EscucharUn congresista republicano de Florida ha puesto bajo el reflector internacional el convulsionado panorama político de Costa Rica.
Mario Díaz-Balart, presidente del poderoso subcomité que controla la asistencia exterior estadounidense para América Latina, convocó a la embajadora costarricense en Washington, Catalina Crespo Sancho, para discutir el proceso de levantamiento de inmunidad contra el presidente Rodrigo Chaves por beligerancia política.
La reunión informativa, que se realiza en un momento crítico para Costa Rica —a escasos meses de las elecciones de febrero de 2026—, plantea interrogantes sobre hasta dónde llegará la influencia estadounidense en los asuntos internos costarricenses y revela las conexiones políticas entre el gobierno de Donald Trump y la administración de Chaves.
¿Quién es Mario Díaz-Balart?
Mario Rafael Díaz-Balart y Caballero, de 64 años, es mucho más que un simple congresista republicano. Sirve en la Cámara de Representantes desde 2003, actualmente representando el distrito 26 y ostenta uno de los cargos más influyentes en la política exterior estadounidense hacia América Latina: preside el Subcomité de Operaciones Estatales y Extranjeras (SFOPS) de la Cámara de Representantes, el órgano que decide los fondos de asistencia exterior, ayuda a la democracia y relaciones internacionales de Estados Unidos.
Nacido en Fort Lauderdale en 1961, Díaz-Balart proviene de una de las familias políticas más poderosas del exilio cubano en Miami. Su padre fue un importante político cubano durante el régimen de Fulgencio Batista. Su tía, Mirta Díaz-Balart, fue la primera esposa de Fidel Castro, lo que hace a Mario sobrino político del líder comunista cubano—una ironía histórica que ha marcado su férrea postura anticomunista.
Junto a su hermano Lincoln Díaz-Balart, quien también fue congresista hasta 2011 y falleció en marzo de 2025, Mario ha sido una voz intransigente en el Congreso estadounidense contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los hermanos Díaz-Balart han moldeado durante décadas la política estadounidense hacia América Latina desde una perspectiva de línea dura republicana, promoviendo sanciones, embargos y restricciones contra gobiernos considerados autoritarios.
Su poder real reside en su posición como presidente del subcomité SFOPS, un cargo que le otorga control directo sobre miles de millones de dólares en ayuda exterior. Desde esta tribuna, Díaz-Balart ha impulsado recortes a programas de ayuda internacional, ha eliminado fondos para agencias de la ONU que considera contrarias a los intereses estadounidenses y ha promovido una agenda conservadora en política exterior que prioriza a Israel, Taiwán y aliados tradicionales de Washington.
Como aliado cercano de Donald Trump y figura clave en la comunidad cubanoamericana de Florida—un estado electoral crucial—, Díaz-Balart ha tenido acceso directo a la Casa Blanca y ha sido instrumental en diseñar la política de la administración Trump hacia Cuba, incluida la reversión de la apertura iniciada por Barack Obama.
La conexión con Costa Rica y Rodrigo Chaves
La intervención de Díaz-Balart en el caso costarricense no surge de la nada. En julio de 2025, el congresista visitó Costa Rica al frente de una delegación bipartidista del Congreso estadounidense y se reunió personalmente con el presidente Chaves en Casa Presidencial. Según informó la Embajada de Estados Unidos, las conversaciones se centraron en temas de seguridad regional, lucha contra el crimen organizado y gestión migratoria.
Meses después de esa reunión, ahora se observa una alineación de posiciones entre el congresista republicano y el mandatario costarricense. En su publicación del 19 de noviembre en redes sociales, Díaz-Balart adoptó argumentos sorprendentemente similares a los que Chaves ha repetido durante meses.
“Como presidente del subcomité encargado de proporcionar la asistencia exterior para respaldar la democracia y a nuestros aliados, me preocupa profundamente la situación que se está desarrollando en Costa Rica”, escribió Díaz-Balart. “La posibilidad de que un presidente en funciones —en una de las democracias más estables y consolidadas de la región— pueda ser apartado por expresiones políticas mediante procedimientos cuya base constitucional es cuestionable, genera serias inquietudes”.
El lenguaje del congresista estadounidense es el mismo de la narrativa que Chaves ha promovido: que el proceso de levantamiento de inmunidad solicitado por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) constituye una “mordaza” anticonstitucional y un intento de “removerlo” del poder a meses de las elecciones.
El contexto: beligerancia política y crisis institucional
El origen de esta controversia se encuentra en las 15 denuncias por beligerancia política que enfrenta Chaves ante el TSE—un récord histórico que prácticamente duplica las denuncias recibidas por los cinco presidentes costarricenses anteriores combinados.
La beligerancia política es un ilícito electoral que sanciona a funcionarios públicos de alto nivel que utilizan su posición para intervenir en campañas electorales o favorecer a partidos políticos. En Costa Rica, la Constitución Política y el Código Electoral prohíben al presidente, vicepresidentes, ministros y otros altos funcionarios hacer campaña política o manifestarse públicamente a favor de candidatos durante períodos electorales.
Las denuncias contra Chaves se refieren a múltiples conferencias de prensa y apariciones públicas en las que el mandatario habría llamado a votar por al menos 38 diputados afines a su gobierno—el número exacto necesario para aprobar reformas constitucionales—, criticado al TSE por “ponerle una mordaza”, y atacado a opositores políticos durante la veda electoral.
El 7 de octubre de 2025, el TSE solicitó a la Asamblea Legislativa levantar la inmunidad de Chaves para poder investigarlo por estas denuncias. Si el desafuero es aprobado con 38 votos—la mayoría calificada requerida—y el TSE encuentra culpable al presidente, las sanciones podrían incluir la pérdida de credenciales presidenciales y la inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por dos años.
Esta es la segunda vez en 2025 que se solicita levantar la inmunidad de Chaves. En septiembre, la Asamblea rechazó una primera petición—por presuntos delitos penales—con 34 votos a favor y 21 en contra, sin alcanzar los 38 necesarios. La nueva solicitud del TSE se votará en la Asamblea el 26 de noviembre.
¿Injerencia o legítima preocupación?
La convocatoria de Díaz-Balart ha desatado un intenso debate en Costa Rica sobre si constituye una injerencia indebida en asuntos internos o una legítima preocupación de un aliado estratégico.
El Tribunal Supremo de Elecciones fue categórico en su respuesta. En un comunicado emitido el 20 de noviembre, el TSE declaró que “lo anunciado es un acto político de representantes políticos extranjeros sin ninguna incidencia en el proceso electoral costarricense ni en el procedimiento de levantamiento de la inmunidad al Presidente de la República”.
Diputados de la comisión especial que analiza el desafuero también se pronunciaron. Alejandra Larios, del Partido Liberación Nacional y presidenta de la comisión, aseguró que el proceso está amparado en la Constitución Política. Rocío Alfaro, jefa de fracción del Frente Amplio, calificó la gestión del congresista estadounidense como “inapropiada” y como un intento de “meter presión” a los diputados.
En contraste, el subjefe de fracción del oficialismo, Daniel Vargas, señaló que el país está “atrayendo críticas” por el proceso solicitado. El propio Chaves había anticipado el interés internacional días antes, declarando en conferencia de prensa: “Los amigos internacionales nos están empezando a preguntar. Estén atentos, estén atentos, estén muy atentos”.
Implicaciones geopolíticas más amplias
La intervención de Díaz-Balart debe entenderse en el contexto más amplio de la política estadounidense hacia América Latina bajo la administración Trump. El congresista ha sido uno de los principales arquitectos de la estrategia de línea dura hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua, promoviendo sanciones, restricciones de visa y presión económica contra gobiernos considerados autoritarios.
Costa Rica, por su parte, ha buscado activamente alinearse con las prioridades de la administración Trump. El ministro de Relaciones Exteriores, Arnoldo André, ha enfatizado que Estados Unidos considera a Costa Rica “una nación amiga y un socio estratégico”. El país ha adoptado políticas favorables a Washington, como la exclusión de empresas chinas de su red 5G mediante regulaciones que limitan proveedores de telecomunicaciones a países signatarios de la Convención de Budapest sobre Ciberdelincuencia.
Esta alineación ha generado dividendos: Costa Rica mantiene acceso al mercado estadounidense a través del tratado DR-CAFTA y ha recibido respaldo de figuras como el senador Marco Rubio, quien visitó el país y elogió su postura sobre China. Sin embargo, también ha enfrentado desafíos, incluidos los aranceles impuestos por Trump en abril y julio de 2025, inicialmente del 10% y luego aumentados, que afectan exportaciones clave costarricenses.
El gobierno de Chaves ha cultivado vínculos con sectores republicanos conservadores en Estados Unidos, y la administración Trump ha retirado visas a varias figuras políticas costarricenses consideradas adversarias de Chaves—una señal interpretada por algunos analistas como respaldo tácito al mandatario.
El momento crítico: elecciones a la vista
El momento de esta controversia no podría ser más delicado. Costa Rica celebrará elecciones generales el 1 de febrero de 2026, en las que Chaves no puede participar debido a la prohibición constitucional de reelección inmediata. Sin embargo, el presidente ha promovido la candidatura de Laura Fernández, su ministra de Planificación, quien lidera las encuestas, aunque los indecisos representan el 55% del electorado.
La solicitud de levantamiento de inmunidad ocurre precisamente durante el período más sensible de la campaña electoral. Si la Asamblea Legislativa aprueba el desafuero con 38 votos el 26 de noviembre, el TSE podría proceder con la investigación. Una eventual sanción podría no solo inhabilitar a Chaves para ejercer cargos públicos, sino también generar un efecto político significativo sobre las aspiraciones electorales del oficialismo.
Chaves ha respondido con beligerancia, descalificando el proceso como un “linchamiento” y presentando recursos ante la Sala Constitucional para cuestionar la competencia del TSE en materia electoral, a pesar de que la Constitución Política asigna esa responsabilidad exclusivamente al tribunal electoral.
