformar con los cambios aplicados por el Poder Ejecutivo en materia de aranceles, a partir de agosto de 2022.
“Esto va a permitir importaciones más baratas de arroz”, afirmó el presidente Rodrigo Chaves durante el lanzamiento de su decreto. Además, destacó, ya el mercado costarricense estaba compuesto en dos terceras partes por arroz importado hasta ese momento.
¿Qué pasó con los precios?
El rebajo de los aranceles, junto con la eliminación de precios mínimos de referencia (también implementada durante esta administración), implicó el paso de un modelo de protección a los productores locales a un modelo importador.
Esto, a su vez, tuvo consecuencias sobre la producción arrocera costarricense y sobre la formación de precios locales.
Como era previsible, los precios locales del arroz desde agosto de 2022 mostraron una clara relación con dos factores claves para cualquier mercado importador: los precios internacionales del producto y el tipo de cambio.
Esta relación es fácil de comprobar si se analizan los datos desde aquel momento.
En el lapso de 20 meses que comprende desde agosto de 2022 hasta marzo de 2024, el precio del arroz en el mercado local subió un 4,6%, según el INEC.
Sin embargo, los precios internacionales del grano subieron hasta un 27,3% en el mismo período, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO); mientras que el tipo de cambio más bien cayó un 23,5%.
Esto quiere decir que los precios locales del arroz se enfrentaron a una condición adversa en relación con el mercado internacional; pero, por otro, también se vieron beneficiados por la apreciación del colón frente al dólar en el mismo período.
Esta relación directa entre precios locales e internacionales ya la advertía el economista Víctor Umaña, consultor en política agrícola y comercial, en una entrevista con el periódico La Nación de julio de 2022.
“La piedra angular de todo el sistema de protección del arroz es el arancel. Si el arancel se elimina, la fijación de precios deja de tener mucho sentido porque simplemente las industrias no van a comprar a precios altos, van a comprar al precio de mercado”, explicó.
La dependencia de los precios de los productos importados sobre el comportamiento del mercado internacional y del tipo de cambio puede funcionar para bien y para mal. Esto también lo vemos comúnmente en sectores como el de los combustible, en donde la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) compra del extranjero todas las gasolinas y asfaltos que vende.
En los últimos meses, el precio del arroz llegó a alcanzar su máximo en 15 años, según la FAO, impulsado por presiones como la prohibición de las ventas al exterior que impuso India en julio del año pasado. Este es un país que aporta el 40% del suministro global del alimento.
Antes de las reformas aplicadas por el Gobierno, la tendencia del precio del arroz local estaba lejos del precio internacional.
Por ejemplo, en los 20 meses anteriores a la entrada en vigencia de los cambios en agosto de 2022, el precio local había subido un 12%; mientras que los precios internacionales habían caído un 2,7%.
La desprotección arancelaria sobre la producción local provocó un grave impacto sobre este grupo agrícola.
Según datos de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), se registró una disminución de más 16.000 hectáreas sembradas de este producto para el finales del período arrocero 2022-2023. Esta reducción representó más de un 50% del total de terreno del que se tenía registro, según indicó la entidad.
Al mismo tiempo, las importaciones de arroz en granza y pilado se duplicaron entre 2022 y 2023, pasando de 150.000 a más de 300.000 toneladas, según datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer).
Aplauso arrocero y reproches gubernamentales
La aceptación de la medida cautelar por parte del tribunal Contencioso Administrativo en contra del decreto sobre aranceles fue celebrada por el sector arrocero.
En un comunicado de prensa publicado este 2 de abril tras la decisión judicial, la Cámara Nacional de Agricultura y Agroindustria (CNAA) aseguró que sus productores afiliados del sector arrocero “viven entre la incertidumbre y la desesperación al ver como tienen que enfrentar el día a día entre gastos, facturas y precios de venta sumamente bajos”.
Asimismo, hizo alusión a datos de Conarroz sobre la reducción de unos 33.000 empleos directos e indirectos desde que se puso en marcha del decreto ahora suspendido, “principalmente en las zonas rurales del país”.
La decisión provocó el enojo por parte del presidente Rodrigo Chaves; quien afirmó en conferencia de prensa, este 3 de abril, que el tema “no se va a quedar así” y atribuyó la decisión de la autoridad judicial a percepciones subjetivas.
“Vamos a luchar como haya lugar, dentro del marco de la ley, para evitar este tipo de abusos de sacarle plata a la gente que más necesita en este país para dársela a los oligarcas del arroz”, añadió. “Yo quiero ver cómo argumenta esta señora, a mí me leyeron un pedacito...”.
Chaves hace alusión al mercado arrocero costarricense como una economía concentrada en pocas manos y esto es real, pero solo hasta cierto punto. Según estudios citados por la propia OCDE, en 2020, se estimaba que unos 19 grandes agricultores generaban más de la mitad del arroz cosechado en el país en ese momento. Sin embargo, la otra mitad incluía a productores pequeños que también se han visto afectados por el cambio.
El tema del arroz también le ha generado ruido a la administración Chaves porque las reducciones arancelarias han beneficiado a importadores como Bernal Jiménez, uno de los financistas de su campaña. Éste último compró bonos y también fue parte del grupo de empresarios que colocó fondos en un fideicomiso que actualmente investiga el Ministerio Público, porque pudo constituir una estructura paralela de financiamiento para la campaña del ahora presidente.
Jiménez afirmó en entrevista con el semanario Universidad que, en su caso particular, sí ha bajado los precios que en que ofrece el grano a los comerciantes, pero acusó a las grandes compañías de supermercados de mantener los precios estables.
Otro tema criticado es el tributario. Sectores arroceros locales han cuestionado que los decretos arancelarios implicaron una fuga de ingresos para el Estado, lo cual es contrario al discurso del Gobierno en materia de exoneraciones. Estimaciones de Conarroz con base en información del sistema Tributario de Información para el Control Aduanero (TICA) indican que en 2021 se habían recaudado unos $6,6 millones por concepto de aranceles a las importaciones de arroz en granza y pilado; pero que en 2022 apenas se alcanzaron los $2 millones.
El ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, indicó que el Gobierno ahora tiene la intención de apelar la medida judicial que suspendió la aplicación del decreto sobre aranceles. “Una vez que seamos notificados vamos a revisarlo y nos ampara el derecho”, indicó el jerarca.
