Fabricio Alvarado, candidato presidencial del Partido Restauración Nacional (PRN), presentó la tarde de este miércoles 28 de marzo, la segunda versión de su plan de gobierno, que es una ampliación del primer documento de 56 páginas con el que afrontó la primera ronda. El nuevo libro es de 140 páginas.
El documento aclara la política cambiaria que seguirá un eventual gobierno de Restauración Nacional y revela algunas acciones como unificar la Superintedencia General de Entidades Financieras (Sugef), la Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de Pensiones (Supen) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) en una sola entidad reguladora.
A tan solo tres días del balotaje, el aspirante evangélico dijo que durante la campaña "se ha mentido" cuando otros grupos políticos acusaron a su partido de carecer de propuestas para gobernar.
Aunque la conferencia de prensa para presentar el plan de gobierno 2.0 -así lo llamó el PRN- fue convocada a las 11:00 a.m. la actividad oficial arrancó minutos después de las 12:00 medio día.
"Yo necesito la ayuda de las mentes más brillantes de este país, uno no puede pensar que puede gobernar solo, por eso les pedí la ayuda a todos ustedes (en referencia a su equipo de asesores)", agregó Alvarado.
LEA MÁS: Tipo de cambio más flexible y tasas más bajas en banca estatal, la apuesta de los aspirantes
El aspirante de Restauración Nacional aseveró que esta segunda versión de su plan de gobierno es un documento más robusto con ideas mejor desarrolladas, pero recalcó que durante la primera ronda sí presentó las propuestas en un primer plan.
Fabricio Alvarado busca sacudirse de las críticas, principalmente de su contendiente, Carlos Alvarado, quien durante la campaña de la segunda ronda le cuestionó al candidato del PRN que no tenía un plan de gobierno robusto con propuestas bien definidas.
César Zúñiga, coordinador del equipo de asesores de Restauración Nacional, presentó el nuevo plan de gobierno de Fabricio Alvarado.
Zúñiga aseguró que este documento "reinventa la política pública de Costa Rica para siempre" y agregó que sus propuestas incluyen ideas de personas de diferentes partidos políticos, por eso se encamina a un gobierno de "unidad nacional".
LEA MÁS: Candidatos sin sorpresas en sus propuestas para atraer inversión extranjera directa
El coordinador fue enfático en reconocer que no se negociaron puestos políticos con ninguno de los asesores que participó en la elaboración del nuevo plan de gobierno.
"Esta mañana presentamos un plan de gobierno, pero no es para ganar la elección. Los votos ya los tenemos, lo dicen las encuestas, lo dice el ánimo de los costarricenses y el debate de anoche (de Canal 7). Lo estamos presentando no para el próximo domingo, sino para el próximo 8 de mayo", indicó.
Estos son extractos textuales y resumidos del plan de gobierno 2.0 de Fabricio Alvarado sobre temas clave para la estabilidad macroeconómica del país.
Gasto público
- Debe obedecer a una racionalidad sujeta a la lógica solidaria del Estado, pero en concordancia con los principios de solvencia financiera.
- El Estado debe gastar lo que puede gastar y utilizar el recurso del endeudamiento público como mecanismo de excepción y no como regla general.
- El déficit fiscal sólo debe ser admisible por la vía de un déficit de mediano plazo, de tal suerte que éste tienda a la estabilización en períodos plurianuales. El déficit solo es válido si es sostenible y ello implica que el Estado debe tener la capacidad de lograr el equilibrio financiero en el tiempo.
Impuestos
- La restauración tributaria del país debe basarse en una estructura impositiva progresiva que permita una mejor redistribución de la riqueza nacional, lo cual implica que los que más tienen deben soportar el mayor peso impositivo del Estado.
- La evasión fiscal no sólo es un mal financiero, sino también una patología moral, pues representa una forma de hurto que riñe con los principios morales más elementales.
- Los impuestos son positivos para un país, cuando se recaudan con criterios de justicia y se invierten con patrones de solidaridad, eficiencia y sin un atisbo de corrupción.
Acciones contra el déficit fiscal
- Resolver de inmediato el problema de flujo de caja, debido a la situación crítica de la gestión financiera del gobierno central y a la falta de planificación de este gobierno, que los ha llevado a acortar los plazos e incrementar las tasas de interés del financiamiento.
- Se requiere recuperar la confianza y credibilidad de los diferentes acreedores y agencias de calificación de riesgo, a fin de obtener los recursos a los plazos y tasas de interés adecuadas.
- Iniciar el 1.° de mayo con una propuesta seria y cronológicamente articulada para que la Asamblea Legislativa avance en la discusión de los proyectos de la reforma, para lo cual, y debido al rango de emergencia nacional que tiene este asunto, el Presidente de la República convocará a los diputados permanentemente. Su base es la progresividad fiscal en sus tres ejes fundamentales: gasto, impuestos y empleo público.
- Promover la aprobación del proyecto de Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, para transformar el impuesto de ventas en uno de valor agregado, que amplía la base a los servicios, pero mantiene la tasa al 13%, con tasas reducidas y diferenciadas para la salud y la educación, con el objeto de asegurar trazabilidad y solo si hay acuerdo legislativo para ello. El impuesto a la renta debe migrar a un esquema de renta global local y hacia una mayor condición de progresividad y solidaridad.
- Promover las reglas fiscales, no solo para que el gasto del gobierno crezca menos que la producción, sino también apoyar la modificación de la Constitución para establecer límites al déficit primario, excluyendo los gastos de capital, así como al nivel de la deuda pública. De igual forma, debe dársele rango superior a la Ley de Presupuesto Público respecto a las leyes ordinarias de destinos específicos, sin contenido económico.
- Aplicar una política fiscal de emergencia para congelar los gastos no indispensables durante los primeros dos años y suspender los que sean superfluos durante todo el cuatrienio.
- Mejorar en la calidad y eficiencia del gasto público, mediante una cultura de austeridad; rendición de cuentas; evaluación por resultados, así como que cada colón recaudado deberá tener un alto impacto social y productivo.
- Gestionar y negociar en el parlamento un plan de contingencia fiscal de emergencia, a un plazo máximo de 6 meses, para sostener la crisis, en el evento de que la reforma fiscal estructural no tenga buenas opciones de aprobarse rápido.
- Adoptar e implementar un verdadero gobierno digital; modernizar y facilitar el uso de la firma electrónica; digitalización y virtualización de los procesos para reducir al mínimo el uso de documentos físicos, con el objetivo de poner el gobierno al alcance de los ciudadanos por medio de la nube.
- Implementar una recaudación eficaz, proactiva y eficiente y se promoverá un ataque frontal contra la evasión, elusión, contrabando y fraude. Los sistemas informáticos de Hacienda y Tributación deberán ser modernizados para facilitar el pago y la trazabilidad fiscal, fomentado los pagos con medios electrónicos, y se reorganizará el proceso de gestión de exoneraciones.
- Controlar el gasto superfluo y redirigir los superávits presupuestarios hacia el pago de deuda pública. Debemos reducir el gasto en cuanto al pago de deuda, que hoy representa alrededor del 30% del presupuesto nacional, para poder redirigir esos recursos hacia el desarrollo.
- Rendir cuentas ante la Asamblea Legislativa, y la opinión pública, sobre cada colón que gaste el gobierno de la República, mediante su política de gobierno abierto por medio de la web.
- Desarrollar una estrategia de gestión del potencial humano que fomente, en las instituciones públicas, la eficiencia y el amor al trabajo, mediante esquemas de gestión más empoderados, flexibles y orientados hacia la administración por objetivos y la rendición de cuentas.
- Revisar los sistemas de pagos de pluses, incentivos, prohibición y otros, y verificar, bajo pena de destitución, que los funcionarios que los reciban estén legitimados para hacerlo.
- Se congelará la contratación de nuevas plazas y no se sustituirán plazas salvo en casos excepcionales; y se avanzará en el desarrollo de esquemas de salario único, respetando los derechos adquiridos.
- Uniformar criterios de emisión de deuda (Ministerio de Hacienda; Banco Central y Entidades Descentralizadas) para que el Banco Central, en la medida de lo posible, centre sus actuaciones en el mercado de dinero y Hacienda en el mercado de largo plazo. Se evitará que los mismos bancos del estado o entidades descentralizadas, realicen margen financiero y ganancias, a costas de la situación financiera del Gobierno Central.
Política monetaria
- Se mantendrá el objetivo prioritario de alcanzar un nivel de inflación bajo y estable así como alineado a las tasas de inflación de los principales socios comerciales del país. Para ello, debe promoverse una mayor independencia y autonomía del Banco Central, y consolidar el esquema de metas de inflación.
- Fortalecer el mercado de liquidez. Se ha demostrado que, en caso de problemas, el mecanismo a través del cual los bancos acuden al Banco Central como prestamista de última instancia (redescuento) no funciona ni es operativo.
- En la medida de lo posible, para mejorar la eficacia, independencia y operatividad del Banco Central, se buscará minimizar las pérdidas del ente rector, así como una vez superada la crisis fiscal, se buscará una capitalización gradual de su situación financiera.
- Promover la estabilidad externa del colón, por medio de una política cambiaria neutral.
- Se mantendrá el régimen cambiario de flotación administrada, con el propósito de que el tipo de cambio sea flexible y definido según sus tendencias fundamentales, entre ellos, productividad, la oferta y demanda de divisas.
- Transparentarizar la intervención del Banco Central en el mercado cambiario, para mitigar fluctuaciones violentas o especulativas, con reglas de intervención más transparentes y consistentes, con el fin de generar confianza y facilitar el cálculo económico de las familias, empresas y gobierno.
- Recuperar los objetivos secundarios del Banco Central, tema ausente durante esta administración.
- La política monetaria promoverá el ordenado desarrollo de la economía, a fin de fomentar la creación de empleos por parte del sector productivo. Para ello, se utilizarán los instrumentos de tasas de interés, disponibilidad de crédito, fomento de la competencia entre los intermediarios y eficiencia en la operación de los bancos del Estado, para fomentar la reactivación económica.
- Debe buscarse un mejor manejo de las reservas monetarias internacionales, teniendo como meta un rango objetivo de las mismas respecto al producto interno bruto.
-El sistema de pagos debe mejorarse, promoviendo el pago electrónico en transporte público y la reducción del uso del efectivo en la economía, que tiene un costo operativo de cerca de US $ 500 millones, según datos del Banco Central.
Cambios en superintendencias
- Reestructurar el sistema actual de supervisión, que cuenta con cuatro entidades o superintendencias, lo que lo hace poco eficiente y genera costos adicionales que encarecen la intermediación y las pérdidas del Banco Central.
- Se buscará unir las cuatro superintendencias en una sola, con divisiones por tema en materia de intermediación financiera, bursátil, seguros y pensiones, así como compartir los servicios comunes.
- Modificar la Central de información de deudores. Debe incorporarse en la información de los diferentes acreedores del sistema, la consulta de la situación crediticia de los deudores, no solo con el crédito financiero formal, sino incorporando los datos del sector informal y comercial para evitar el sobre endeudamiento de las personas y las empresas y, con ello, contribuir a reducir las tasas de interés de los diferentes productos de crédito.
- Regular la usura en las tasas de interés, vía Reglamento del MEIC, para aclararse este concepto y su nivel, pero no establecer topes a las tasas de interés, por cuanto la experiencia internacional demuestra que los más perjudicados son los deudores de las clases de ingresos más bajas. Esto por cuanto las clases vulnerables terminan siendo excluidos del sistema financiero formal y deben acudir a financiarse en entidades agiotistas.
- Promover una mayor competencia en la intermediación en colones, con un rol más activo de los bancos del Estado, especialmente, en el segmento de las tarjetas de crédito, para bajar las tasas de interés, así como una mayor divulgación de la información a los consumidores, educación financiera, castigos severos a la publicidad engañosa y a la manipulación de los deudores por falta de alfabetización financiera.
- Promover un gobierno corporativo de bancos del Estado. La experiencia bajo esta administración, de la gestión de los bancos públicos, ha sido terrible. Se debe adoptar un perfil de gobernanza, con base en los lineamientos de la OCDE y del Comité de Basilea, tanto para la Administración como para la Junta Directiva de dichas entidades.
Lea el plan de gobierno completo en www.conlasmanoslimpias.com o en el siguiente documento adjunto.