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El próximo martes 20 de octubre la Comisión de Gasto y Administración compuesta por nueve diputados definirá si la reforma al empleo público experimentará un cambio sustantivo e histórico: incluir a los actuales funcionarios en la categoría de salario global.
De aplicarse el cambio la iniciativa daría un giro de 180 grados, pues el texto base del Proyecto Ley Marco de Empleo Público (expediente 21.336) impulsado por el Poder Ejecutivo, solo incluía dentro de esa categoría a los nuevos funcionarios.
De momento las apuestas que hacen los diputados están divididas. Por un lado está la moción de texto sustitutivo presentada por el Partido Acción Ciudadana (PAC) que excluye a los funcionarios actuales del salario global o único; esta nueva redacción fue negociada por la fracción rojiamarilla con el Poder Ejecutivo; según informó el diario La Nación el pasado 6 de octubre.
En la otra acera está el texto que presentó el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) que sí los incluye. A esta posición también se suman las enmiendas individuales de la diputada liberacionista Silvia Hernández que, aunque no forma parte de la comisión, también aspira a integrar a todos los funcionarios del sector público en esta nueva categoría salarial
El Poder Ejecutivo teme que si se aplica el salario único a los empleados que actualmente laboran en el sector público, el Estado tenga que pagar indemnizaciones, debido a los derechos adquiridos sobre los pluses.
Sin embargo, tener un estudio técnico que avale esa afirmación es una de las solicitudes que solicita la congresista verdiblanca.
“Sobre las demandas que resulten en indemnizaciones creo que aquí nadie está cerrándose los ojos a discusión más amplia, pero sacar un número de que eso podría representar 3% o 5 % del Producto Interno Bruto (PIB) sin demostrarlo no es de recibo. Si se pone sobre la mesa un estudio técnico, perfecto”, explicó Hernández.
La Comisión de Gasto y Administración votará las mociones de fondo sin discutirlas porque está cerca de vencer el plazo fatal que se estableció en el artículo 80. Con el cambio al reglamento legislativo esta norma establece 120 días para analizar una iniciativa en comisión, ya que de lo contrario se archivaría.
La votación será el 20 de octubre y se espera que el mismo martes se inicie la discusión por el fondo del proyecto y se dictamine, manifestó Víctor Morales, legislador oficialista, ante consulta de este medio.
Cambios a la vista
El texto sustitutivo que la fracción rojiamarilla negoció junto al Poder Ejecutivo para no incluir a los actuales funcionarios en la categoría de salario global tuvo el apoyo de los liberacionistas Luis Fernando Chacón y Jorge Fonseca.
Además se unió la independiente Zoila Volio quien semanas atrás valoraba la posibilidad de integrar a todos los funcionarios (actuales y nuevos) en la categoría de salario único; según informaciones dadas a conocer por La Nación.
“Los funcionarios actuales están incluidos dentro de la reforma. El debate gira en torno a la aplicación o no del salario global. El texto sustitutivo presentado los excluye, es decir, se les aplicaría sólo a los funcionarios de nuevo ingreso”, comentó Víctor Morales, diputado oficialista y presidente de la Comisión de Gasto y Administración.
Sin embargo, el legislador deja la puerta abierta para hacer un traslado voluntario de los actuales funcionarios hacia el esquema de salario global.
“Se tiene el debate sobre la viabilidad o no de incluir a los servidores actuales dentro del salario global, en esa línea se han presentado dos mociones muy similares una del PUSC y otra mía, ambas contemplan a los funcionarios actuales. La mía va en la línea de hacer los traslados voluntarios y gradualmente. Pero ese es un debate abierto aún”, indicó.
No obstante, el texto sustitutivo que planteó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca, junto a los independientes Dragos Donalescu y Jonathan Prendas sí pretende un traslado voluntario pero la reforma de salario global aplicaría para todos los funcionarios, nuevos y actuales.
El transitorio XI indica que los servidores públicos que al momento de entrada en vigencia de la ley devenguen un salario menor al que les correspondería como global, pueden trasladarse de manera voluntaria; en caso de no hacer el traslado voluntario continuarán en el régimen salarial actual hasta alcanzar el salario global.
A partir de ese momento migrarían automáticamente y solo recibirían aumentos salariales por el incremento en el costo de vida. El traslado voluntario podrá hacerse en los primeros 6 meses una vez implementado el esquema global, según consta en la iniciativa.
“En buena lid el trabajador puede pasarse o cuando se vence el contrato, a partir de ese momento entra en la categoría que le toca, si gana más que la categoría (establecida de salario global) se le congela salario. (...) Solo recibe aumentos no porcentuales, simplemente se congela el aumento y solo se dan incrementos anuales por costo de vida”, explicó el socialcristiano Pablo Heriberto Abarca.
En el caso de los servidores que posean incentivos, pluses o remuneraciones adicionales y que hayan sido negociados en una convención colectiva o en contratos particulares se respetarán hasta que finalicen los plazos de dichos instrumentos.
Plan B para incluir a trabajadores actuales en salario global
Por su parte la diputada liberacionista Silvia Hernández, presentó dos juegos de mociones independientes, aunque no forma parte de la Comisión de Gasto y Administración.
Estas enmiendas se adaptarían a cualquiera de los textos sustitutivos que prosperen y le permitirían a la legisladora pronunciarse sobre el fondo del proyecto cuando se analice en el Plenario y se puedan reiterar enmiendas vía artículo 137.
Este es un formato escudo que no invalidaría ninguno de los dos textos sustitutivos que podrían aprobarse (ya sea el del PAC o el del PUSC), comentó la legisladora.
El espíritu de las mociones se asemeja a las que promueve el PUSC y es que se incluya a los funcionarios actuales y a los nuevos en la categoría de salario global. También le permitiría a los funcionarios que tengan (con el régimen actual) un salario menor al global, continuar ganando pluses para que este crezca y así alcancen la categoría de salario global.
Otro de los cambios que promueve Hernández es que los funcionarios públicos que ostenten un salario superior al global (cuando entre en vigencia la ley) se les congelen sus ingresos hasta que el salario global de su categoría alcance el nivel de remuneraciones actual.
“Si entrara a regir el salario global a ningún funcionario actual se le disminuyen los ingresos, los que ganan menos sumarán pluses hasta alcanzar el salario global. Los que ganan más tendrán salarios inalterados hasta que los alcance la generalidad del salario global. Hay varias mociones como las de Víctor Morales donde tiene opción de que esto sea voluntario, esto nadie lo va a acoger si se queda de forma voluntaria”, dijo la legisladora Hernández.
La legisladora analizó las mociones con el abogado constitucionalista Rubén Hernández, quien días atrás afirmó en un artículo publicado en La Nación que de no incluirse a los actuales funcionarios en la categoría de salario único los ahorros podrían verse hasta en el largo plazo.
“De mantenerse esta situación, el ahorro para el fisco será mínimo, pues los efectos de la ley no empezarán a sentirse hasta dentro de 10 o 15 años”.
