La Asamblea Legislativa retomó la discusión sobre el proyecto de Ley de promoción e implementación de una economía de hidrógeno verde en Costa Rica (22.392). Se trata de un texto que fue aprobado en primer debate desde finales de abril pasado por parte de los diputados del cuatrienio anterior; pero que luego entró en una pausa de tres meses, ante la negativa del nuevo gobierno de ponerlo en agenda parlamentaria durante su primer período de sesiones extraordinarias, entre mayo y julio.
El plan incluso se iba a discutir y votar de manera definitiva este 29 de agosto; sin embargo, diputados oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) y del Partido Liberal Progresista (PLP) enviaron una consulta a la Sala Constitucional sobre el texto de última hora, la cual detuvo el proceso.
El hidrógeno es un combustible que se puede obtener a través de procesos de electrólisis; es decir, la separación de moléculas de agua a través de electricidad. Si este proceso se realiza a través de energía proveniente de fuentes alternativas, entonces el hidrógeno obtenido se conoce como “hidrógeno verde”.
El proyecto de ley impulsado en el Congreso busca establecer reglas claras para la producción de este tipo de hidrógeno en el país. Entre otras cuestiones, brinda beneficios fiscales para las compañías que quieran ser pioneras en el mercado durante los próximos 15 años y faculta a la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep) para que establezca una tarifa diferenciada para el consumo de electricidad de esa industria.
Sin embargo, el texto irá a consulta de la Sala Constitucional y luego regresará a discusión en el Congreso, en donde la oposición ya la tiene avisada por parte de un sector minoritario, pero considerable.
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¿Qué dice el proyecto?
Las indicaciones principales de la iniciativa de ley se relacionan con una serie de incentivos para la producción de hidrógeno verde.
Las personas físicas y jurídicas que inviertan al menos $150.000 en la investigación, la producción, la transformación, el almacenamiento, el transporte y el uso final de ese medio de energía, por ejemplo, quedarían exoneradas del impuesto al valor agregado (IVA), del impuesto selectivo de consumo, del impuesto sobre el valor aduanero a las mercancías importadas y de los derechos arancelarios de importación, entre otros, para la compra local o la importación de la maquinaria que requieran para dichas actividades.
Además, las empresas dedicadas directamente a la producción y transformación del hidrógeno que realicen inversiones de la misma magnitud quedarían exoneradas del impuesto sobre la renta, aunque únicamente por los réditos que se deriven de esa tarea.
La Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep), por otra parte, tendría que establecer tarifas de electricidad para la producción de hidrógeno; mientras que las personas extranjeras que requieran permanecer en Costa Rica para el desarrollo y la ejecución de proyectos relacionados con el hidrógeno verde podrían acceder a visas y permisos migratorios dentro de la subcategoría de “estancia”.
Todos los incentivos tendrían un plazo de 15 años, pero su aplicación será gradual, según las empresas se vayan sumando. Las compañías que inicien sus actividades en Costa Rica durante los primeros cinco años gozarían de los incentivos en su totalidad por el plazo restante; las que inicien a partir del sexto año y hasta el décimo año, tendrían derecho hasta a un 75% de los mismos; y las que lo hagan a partir del décimo primer año solo hasta un 50%.
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El proyecto de ley, además, declara de interés público las actividades públicas y privadas destinadas a la industria del hidrógeno verde; y obliga al Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) a formular y ejecutar una política en la materia.
En materia de permisos de viabilidad ambiental, el texto establece que estos tendrán que darse o rechazarse en un plazo no mayor a 60 días naturales para los proyectos relacionados.
¿Por qué se le oponen algunos diputados?
Diputados de la fracción de gobierno y del PLP manifestaron su oposición al proyecto en el Plenario Legislativo. Además, firmaron y enviaron una consulta de la Sala Constitucional sobre el proyecto de ley.
Entre otras cuestiones, dijeron considerar como una posible inconstitucionalidad establecer que la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) deba priorizar el estudio de proyectos relativos a hidrógeno verde. Asimismo, alegaron que no existe suficiente sustento jurídico sobre la racionalidad técnica del texto de ley.
El PLP también ha manifestado diferencias de fondo con la iniciativa. Entre ellas, que permitiría a instituciones públicas desviar recursos para producir hidrógeno verde, lo cual consideran un riesgo para sus operaciones si no se realizan debidos análisis al respecto.
“Necesitamos un marco legal serio para el hidrógeno verde, uno con oportunidades para todos y la cancha pareja, donde el riesgo lo asuman empresas privadas con fondos privados. El Estado empresario ha demostrado ser un fracaso y este proyecto, hecho a la medida para beneficiar a unos pocos, no va a lograr la transformación energética que el país necesita, pero sí va a poner una pesada carga en los bolsillos de los costarricenses, a quienes nos tocará, financiar un negocio incierto mediante tarifas”, afirmó Eliécer Feinzaig, jefe de la agrupación.
El proyecto de ley autoriza a entidades como el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (Recope), la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), la Junta Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago (Jasec) y las cooperativas de electrificación rural para que “incursionen” en la industria del hidrógeno y sus “derivados”.
Entre la bancada del PLP y la del PPSD apenas suman 16 congresistas: un número minoritario entre los 57 que componen la Asamblea Legislativa, pero que fue suficiente para enviar el texto a consulta constitucional, a pesar del alto avance en la discusión de texto.
Por otra parte, el texto ha recibido el apoyo explícito dentro de las fracciones de Liberación Nacional (PLN) y de la Unidad Social Cristiana (PUSC), las cuales ya venían impulsando el texto desde el período 2018-2022. “Aprobar esta ley es darle la oportunidad de generar nuevas divisas, a partir de la exportación de este nuevo vector energético, considerado además, como clave para la descarbonización de las grandes industrias”, aseguró la diputada Daniela Rojas, jefa de fracción del segundo partido.
Potencial del hidrógeno verde
El hidrógeno verde se visualiza como una fuente de energía alternativa a los combustibles fósiles. De hecho, científicos consideran que podría dar mayor sostenibilidad ambiental a industrias de alto impacto ambiental. como el transporte en masa ferroviario, aéreo o marítimo.
Según afirmó el ingeniero y astronauta Franklin Chang en una entrevista con EF, en junio de 2021, los costos de la tecnología de hidrógeno actualmente son altos porque la escala de su mercado es pequeña, pero eso debería revertirse en los próximos años. Él es partidario de que un país como Costa Rica, con su alta producción de electricidad a partir de fuentes ambientalmente más adecuadas, podría despuntar en la materia si existen condiciones estatales que así lo propicien.
Ad Astra Rocket, su compañía en Liberia, Guanacaste, produce hidrógeno a baja escala desde 2011.
El potencial del hidrógeno, sin embargo, se ve limitado por los altos costos de la energía eléctrica, vital para separar las moléculas de agua y obtener el elemento. Asimismo, se trata de un elemento muy volátil e inflamable, motivo por el cual requiere de controles muy estrictos en su manejo.