EscucharCon 38 votos a favor y 15 en contra los diputados resellaron el proyecto de ley 23.581 que permite que Costa Rica salga de la lista gris de la Unión Europea (UE). Esto pese al veto presidencial impuesto hace dos semanas.
Costa Rica ingresó a la lista de naciones no cooperantes de la UE en febrero porque, a criterio del bloque de naciones, la legislación nacional deja portillos abiertos para que los contribuyentes europeos eviten pagar la totalidad de sus obligaciones tributarias en Europa.
Además de la urgencia por salir de la lista, la discusión se centró en una aclaración a la Ley del Impuesto sobre la Renta. La modificación delimita la territorialidad del tributo y evita que Hacienda pueda gravar las rentas de compañías o personas físicas domiciliadas en Costa Rica pero que registran ganancias por inversiones fuera del país.
Actualmente, cuando una empresa costarricense colocaba su dinero en inversiones pasivas en el exterior, Hacienda interpretaba que estaba sujeta al impuesto sobre los rendimientos del 15%. Las acciones de la Administración Tributaria se amparaban en el concepto de territorialidad ampliada o reforzada, según el cuál el gravamen se justificaba pues, aunque el rendimiento se generaba fuera de las fronteras costarricenses, el capital principal se habría generado en territorio nacional.
¿Cuáles son los principales cambios?
Con el ajuste que hicieron los diputados, el principio de territorialidad en el cobro de impuesto de renta se aclara. Ahora la ley especifica que solo se gravarán las ganancias generadas en suelo nacional, sin embargo se prevén excepciones.
“Se pretende gravar las rentas producidas sobre capitales que se inviertan en el exterior de compañías costarricenses que tengan dos requisitos. Número uno es que sea parte de un grupo financiero internacional y número dos que la sociedad sea sin sustancia, o sea, de papel, solo constituida para depositar en ella dinero y que ese dinero después se vaya afuera a invertir a ganar una rentabilidad”, explicó Germán Morales, socio Director de Grant Thornton Costa Rica.
Los contribuyentes que no forman parte de alguna agrupación económica y que tienen una operación real en el territorio nacional, ya no tendrán que declarar los ingresos que se generan en el exterior por dividendos, regalías, intereses, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y mobiliario.
Otro de los cambios importantes que se incorporan es que si las ganancias de los contribuyentes pagaron impuestos en el extranjero, se considerarán como créditos y se rebajarán del 15% que establece la ley.
Para una empresa multinacional que, por ejemplo, tiene una sociedad en Costa Rica y que no realiza una actividad económica o no cumple con los requisitos mencionados anteriormente, deberá declarar esos ingresos y pagar sobre los mismos un impuesto del 15%.
Con ejemplos
A continuación un par de casos prácticos de cómo se implementará la nueva disposición:
“La empresa ABC forma parte de un grupo multinacional y en Costa Rica tiene una sociedad que no tiene empleados, las decisiones sobre el giro de la entidad se toman en el exterior, y no tiene gastos en Costa Rica, pero esa entidad (ABC) invierte en bonos en el exterior. La empresa deberá declarar esos ingresos en Costa Rica y cancelar el 15% del impuesto. No obstante, eventualmente si en el país donde se realizó la inversión se le cobró un impuesto del 7%, el impuesto efectivo a pagar en Costa Rica será del 8%”, explicó Priscilla Piedra, Socia de Impuestos y Servicios Legales en Deloitte Costa Rica.
El segundo caso es el de una compañía costarricense que tiene una inversión de $1.000.000 en Estados Unidos con una tasa de impuesto del 5% sobre los intereses. Suponiendo que este título genere $50.000 en ganancias y aplicando el gravamen, queda un monto neto de $44.000. Es decir, ya se le aplicó un primer cargo de impuestos.
Cuando los $44.000 ingresan a Costa Rica, según la ley actual, deben pagar un 15% de impuesto, es decir unos $6.600. En total esa inversión habrá pagado $12.600 en tributos.
Con la propuesta aprobada esta semana, según Germán Morales de Grant Thornton, el impuesto del 15% que tenía el país ya no se cobrará más, por lo que el monto de los $44.000 que ingresan al país permanecen sin variación.
La única forma de que las llamadas sociedades de papel puedan evitar el pago de impuestos es que su actividad económica esté en Costa Rica y que tengan gastos para producir beneficios económicos en suelo nacional.
Golpe fuerte al gobierno
Para el Ejecutivo la aprobación de este resello es un golpe fuerte. Especialmente porque la oficialista Luz Mary Alpízar fue el voto clave, el 38, que permitió alcanzar la mayoría necesaria para el resello. Fue, además, la única diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) que apoyó la iniciativa.
El voto le valió a Alpízar ser catalogada de “traidora” por el propio presidente Rodrigo Chaves y compañeros de su fracción, la cual lleva meses en medio de disputas internas.
Por su parte, Nogui Acosta, ministro de Hacienda, calificó de “injusto” e “innecesario” lo aprobado el martes anterior en la Asamblea Legislativa. Para el jerarca se agotaron todos los recursos para llamar la atención de los diputados y que no se incluyera esta reforma de renta.
“Lo que los diputados resellaron va a permitir que un grupo muy importante de empresarios no paguen impuestos por las ganancias que se generen con fuentes costarricenses en el exterior (...) va a hacer que quienes estaban pagando dejen de hacerlo, y además, va a abrir un espacio para la evasión fiscal y la elusión. Creo que es un precio muy alto para poder darle seguridad a la inversión extranjera”, dijo Acosta tras la resolución de los diputados.
Las pérdidas en la recaudación para Hacienda podrían llegar hasta los ₡10.000 millones por año, según dijo Pilar Cisneros, diputada oficialista.
Una vez resellado el proyecto, se convertirá en ley cuando se publique en La Gaceta pero apenas queda una semana para saber si este cambio es suficiente para que la Unión Europea saque a Costa Rica de esta lista. La próxima reunión del organismo será el 2 de octubre.
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Mientras tanto, el sector productivo del país ve con buenos ojos el cambio y argumentan que mantenerse en la lista negra pone en riesgo la atracción de inversión, el comercio internacional, la generación de empleo y el acceso a créditos de organismos extranjeros.
