Con el visto bueno de 40 diputados, este jueves se aprobó en primer debate el expediente 23.575 el cual pretende sancionar con penas de hasta 15 años de cárcel a quienes presten dinero bajo la modalidad “gota a gota”.
Estos créditos informales se han convertido en un motivo para el crecimiento de las actividades criminales en el país, ya que se han detectado estructuras de otros países que están operando en Costa Rica en este negocio. La idea del proyecto es combatir a quienes utilizan la violencia para cobrar estos préstamos, que suelen tener altas tasas de interés diarios.
La iniciativa fue propuesta por Gloria Navas, de Nueva República y por Gilberth Jiménez, de Liberación Nacional. Con esta medida se reforma el artículo 214 del Código Penal, para que ahora se lea como Extorsión Cobratoria. Las penas irán aumentando conforme crezca el grado de extorsión utilizado para cobrar el préstamo.
Las penas establecidas
El recién aprobado proyecto establece las siguientes penas para quienes se dediquen a este tipo de actividad:
Con cuatro a ocho años de prisión a quienes amenacen o intimiden, ya sea de forma personal o por medio de terceras personas, para cobrarles a sus deudores o a familiares de quienes obtuvieron el dinero.
Con cinco a diez años de cárcel cuando la amenaza u otro tipo de intimidación se dirija a menores de edad, adulto mayor u otra persona vulnerable. La misma sanción carcelaria aplica cuando la intimidación la realicen dos o más personas, si hay daños físicos o morales para el deudor y también en caso de que el hecho sea cometido con armas o hubiese daños a la propiedad.
Finalmente, se establece que la pena será de ocho a 15 años de cárcel cuando se considere que los actos para intimidar a un deudor sean cometidos por una organización criminal organizada.
La votación del segundo debate quedó fijada para el próximo martes 2 de abril.